VALÈNCIA. El pasado mes de junio, el senador del PP Pedro Agramunt abandonó su puesto en el Consejo de Europa tras ser inhabilitado por un periodo de diez años a participar en misiones electorales de observación de la Asamblea del citado órgano y a presidir comisiones en el seno de observación de la Asamblea de Estrasburgo. Una decisión que llegó tras las sospechas de corrupción arrojadas por una investigación interna del Consejo, cuyo Comité de Reglas concluyó que el parlamentario infringió "seriamente" el Código de Conducta.
Pero su marcha no fue suficiente para PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís. No en vano, todos pidieron al PP que lo apartara de la Cámara Alta, y los valencianistas este martes volvieron a hacerlo. Los senadores Carles Mulet y Jordi Navarrete pidieron a la Mesa del Senado que adoptara "medidas ejemplarizantes" sobre Agramunt e investigara las actividades presuntamente corruptas de este parlamentario.
No obstante, y aunque la Presidencia del PP ahora la ocupe Pablo Casado, no se producirá ningún cambio respecto a la situación del senador valenciano. Fuentes de la dirección nacional aseguran a este diario que el escenario sigue siendo el mismo y, por lo tanto, no se tomará ninguna medida.
Con esto, Agramunt, que participó el pasado mes de julio en la cena que se celebró en el Ateneo Mecantil tras la victoria de Casado en el Congreso extraordinario en el que se hizo con la Presidencia del partido, seguirá manteniendo su acta de senador.
El pasado mes de abril, el Equipo Independiente de Investigación sobre Corrupción en el seno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa publicó un informe sobre una supuesta trama de corrupción llevada a cabo para lavar la imagen de Azerbayán, un país de nula calidad democrática.
La trama, a priori, habría sobornado presuntamente a los relatores miembros del comité europeo de vigilancia durante las elecciones parlamentarias en Azerbayán que se celebraron en 2015. Los sobornos -prostitutas en hoteles de lujo, caviar y billetes de 500 euros entre otros-, habrían sido ofrecidos como contraprestación para obviar la violación de los derechos humanos que se estaban produciendo en dicho país. Así, el informe apuntaba que Agramunt participó en "actividades corruptas" y había tenido un papel "clave" en la toma de decisiones de la Asamblea Parlamentaria "favorables" a este país asiático para evitar las sanciones.
Una información que el senador del PP calificó de "manipulaciones", "fábulas" y "rumores interesados". Denunció, además, que el informe tenía "una actitud claramente inquisitorial" cuyo método retrotraía "a la Edad Media". Se desentendió de todo, y los populares en la Cámara Alta cerraron filas y aseguraron que las explicaciones ofrecidas por Agramunt eran sólidas, por lo que no tomarían medidas preventivas tales como apartarlo del cargo hasta que se clarificase si lo que denunciaba el informe era cierto o no.
Mientras, el pleno de la Asamblea del Consejo de Europa aprobó una resolución que planteaba que Agramunt y el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá debían abandonar su puesto en esta institución tras concluir que infringieron el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán.
Ante toda esta polvareda, y con PSOE, Compromís, Podemos e incluso Ciudadanos pidiendo al PP que tomara alguna decisión sobre el senador, el Comité de Derechos y Garantías del PP le abrió un expediente informativo a la espera de las explicaciones que diese Agramunt ante el propio Consejo de Europa, al que debía acudir a declarar como investigado.
Ahora bien, no adoptarían ninguna resolución en firme hasta que se produjera su comparecencia. No obstante, en esta cita fue inhabilitado por un periodo de 10 años y él mismo decidió dejar la institución. El Grupo Popular en la Cámara Alta aceptó su dimisión y comenzó con la ronda para hallar un sustituto que les representase. Sin embargo, su continuidad en el Senado, donde ha desarrollado su carrera política en los últimos 25 años, se mantuvo intacta. Y, de momento, continuará así.