Foto: EVA MÁÑEZ.VALENCIA. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, el Grupo Popular presentará en la próxima Comisión de Justicia de Les Corts una iniciativa para que, con las modificaciones legislativas del Código Civil y funcionales precisas, la declaración de optar por un régimen económico pueda hacerse ante el Registro Civil, sin necesidad de pasar por el notario.
Según la diputada María José Ferrer San-Segundo, esta propuesta no solo permitirá abaratar costes, sino que también simplificará o evitaría el doble trámite de inscribir el matrimonio en el Registro Civil y posteriormente volver para registrar las capitulaciones hechas ante notario, en caso de optar por un régimen económico matrimonial de separación de bienes. A partir de la publicación de la sentencia, la separación de bienes dejará de ser el régimen que se aplique por defecto si no hay capitulaciones, y pasará a ser el de gananciales.
Aunque la inscripción de la escritura pública de capitulaciones en el registro no es obligatoria, para que la capitulación tenga efectos frente a terceros tiene que notificarse. Así, por ejemplo, si una persona se casa en régimen de gananciales y luego hace capitulaciones para estar en régimen de separación de bienes pero no lo inscribe en el Registro Civil, ante un posible embargo o deuda de uno de los cónyuges no sólo embargarían al deudor, sino también a la otra persona.
Esta medida sobre la simplificación de la opción de régimen económico matrimonial de separación de bienes, surge tras la negativa que encontró el PP en Les Corts este miércoles ante la propuesta de creación de una ponencia que estudiase la elaboración de una ley para la recuperación, consolidación y ejercicio de las competencias legislativas en material de derecho civil valenciano.
Con 65 votos en contra, Ferrer San-Segundo aseguró a Valencia Plaza sentirse “muy frustrada” con el resultado de la votación. La diputada destacó que “los expertos en la materia no sólo pensaban que se hacía desde la buena fe, sino que la propuesta tenía rigor”, algo que cuestionaron especialmente partidos como Podemos, a través de la parlamentaria Fabiola Meco, quien calificó la propuesta como “hueca”.
No obstante, el grupo de Montiel fundamentó su voto desfavorable en que a lo largo de todas las legislaturas, de las “163 proposiciones de ley creadas por las Comunidades Autónomas, sólo 10 han visto la luz”. Así, Meco alegó que los mecanismos que proponía el PP no eran “ni ágiles ni sencillos”.
La propuesta también fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios, que presentaron enmiendas instando a la reforma constitucional que modificara y clasificase las competencias atribuidas a cada administración.
PSPV, Compromís y Podemos presentaron una enmienda para pedir un informe jurídico a la comisión de Codificación Civil valenciana sobre las vías reales existentes que asegurasen, por parte del Estado, el reconocimiento a la Comunitat de su competencia para legislar en materia civil.
Isaura Navarro, del Grupo Compromís, consideró que la solución ante la sentencia del Constitucional pasaba por un cambio en el gobierno central para que respetase “los derechos de los valencianos” y no se impugnasen “las leyes de esta región”.
El portavoz socialista, Manuel Mata, apuntó que la ley de régimen económico matrimonial era “pura ideología” e “innecesaria”, por lo que defendió el recurso presentado por el Gobierno socialista de Zapatero en su día.
Mientras, Ciudadanos, que presentó su enmienda de forma independiente, planteó una reforma constitucional para que se clarificasen las competencias exclusivas del Estado y se diferenciaran “aquellas que asume íntegramente y aquellas en las que puede delegar funciones ejecutivas”.
