La vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha denunciado, a través de su portavoz adjunta en Les Corts y secretaria general, Eva Ortiz, a la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, así como al resto de miembros del Gobierno valenciano por un presunto delito de prevaricación en relación a dos cuestiones: un posible "fraccionamiento ilegal" de contratos menores y el "recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto".
A raíz de esta denuncia, que lleva fecha de enero, la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal esta semana, aunque todavía no ha designado al fiscal que se encargará de ver si tiene consistencia para pedir al juez -en este caso sería al Tribunal Superior de Justicia al estar aforados los denunciados- la apertura de una instrucción. La apertura de diligencias es el trámite habitual previsto por la ley cuando se presenta cualquier denuncia que describa hechos delictivos.
En cuanto a la primera cuestión, la denuncia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, señala que el "fraccionamiento del objeto de los contratos administrativos a efectos de su adjudicación directa sin procedimiento abierto a la concurrencia es práctica constante" de la conselleria que dirige Oltra. Una circunstancia que, así se puntualiza en el texto, ha sido "sistemáticamente puesta de manifiesto por la Intervención de la Generalitat" en los expedientes de los que la denunciante ha tenido conocimiento.
Así, se destaca en la denuncia la contratación "reiterada" por "pequeños periodos" y "con las mismas empresas de servicios tales como el de limpieza de distintos centros sociales de las mencionada conselleria", siempre por "importantes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en contratos de servicios), pero fraccionados en claro fraude de ley". De esta manera, en la denuncia se adjuntan resoluciones de la Intervención respecto a expedientes de contratación de Centros de Atención a Mayores de Sagunto, Ontinyent, Alzira y Catarroja; así como del Centro Social La Coma, el CEAM de Torrent, las RPMD de Aldaia y Silla, el CEAM de Gandía, entre otros. En la denuncia interpuesta por la diputada popular se puntualiza que la sociedad mercantil Servicios Integrales de Limpieza Net, SLU "resulta reiteradamente adjudicataria".
En cuanto a la segunda parte de la denuncia, Eva Ortiz hace hincapié en la vía del pago por enriquecimiento injusto "para evitar la contratación mediante el procedimiento legal". Una práctica "sistemática" para la denunciante cuando "o bien no se ha iniciado procedimiento alguno para contratar conforme a lo legalmente dispuesto, o bien la Intervención informa desfavorablemente sobre la relación contractual".
Ortiz considera que en los expedientes conocidos se pone de manifiesto que se recurre a este mecanismo "con la clara intención de eludir la concurrencia competitiva en los contratos públicos, resultando reiteradamente adjudicatarios los mismos empresarios". Una práctica, a su juicio, "no puntual" sino "reiterada" con la que la conselleria "puede evitar la licitación del correspondiente contrato por el procedimiento abierto, sirviéndose así de decidir de modo directo y plenamente arbitrario a la empresa que haya de prestar el servicio, atendiendo a criterios que se desconocen".
En la denuncia se destaca el expediente relativo al pago por enriquecimiento injusto de un importe de 2,1 millones de euros a la mercantil Comsa en referencia a unos servicios como "las gestiones integrales, las gestiones de servicio público, mediante concierto, y los contratos de servicios de los centros indicados". Unos servicios que, para la denunciante, "corresponden a los que habitualmente se prestan con contrato y, en este caso, como en los demás, no existe contrato alguno".
En esta línea, se señalan casi una veintena de expedientes que la denunciante califica de "muestra representativa" cuyo importe acumulado de los pagos "eludiendo todo procedimiento de contratación así como la fiscalización" alcanza la cifra de 43,7 millones de euros. Sobre esto, la denunciante recalca que este tipo de actuación supone una "quiebra del procedimiento legalmente establecido habiendo privado a otros competidores" y, además, priva "a la Intervención de la Generalitat de la fiscalización de dichos contratos, al no haber existido".
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas emitió un breve comunicado a última hora de este viernes en relación a la denuncia, para asegurar que ninguno de los expedientes a los que pueda referirse en el caso del pago por expediente de enriquecimiento injusto podría "ser aprobado con informe negativo por la Intervención de la Generalitat", dado que "sin el informe favorable del órgano fiscalizador ni se contabiliza, ni se paga".
En esta línea, fuentes oficiales de este departamento consideraron "falso" que la vía del enriquecimiento injusto "eluda la fiscalización porque esos gastos pasan por la Intervención General".
Los resarcimientos que se han tramitado lo son por servicios respecto de los cuales se ha finalizado el contrato sin que haya dado tiempo a tramitar uno nuevo, por lo que las empresas que resultaron adjudicatarias en concurso público y en concurrencia continúan prestando los mismos. Los servicios esenciales necesitan seguir siendo prestados porque se trata de atención a personas", explica la Conselleria.
El comunicado solo hace referencia a la parte relativa al enriquecimiento injusto y no al presunto fraccionamiento de contratos, ya que, según fuentes de la Conselleria, al no conocer la denuncia no podían saber a qué contratos se refiere.
