El PP denuncia un posible delito de alzamiento de bienes del gobierno de Gandia

VALÈNCIA. El exalcalde de Gandia, Arturo Torró, ha regresado a la escena pública tras comparecer en los juzgados por las transferencias de dinero que realizó a la empresa pública de la ciudad, Iniciatives Públiques de Gandia, durante su mandato (2011-2015). Lo ha hecho, además, para denunciar públicamente un supuesto delito de alzamiento de bienes y de insolvencia punible por la compraventa del solar que hoy ocupa Decathlon. 

Documentación en mano, ha señalado que el actual gobierno formado por PSOE y Més Gandia ha realizado transferencias a IPG con conceptos como la Bici, la grúa o la ORA, cuyas cantidades van desde los 5.000 a los 12.000 euros. Unas operaciones por las cuales, ha explicado, se nutre a la empresa de fondos públicos para poder sufragar los servicios municipales que presta y “la ciudad no se pare’’. “¿Cómo pueden denunciarme por pagar desde el Ayuntamiento de Gandia a IPG las encomiendas de gestión por los servicios municipales y ellos hacer lo mismo?”, se ha preguntado incidiendo en la legalidad de las transferencias debido al principio de “caja común”. 

Según Arturo Torró, no entraría en el terreno de la legalidad las transferencias realizadas por el actual ejecutivo entre el 9 de junio y el 19 de octubre de 2016 en concepto del pago del solar de Decathlon y que ascienden a 1,1 millón de euros. Esta operación, de haberse realizado tal y como denuncia el exalcalde, se podría considerar como un “delito de insolvencia punible y alzamiento de bienes por parte de la empresa pública” al tratarse de un inmueble propiedad de una empresa en liquidación sobre la que pesa un embargo. 

Se trata del terreno en el que actualmente se ubica Decathlon y que, según ha explicado, se vendió cuando José Manuel Orengo era el alcalde a la empresa pública por cinco millones de euros. Según la documentación que tiene en su haber, el gobierno ha ido transfiriendo pequeñas cantidades de dinero a IPG a través de un banco que no está en la plataforma de embargos del Banco de España, para que el solar retorne a su dueño inicial —el ayuntamiento— y así poder venderlo a Decathlon.

La operación, ha remarcado, se realizó con pequeñas transferencias a dicho banco en un momento en el que la empresa pública estaba en proceso de liquidación, tenía sus cuentas embargadas así como deudas pendientes. 

Ante las criticas vertidas por Arturo Torró sobre la compraventa del solar, el portavoz del Gobierno, José Manuel Prieto, defendió que “la venta de la parcela sirve para seguir generando oportunidades a pesar de la herencia que nos dejó el Partido Popular” y remarcó que la venta se realizó de una manera “absolutamente escrupulosa y fiscalizada por la intervención municipal”. Por su parte, Salvador Gregori ha explicado que el Partido Popular “conoce perfectamente que la cuenta corriente fue creada en verano de 2015 y no se realizó ningún pago hasta 2016” y achacó esa denuncia a un intento de “generar dudas sobre la gestión del actual gobierno”.

Orengo inyectó 42 millones de euros a IPG

Arturo Torró compareció junto al concejal popular, Guillermo Barber, quien reveló que seis meses antes de las elecciones de 2011, el Gobierno de Orengo —el PSOE gobernaba en coalición con el BLOC— se aprobó un traspaso de 42 millones de euros a IPG que no se materializaron en inversiones, sino que se fueron a gasto corriente y “no se sabe dónde ha ido”.

Además, Guillermo Barber apuntó que la situación de IPG no viene de la legislatura pasada, sino de la anterior (2007-2011), cuando se procedió a la compra de diversos solares e inmuebles.  “No se acuerda del enchufismo, de la compra de parcelas a los amiguetes por cifras millonarias, de los 12 millones de euros en los terrenos del Sanxo Llop, de los 3,5 millones de euros en la Quadra de Beniopa…Y para que olvidarnos de la compra de viviendas a precio de oro, a los amiguetes de turno. El resultado fue que IPG la quebraron los socialistas”, enumeró.