Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El PP ha presentado un escrito ante el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, para personarse como acción popular contra todas las personas investigadas actualmente y contra aquellas que podrían estar en esta situación en un futuro.
A diferencia de en otras causas en las que la personación está firmada por particulares que suelen ser diputados –por ejemplo, en la de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, donde figura la parlamentaria Eva Ortiz–, en esta lo hace el PP como partido.
En el escrito se especifica que el interés legítimo en la personación radica "en la defensa de los intereses generales que se ven afectados por la evidente trascendencia social de los hechos investigados y a su vez conocidos hasta ahora": "No en vano, la investigación por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación y fraude en la contratación cometidos en el seno de diferentes partidos políticos en los períodos comprendidos entre 2004 y 2012 suponen, más allá de las consecuencias políticas que puede acarrear, un grave perjuicio para el erario público derivado de las actuaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo que merecen ser perseguidas". Con lo que, añaden, "se garantizan los principios fundamentales de un Estado social y democrático de Derecho".
La personación del PP resulta llamativa debido a que son varios los cargos de este partido, o vinculados a él, que se encuentran investigados en Azud. Entre ellos, el exvicealcalde de València Alfonso Grau o el abogado José María Corbín, cuñado de la que fuera alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá.
Ambos figuran en la pieza principal de la causa y son dos de los grandes nombres de la supuesta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). La principal es, de hecho, el Ayuntamiento de València, donde los populares gobernaron durante 20 años. Pero éstos también se encontraban al frente de varios consistorios más cuyas operativas se investigan, como Xixona.
El caso Azud se divide en un total de 7 piezas separadas. El contenido de esta última es el que se ha conocido recientemente y afecta al PSPV. Los investigadores apuntan a que el partido pudo financiar en B gastos de las tres campañas electorales de 2007 y 2008 a través de diversas vías –desde comisiones a empresas interpuestas–. Como principales protagonistas aparecen el exjefe financiero del PSPV Pepe Cataluña y el exjefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera (quien permaneció en este puesto hasta el año pasado blindado por los socialistas).
La personación del PP tiene claramente una lectura política. Los populares creen desde hace tiempo que la corrupción está amortizada electoralmente para ellos, a diferencia de los socialistas. Motivo por el que llevan una estrategia dirigida a hacer ver que el caso Azud es un caso exclusivamente del PSPV aunque no sea cierto. Una manera de que toda la presión se dirija hacia Ximo Puig por sus vínculos a cargos imputados –o que aparecen en el sumario– en los meses previos a los comicios autonómicos y municipales.
Ser parte en una investigación, además, permite el acceso directo –como el resto– a toda la documentación obrante y a toda la que se incorpore a partir de ahora de las piezas que no están en secreto (informes, resoluciones, declaraciones...). Además de poder tener el contenido de los sumarios en cuanto se den traslado. Lo cual facilita un mayor control de la información y de la manera de comunicarla.
Sin embargo, la personación del PP supone el interrogante de qué haría cuando haya que acusar a excargos de su partido o apoyar diligencias que perjudiquen al propio partido. Ahora, la Fiscalía y la jueza habrán de pronunciarse sobre la petición.
Junto al PP, han solicitado ejercer la acusación popular Vox –que ha ofrecido fianza– y Aguaiuris, la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua. Estos últimos han justificado la personación por el interés general de la causa y el de la entidad y sus afiliados.
