VALÈNCIA. (EP) El PP en el Ayuntamiento de València ha lamentado este jueves que el ejecutivo local, el conocido como Govern del Rialto conformado por Compromís y PSPV, gaste más dinero del remanente municipal de 2021 para comprar un palacio --el de Montortal para ampliar el archivo de Cervelló-- e inmuebles que para impulsar el empleo y la economía en la ciudad.
Los 'populares' se han pronunciado de este modo después de que el alcalde, Joan Ribó (Compromís), y el edil de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV), dieran a conocer el destino de 82 millones de euros del remanente --58,9 a ayudas e inversiones pendientes y otros 23,7 a amortizar deuda--.
"Han anunciado que de los 80 millones de euros de superávit de 2021 se van a destinar 5 millones de euros para compra de patrimonio y de ellos 2,4 millones de euros para adquirir el Palacio de Montortal", mientras "destinarán apenas 1,5 millones para el impulso del empleo y la economía en la ciudad de València", han censurado desde el grupo municipal del PP.
Su portavoz, María José Catalá, ha lamentado que el ejecutivo local sigue "sin ser consciente de las necesidades de la ciudad" y ha indicado que "en lugar de bajar impuestos y tasas municipales a las familias, opta por comprar un palacio y otros inmuebles" y no por "ayudar al sector productivo para generar empleo". "Van a destinar casi cinco veces más de dinero de los remanentes a comprar edificios que ha medidas para impulsar el empleo y la economía", ha insistido.
Catalá ha confiado en que la moción que su partido presentará en el pleno el próximo jueves sea respaldada por el gobierno, dado que recogerá "un paquete de medidas de rebajas de impuestos y tasas municipales ante la crisis de subida de precios como el gas, la gasolina y la electricidad".
"El Gobierno de España debe poner en marcha ya una urgente bajada de impuestos y desde el Ayuntamiento, el gobierno de Ribó y PSOE debe hacer lo mismo. La situación que se vive ya está afectando a las familias y no puede ir el dinero a los bancos como está haciendo Ribó", ha agregado la responsable 'popular'.
María José Catalá ha considerado que "es necesaria una rebaja de la alta presión fiscal" que el PP pide "desde 2019" y ha censurado que este grupo únicamente encuentre "el rechazo del gobierno de Ribó y PSOE una y otra vez". "Deben bajarse lo impuestos a las familias, autónomos, empresas, comercios, hosteleros y sector del ocio. El dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos y no en los bancos como lo tiene Ribó", ha subrayado.
El PP ha recordado que a finales de 2021 presentó una moción para insistir en la bajada de impuestos en València para ayudar a los vecinos, favorecer la reactivación económica y estimular la creación de puestos de trabajo.
Esta formación reclamaba "una rebaja del 20% del IBI a las familias y un 30% a la actividad comercial, bonificar al máximo la plusvalía en caso de herencias y la supresión de la tasa de terrazas" y cifraba en 44 millones de euros el ahorro para los valencianos.
Los 'populares' piden al ejecutivo municipal que el remanente de más de 80 millones de 2021 se utilice para reducir la alta presión fiscal de la ciudad. "El Ayuntamiento tiene suficiente capacidad para poder rebajar impuestos y tasas municipales, pero no existe voluntad de hacerlo", ha apuntado Catalá.
Por su parte, el portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, ha censurado este jueves que en 2021 Compromís y PSOE tramitaron 474 expedientes por un importe de 65.242.955,28 euros y "con omisión de fiscalización previa".
"Es lamentable que el equipo de gobierno no cese en este modo de actuar. En 2020 la cifra ascendió a algo más de 38 millones y ahora hemos conocido que en 2021 se superaron los 65 millones de euros gastados sin fiscalización previa", ha planteado Giner tras conocer el informe anual del Interventor General Municipal correspondiente al ejercicio 2021.
El responsable de Cs ha anunciado que su grupo pedirá explicaciones en la próxima Comisión de Hacienda para conocer "qué actuaciones piensa adoptar el equipo de gobierno" con el fin de "corregir las deficiencias detectadas". Ha afirmado que "buena parte de las irregularidades traen, causa de la imprevisión, demora y falta de rigor a la hora de licitar a tiempo la prestación de los servicios que demanda la ciudadanía".
Fernando Giner ha detallado que el informe de la Intervención General también ha detectado "un total de 15 anomalías en materia de ingresos durante el ejercicio 2021, cuyo importe asciende a 1.501.113,66 euros, por omisión del trámite de fiscalización previa".
