El PP denuncia falta de justificación de la ayuda al valenciano al grupo del hermano de Ximo Puig

VALÈNCIA. La portavoz adjunta delPP en Les Corts, Eva Ortiz, ha pedido esta mañana aclaraciones sobre subvenciones del Consell a dos empresas de familiares del president de la Generalitat, Ximo Puig. Como publicó Valencia Plaza las empresas Mas Mut Porduccions y Comunicacions dels Ports a las que pertenece Francisco Javier Puig, hermano del president recibió en la convocatoria de 2017 un total de 98.118 euros. Es un 31,75% más que el año pasado. La denuncia se refiere a las ayudas de 2015 y 2016. 

Ortiz ha anunciado esta mañana en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics la presentación ante la Dirección General de Política Lingüística de un escrito al tener constancia de que hay dos empresas de familiares del jefe del Consell beneficiarias de las subvenciones para el fomento del valenciano en medios de comunicación "que podrían haber hecho un uso indebido de los fondos públicos".
 
"Solicitamos que se comprueben de oficio estos hechos, que se controle dónde ha ido esa subvención, qué uso se ha hecho de los fondos públicos, cómo se ha justificado y mediante qué facturas, si son reales y constatables. La administración tiene obligación de comprobar esas subvenciones con facturas justificadas. No estamos pidiendo nada extraño", ha añadido.

La también secretaria general del PPCV ha explicado que la obligación de los populares, como principal grupo de la oposición, "es fiscalizar el uso público del dinero de todos los valencianos". Al respecto, ha señalado que no será "la primera ni la última petición de información". "En la documentación que tenemos vemos cosas que no están claras y pedimos ahora copia de esas facturas para saber si se cumple la ley. Vamos a dar un plazo de tres meses a partir de cuál, si no hay información, emprenderemos las acciones legales pertinentes. Ya anuncié en el pleno de la Ley de Acompañamiento que estábamos revisando la subvenciones que concede el Gobierno valenciano y así vamos a actuar".
 
La portavoz popular ha indicado que la documentación que tienen "no está clara y hay posibles evidencias de irregularidades, por eso queremos que nos certifiquen la documentación que tengan y queremos que nos muestren las facturas". "No decimos que sea ilegal, solo que nos llama mucho la atención, y damos tres meses para que el interventor general lo revise, tengamos acceso a esa información y  partir de ahí si está bien fenomenal y si no emprenderemos las acciones que nos indiquen nuestros abogados", ha zanjado.