VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ultima los preparativos para la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre, que afectó a tres pedanías de la capital -La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral-, donde fallecieron 17 personas. Este martes era el último día para que los partidos presentaran sus propuestas para el plan de trabajo, donde, además de buscar soluciones para evitar futuras desgracias, la oposición -Compromís y PSPV- busca esclarecer la actuación del ejecutivo local mientras que el principal partido del gobierno, el Partido Popular, pedirá llamar a técnicos para analizar lo sucedido.
Uno de los documentos a tener en cuenta será el Plan de Inundaciones de la ciudad, aprobado en 2018 durante el mandato anterior, y que los socialistas pusieron sobre la mesa este martes para señalar la posible responsabilidad de la alcaldesa, María José Catalá, en el retraso de los avisos. El ejecutivo local insiste en que los datos de lluvias ofrecidos por Aemet aquel día no hacían prever grandes problemas, tal como se comunicó en las dos reuniones de emergencias (Cecopal) de aquella mañana en las que participaron también los portavoces de la oposición.
El Plan de Inundaciones adjudica a la figura del alcalde la dirección del mismo, con la responsabilidad de convocar el centro municipal de emergencias (Cecopal), declarar las situaciones de emergencia y decidir "las actuaciones más convenientes" en cada momento para la "protección de la población", como por ejemplo "dar la orden de evacuación" o proponerla en función de la información disponible. También la de "determinar y coordinar la información de la población durante la emergencia".
Así pues, el documento establece un nivel de pre emergencia, que debe activar el alcalde o alcaldesa, en este caso Catalá, después de que la Generalitat le notifique los avisos de la Aemet sobre "la posibilidad de que se produzcan lluvias intensas". A partir de ahí es cuando se activa el plan y la alcaldesa debe informar "a la población potencialmente afectada por el riesgo" a partir de los datos de los que se disponga, y ordenar diversas medidas a Bomberos y Policía.
Por una parte, es tarea de los Bomberos el seguimiento meteorológico "recabando datos recogidos en el propio municipio y de ayuntamientos aguas arriba y aguas abajo" así como ofrecer datos de "precipitaciones intensas", "incidentes" consecuencia de ellas e "incrementos en los caudales en los ríos y barrancos que impliquen una posible situación de riesgo". Por otro lado, la Policía tiene adjudicada la función de hacer un seguimiento del nivel de los cauces cuando se superen ciertos umbrales de lluvias (40 litros/m2 en una hora o 100 litros/m2 en doce horas).
El quid de la cuestión son precisamente los datos de los que disponía el Ayuntamiento. En ese sentido, el gobierno local ha insistido en que las previsiones de lluvia no eran preocupantes en el término municipal de València y que aquel día "no llovío". "El pluviómetro de la ciudad de València, que indicaba el posible riesgo de inundación, marcaba lo que marcaba, es que no llovió", señaló la alcaldesa este martes, y recordó que la ciudad no es "municipio ribereño del barranco del Poyo", todo ello ante las acusaciones del portavoz socialista, Borja Sanjuán, de incumplir el Plan de Inundaciones.
El socialista destacó la "responsabilidad directa" que otorga este documento en el seguimiento de caudales y la recogida de datos propios para "avisar y alejar a la población", por lo que anunció que su grupo citará a la alcaldesa a declarar en la comisión de investigación para dar explicaciones sobre "qué se activó y qué no se activó" y para detallar "minuto a minuto por qué ni se alejó a la población ni se avisó del riesgo aunque tenía la obligación de hacerlo".
Cabe recordar que la alcaldesa ya señaló a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la falta de información la noche de la dana sobre el desbordamiento del Barranco del Poyo, que más tarde derivó en la catástrofe. Según dijo la primera edil hace semanas, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica no le avisó "en ningún momento de nada" sobre el desbordamiento de los barrancos. El Plan municipal establece para el Ayuntamiento también, en situación de preemergencia, la tarea de "vigilancia en cauces" e "intercambios de datos con ayuntamientos aguas arriba y aguas abajo".
Por otra parte, Catalá recordó este martes que el propio Sanjuán -como la portavoz de Compromís, Papi Robles- "asistió en persona a los dos Cecopal de ese día de la 13h y las 15h" y que "sabe perfectamente lo que activamos, lo que nos dijeron los técnicos y que todos los protocolos del Ayuntamiento estaban activados". "No cuela ese intento de enmarañar, generar cortinas de humo y acusar falsamente, cuando además ha tenido la oportunidad de participar en los Cecopal más importantes", aseguró la primera edil, quien consideró que "además es que no toca" sino que toca "ir todos a una y en la misma dirección para dar soluciones a las personas".
El ejecutivo local respondió este martes a las críticas del PSPV señalando que el Plan de Inundaciones, impulsado por el gobierno local de Compromís y PSPV y aprobado por unanimidad en el pleno municipal, excluía a las pedanías afectadas -La Torre, Castellar-l’Oliveral y Forn d’Alcedo- de la cuenca de afectación del barranco del Poyo.
Sin embargo, lo cierto es que los planos que recoge el Plan sí incluyen al menos parte de las tres pedanías en la zona con riesgo alto (color azul marino en la imagen inferior). Según ellos, el riesgo afectaría a la mitad sur de los pueblos, que lindan con el término municipal de Sedaví, mientras que la mitad norte de los mismos estaría afectada por el riesgo alto de inundación de la cuenca del Túria.
Por otro lado, el gobierno municipal afeó que el Plan adjudicara un riesgo bajo a municipios como Paiporta, Sedaví o Picanya "que fueron de los mas afectados por la riada", e incluso Alfafar estaba calificado como "sin riesgo". Catalá aseguró a Sanjuán que "no hay nadie que conozca mejor el plan de inundaciones que un miembro del gobierno que lo redactó": "Sabe las debilidades de ese plan", espetó.
En relación con la comisión, el PP informó de que su plan de trabajo "apuesta por técnicos y expertos para sacar conclusiones que sirvan para mejorar en situaciones similares, pero fundamentalmente para seguir los trabajos de reconstrucción sin dejar a nadie atrás". Así pues, el plan no incluye ni el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ni ningún miembro del Ejecutivo central.
Para la concejal de Recursos Humanos y Técnicos, Julia Climent, la comisión "debe servir para analizar la actuación del Ayuntamiento de Valencia durante la DANA y para mejorar en la prevención de situaciones similares pero sobre todo centrado en avanzar en la reconstrucción y en la vuelta a la normalidad en las pedanías afectadas. Es lo que están reclamando los vecinos afectados"
Por su parte, el socialista Sanjuan anunció que los socialistas convocarán a más de 60 responsables del Ayuntamiento, de la Generalitat y de la Diputación así como que se han reclamado más de 100 informes y documentos. Y denunció que los populares están "tratando de convertir en un paripé la comisión de investigación al intentar limitar las preguntas a los comparecientes".
La portavoz de Compromís, Papi Robles, también acusó al PP de estar "rehuyendo" de la comisión y exigió que esta sea "muy exhaustiva", por lo que propondrán "tantos ponentes como pensamos que son necesarios". En total, una treintena de personas: "Queremos esclarecer todas las circunstancias y poner unos cimientos sólidos para la reconstrucción porque pensamos que es una situación lo suficientemente importante como para que tengamos una comisión de investigación que dé respuestas".
Entre otros, el listado de Compromís comprende a la propia alcaldesa y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Queremos saber las comunicaciones que se produjeron entre la Generalitat y el Ayuntamiento, por qué no se activaron todos los recursos y avisos, por qué no se movilizaron todos los efectivos de bomberos y policías disponibles para ayudar a las pedanías y pueblos afectados, por qué no se han realizado contratos de emergencia y que se asuman responsabilidades", insistió Robles.