El juez Fernando AndreuVALÈNCIA (EFE). El PP planea recusar al juez Fernando Andreu tras ser designado ponente del tribunal que juzgará el caso Bárcenas, alegando falta de imparcialidad por su amistad con el exjuez Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, y con la ministra Dolores Delgado, que llegó a proponerle como secretario de Estado de Justicia.
Fuentes de la defensa del PP en esta causa, en la que el partido debe responder como partícipe a título lucrativo por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede de Génova, han informado a Efe de que están estudiando ya la presentación de un incidente de recusación para evitar que Andreu llegue a juzgar estos hechos.
Andreu, hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se incorporó este lunes a la sección segunda de la Sala de lo Penal y su llegada ha motivado la salida de otro magistrado, Fermín Echarri, que carecía de plaza fija y que ahora será trasladado a otra sección.
Ello ha provocado que se haya tenido que modificar el tribunal que juzgará el caso Bárcenas, así como otras tres piezas del caso Gürtel: la referida a la visita del Papa a Valencia, la de las supuestas adjudicaciones irregulares de AENA a la trama de Correa y la relativa a tres contratos del Ayuntamiento de Jerez con la red.
El argumento más evidente que el PP puede esgrimir para pedir que sea apartado del tribunal es su conocida amistad con Garzón y con Dolores Delgado, con los que coincidió durante más de una década en la Audiencia Nacional, a la que llegó en 2002.
Además podrán alegar que la ministra le propuso para el cargo de secretario de Estado de Justicia, si bien finalmente fue descartado, y que su nombre se barajó también como posible candidato al CGPJ.
De los cuatro juicios para los que ha sido nombrado ponente solo dos tienen ya fecha. El de AENA (el 10 de diciembre), y el de los contratos del Ayuntamiento de Jerez con Gürtel, cuyo inicio está previsto para el 6 de mayo.
Aún está pendiente de señalamiento el del caso Bárcenas, que se ciñe al pago en negro de las obras de la reforma de la sede nacional del PP, hechos por los que se sentarán en el banquillo el extesorero, el exgerente Cristobal Páez y el propietario del estudio de arquitectura que se encargó del proyecto.
En ese juicio, al igual que lo estuvo en el de Gürtel Época I, el PP debe responder como responsable civil en calidad de partícipe a título lucrativo por el presunto pago parcial en negro de los 888.000 euros de la reforma, por lo que ha tenido que prestar previamente una fianza de 1,2 millones de euros.
Este mes de octubre, la sección segunda preguntó al actual juez instructor de esta causa y del caso Gürtel, José de la Mata, si podía poner ya fecha a la vista oral, teniendo en cuenta las diligencias que aún sigue practicando sobre los papeles de Bárcenas.
El juez respondió que no había inconveniente por no tener una conexión directa esos hechos con los que él sigue investigando, dando vía libre a que comenzara la vista oral, que está pendiente de señalamiento desde 2015, cuando quedó concluida esta causa.
No obstante, la defensa del extesorero ha pedido que antes de ponerle fecha, De la Mata detalle las diligencias que está practicando -tras reactivar esta causa a raíz de las confesiones de Francisco Correa en el juicio de Gürtel-, para aclarar hasta qué punto le puede afectar esa "instrucción complementaria", que puede prolongarse como máximo hasta diciembre de 2019.
