VALÈNCIA. (EP). El Grupo Parlamentario Popular solicitará al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un informe "urgente" sobre la Ley de Competencias de las Diputaciones Provinciales propuesta por Podemos para "garantizar la seguridad jurídica" de la norma. Así lo ha anunciado la portavoz adjunta Les Corts, Eva Ortiz, tras la Junta de Portavoces de este martes después de que llegara al Parlamento valenciano el criterio del Consell sobre la tramitación de esta norma.
Una consideración en la que el Ejecutivo valenciano propone que el texto futuro sea objeto de una profunda "reflexión, revisión y consenso", ya que el planteamiento que realiza Podemos aborda de manera "limitada" el régimen de coordinación de competencias propias de los órganos provinciales.
En este sentido, Ortiz ha asegurado que la Ley de Competencias de Diputaciones Provinciales y la Ley Electoral "habla de leyes estatales, leyes locales e incluso del Estatuto" por lo que "hay una situación de posible inseguridad jurídica que debemos aclarar", ha apuntado la diputada 'popular'.
Según ha explicado, su formación ha solicitado que el dictamen del CJC se elabore de forma "urgente advertido la diputada, por lo que desde su formación han pedido que el CJC se pronuncie de forma "urgente" para que sea "compatible" con la "premura" de Podemos.
Ortiz ha advertido que en esta legislatura viene siendo "habitual" que se registren propuestas sin que hayan pasado los informes necesarios o que no se han sometido al análisis de la Abogacía de la Generalitat, el Síndic, o el CES, entre otros, de manera que "esas aprobaciones quedan cojas en cuanto a la seguridad jurídica", ha lamentado.
"Pasa en muchas Proposiciones no de Ley, hay mucha prisa en aprobarlas" y "todo lo que sea quitar controles o seguridad jurídica o informes de la Abogacía deja la legislación vaga o incómoda y al final termina en el Tribunal Constitucional", ha insistido.
En esta ocasión, después de ver el dictamen del Consell, el PP ha elevado a la Junta que se pida un informe al Consell Jurídic Consultiu "de forma urgente para compaginar la seguridad jurídica con la premura". De momento, "se lo van a pensar", ha apuntado.
Así, ha matizado que el PP entrará en el debate de la ley, pero "primero queremos tener seguridad jurídica" porque, a día de hoy, ha explicado, hay abiertas seis comisiones bilaterales con leyes de esta comunidad y "no queremos que se vuelva a repetir".
Al respecto, el síndic de Podem, Antonio Estañ, ha manifestado que "a día de hoy" su formación no ve "suficientes elementos" para llevar este tema al CJC aunque "no nos cerramos", ha matizado.
En todo caso ha subrayado que no quiere que la petición del PP sea para "dilatar" una ley que para su formación es "muy importante". En este sentido, ha señalado que quiere "asegurar los plazos", ya que no volverá a haber más plenos hasta enero, y que "no dilate el proceso".
Desde Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha avanzado que su formación respetará lo que decida el grupo que ha propuesto la norma, es decir, Podemos. En todo caso, cree que "hay tiempo de sobra" para que el CJC emita su dictamen y cumplir los plazos.
Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha señalado que "igual sería bueno" llevar la norma al CJC, "siempre y cuando tuviéramos garantía de que es muy rápido". "Igual sería bueno, siempre y cuando sea en términos rápidos", ha incidido.