El PP revisa su estrategia de acoso judicial a Joan Ribó

VALÈNCIA. Desde que María José Català fuese anunciada como alcaldable del PP al Ayuntamiento de València, se fijó un propósito claro: recuperar el partido en la ciudad y renovar un grupo municipal que durante los últimos cuatro años en la oposición, acuciado por el caso Taula, había mantenido un perfil bajo en lo político.

No así en lo judicial, dado que uno de sus asesores, Luis Salom, ha llevado numerosas decisiones del gobierno de izquierdas liderado por Joan Ribó a la Agencia Valenciana Antifraude y también a los tribunales, hasta el punto de que ediles como Gloria Tello, Pere Fuset, Carlos Galiana o el alcalde han pasado a declarar como imputados, igual que la exregidora socialista Maite Girau o la exconcejala de València en Comú María Oliver.

Ahora, el nuevo grupo municipal dirigido por Català emprende un proyecto que se pretende renovador para desgajarse de los últimos tiempos populares en la ciudad. Y uno de los campos donde se quiere modificar las dinámicas asentadas es el de la fiscalización y el control de la información. Tanto es así que este miércoles, preguntada al respecto, Català reivindicó que el nuevo grupo municipal pueda tener "todo el derecho" a ostentar sus "propios criterios", aunque manifestó también su respeto por las formas de hacer del anterior grupo, que, "en un contexto muy adverso, hizo todo lo que pudo".

Eso sí, aseguró que el fraccionamiento de contratos y el uso excesivo de los contratos menores en delegaciones como la de Cultura Festiva "son una dinámica habitual" que continuarán persiguiendo. Pero, a diferenia del pasado mandato, a partir de ahora las acciones judiciales estarán más centralizadas y controladas por uno de los pesos pesados del renovado grupo.

Se trata de María José Ferrer San Segundo, la número dos del grupo y edil con un perfil jurídico y administrativo que se dedicará a estudiar todos los casos para analizar su posible recorrido en los tribunales. Pero no sólo por vía judicial, sino también por la vía contencioso-administrativa. Será la encargada de "discriminar con absoluta determinación", en palabras de Català, el procedimiento a seguir por los populares en esta materia. San Segundo fue antes de elecciones la portavoz de la campaña de Català.

"Vamos a ir caso por caso para valorar la entidad jurídica de lo que pensamos que supone una irregularidad", explicó Català este martes. Eso sí, nada se hará sin conocimiento del grupo municipal: "En nuestra nueva organización, todos los asesores trabajan de forma coordinada con los concejales". Una práctica que en el grupo consideran lógica pero que, al parecer, no siempre se había estado aplicando hasta el momento.

La estrategia judicial del pasado mandato

El pasado mandato, Salom, presentó tanto en Antifraude como en los juzgado decenas de denuncias contra concejales del Govern de la Nau por presuntas irregularidades de todo tipo. No todas han superado la tramitación judicial y han sido archivadas, pero algunas han derivado en imputaciones que se mantienen a día de hoy.

Es el caso del concejal de Compromís Pere Fuset, que continúa investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 por posible fraccionamiento de contratos. En la misma situación se encuentra la que fuera portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de València, María Oliver, recién nombrada asesora en Vivienda del vicepresidente segundo del Consell Rubén Martínez Dalmau. Oliver está investigada por la adjudicación del convenio de Educación a un compañero de partido, que dedicó parte de los fondos a la compra de artículos tecnológicos y a dietas de un viaje a París. Es por ello que la Fiscalía ha pedido procesar a Oliver.

Otras investigaciones también siguen su curso, como la iniciada a raíz de una denuncia del grupo del PP por las obras de las dos macroparadas próximas al Palacio de la Justicia. Esta afectaría al edil de Movilidad Giuseppe Grezzi. También continúan su marcha otras relacionadas con los ediles Carlos Galiana, o los socialistas Sandra Gómez o Ramón Vilar.

En cuanto a las denuncias en Antifraude, por su parte, algunas se han traducido en reprimendas y petición de explicaciones al Consistorio por parte del organismo que dirige Joan Llinares. En los próximos cuatro años, este tipo de actuaciones pasarán antes por las manos de Català y San Segundo, y el grupo de forma coordinada tomará una decisión sobre cómo proceder al respecto.

Recuperación de antiguos miembros

Al mismo tiempo que se intentan cambiar algunas maneras de hacer, los populares también soportan la losa del pasado de la que deshacerese parece tan complicado. El PP en la ciudad, al menos, no lo ha conseguido del todo. De hecho, cinco miembros de los 23 que conformaban el grupo municipal del pasado mandato repetirán en algún puesto. El exasesor Carlos Mundina es nuevo concejal; mientras que en el grupo de asesores se mantienen el propio Salom y el periodista Julio Valero y se incluyen los exconcejales Cristóbal Grau y Eusebio Monzó.

Sin embargo, Català defiende haber repescado una parte mínima de las anteriores filas. Monzó fue el portavoz del anterior grupo y controla al dedillo las finanzas del Ayuntamiento, y Grau, por su parte, guarda un conocimiento excelso del funcionamiento consistorial, así como Mundina o Salom. "No me parece que hayamos fallado en nuestra obligación de incorporar a gente renovada", explicó la portavoz y líder de la oposición, que aludió a la cifra de 5 personas frente al total de 18 que forman parte del nuevo grupo.

"Creer que cuando llegas a un sitio, lo sabes todo, es desaconsejable", aseveró Català, que calificó de "recomendable" y "acertado" contar con el "bagaje y el conocimiento de la casa" de estos cinco miembros. Es por ello que se ha intentado hacer una mezcolanza entre aquellos que habían trabajado en el consistorio y aquellos que se incorporan.

Para la popular, "romper con la anterior etapa era absolutamente innecesario" dado que, a su juicio, "al Partido Popular se le aplica un rasero diferenciado". Así, subrayó que otras formaciones como Compromís llevaban imputados en sus listas, y algunos de los actuales concejales de gobierno siguen estándolo.