Isabel Bonig junto a Salvador Navarro, y los diputados del PP Rubén Ibáñez y Eva Ortíz. Foto: EFE/Gustavo GrilloVALÈNCIA. El PP advirtió la pasada semana que enmendaría determinadas líneas nominativas que el Consell había recogido en el anteproyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2018. De las tres ayudas directas que estaban en la diana de los populares, es decir, que querían eliminar, destacaba una: la subvención de un millón de euros que el Gobierno valenciano destinaba a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro.
Este aviso llegaba días después de que se celebrara la manifestación para reivindicar una financiación justa para la Comunitat Valenciana que organizaron los sindicatos mayoritarios y que fue secundada por la patronal valenciana. El único que quedó fuera de la marcha fue, precisamente, el Partido Popular pese a la insistencia de los organizadores de que no se trataba de una reivindicación "contra nadie". Partidos como Ciudadanos, centrales sindicales como CSIF y la propia Cámara de Comercio de València se sumaron a la manifestación.
Así, el pasado jueves, el diputado del PPCV Rubén Ibañez propuso en la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, eliminar estas ayudas a la patronal "para destinarlas a los más vulnerables". Ahora, cerrado ya el trámite de enmiendas a las cuentas del próximo ejercicio, el partido que lidera Isabel Bonig ha presentado distintas modificaciones para que estas subvenciones sean repartidas mediante concurrencia competitiva y no como ayudas directas.
El PPCV pide que se retiren los 600.000 euros que reciben CCOO, UGT y la CEV -200.000 cada uno- y se realice un proceso de concurrencia competitiva entre las "entidades sindicales y empresariales de la Comunitat Valenciana para desarrollar acciones en materia de prevención de riesgos laborales con enfoque de género a base de proyectos anuales".
Con ello, se pasaría de unas subvenciones otorgadas por su labor en el ámbito de la negociación laboral a recibir dichas ayudas por acciones concretas que realicen en proyectos anuales y que tengan como objetivo principal evitar accidentes laborales, y siempre desde una óptica que rompa con la brecha de género. Unas modificaciones que supondrían que más sindicatos -como Intersindical o CSIF- y otras organizaciones empresariales -como Coepa- de la Comunitat Valenciana pudieran optar a estas subvenciones públicas.
De la misma manera, los populares contemplan en otra enmienda retirar parte de las líneas de "compensación económica participación institucional". Es decir, las partidas presupuestarias que el Consell otorga a los sindicatos y patronales con mayor representación en la autonomía para cumplir con la Ley 7/2015 de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana. Una norma que fue impulsada por el PP.
Según el anteproyecto de Presupuestos de 2018, CCOO, UGT y la CEV recibirían 800.000 euros cada una por estas ayudas. No obstante, el partido que lidera Bonig, reduce vía enmienda estos beneficios a 700.000 euros para cada entidad. Para no dejar a estos dos sindicatos y a la patronal sin estas líneas y seguir cumpliendo con la ley que ellos mismos redactaron, proponen que se les quite 100.00 euros a cada una y que esos 300.000 euros vayan destinados al programa de "condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales" al que entidades empresariales y sindicales podrían acceder mediante concurrencia competitiva.
La apertura de estas ayudas a través de concursos reproduciría la misma posibilidad que con la otra enmienda: que otros sindicatos y la posible emergencia de una patronal autonómica que rivalice con la CEV pudieran acabar recibiendo ese dinero, y no los actuales beneficiarios marcados en el anteproyecto de cuentas del Consell para 2018. Y todo, pese a que la conselleria de Economía que dirige Rafael Climent, departamento encargado de consignar estas ayudas, reestructuró las subvenciones suministradas a organizaciones empresariales y sindicatos con el objetivo de incorporar también a los minoritarios.
Sin embargo, las enmiendas presentadas por el PPCV que lidera Isabel Bonig se producen en un momento de crispación entre el Partido Popular y la patronal, cuando en el pasado e históricamente habían comulgado con gran parte de las iniciativas. Con un recrudecimiento de las relaciones desde que Bonig llegó al liderazgo del PPCV, la asistencia a la marcha por una financiación justa por parte de la CEV aumentó el malestar de la dirigente popular con los empresarios valencianos.
Bonig, de hecho, no dudó en 'atizar' a la patronal estableciendo una comparación entre los que reciben subvenciones del erario público -en referencia a la CEV- y los medianos y pequeños empresarios, así como los autónomos. Los segundos, según la dirigente popular, estaban con el PP, que a juicio de la líder del PPCV es "el partido de los trabajadores". Una distinción y una crítica a la gran empresa valenciana porque su presencia en la manifestación dotaba un plus de transversalidad y de unidad a la marcha. Y con ello, se complicaba la legitimidad para cuestionar el sentido de la reivindicación.
Pese a las críticas del PPCV, la CEV, heredera de la antigua Cierval en su proceso de reconversión en patronal autonómica, nació con un modelo de financiación menos dependiente de las administraciones públicas para evitar, precisamente, situaciones de quiebra como la que experimentó su antecesora. Es decir, sin tantas ataduras económicas del ejecutivo valenciano. Así, fijó una redistribución de los ingresos donde tenía más peso las aportaciones de los socios (un 60%) que no la recibidas por parte de la Generalitat Valenciana (un 40%) a través de las ayudas que ahora el PP, por su enfrentamiento a cuenta de la financiación, quiere reducir.
