VALENCIA. El intento del PPCV por neutralizar el contenido opuesto a los intereses de valencianos de la Ponencia Económica y de Administración Territorial se ha quedado a medio camino. Tan sólo la enmienda que solicitaba que se financiase a las personas y no a los territorios salió adelante -aunque con matices-, mientras que Isabel Bonig no consiguió que se incorporara el criterio de "población desplazada" entre las variables a tener en cuenta en el nuevo modelo de financiación. Una enmienda que había sido elaborada en coordinación con las tres direcciones provinciales y firmada por el diputado autonómico Rubén Ibáñez.
La propuesta del equipo encargado de esta ponencia incluía las reivindicaciones del grupo de comunidades lideradas por el gallego Alberto Núñez Feijóo –integrante del equipo redactor de la ponencia–, que son, además de Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.
Así, cabe recordar que el equipo que redactó este documento concentraba a varios referentes de regiones con criterios distintos a los que se reivindican en la Comunitat Valenciana, donde todos los partidos han coincidido en más de una ocasión, -la última en la preparatoria con Ximo Puig para la Conferencia de Presidentes-, en reivindicar la reforma del actual modelo.
Sin embargo, una de las propuestas del partido que lidera Isabel Bonig fue rechazada. Para rebajar la presión del grupo de autonomías redactoras del documento inicial, que se centraban en remarcar en el nuevo modelo el peso de criterios como el envejecimiento de la población y la dispersión, así como respetar el statu quo, Bonig añadía el criterio de "población desplazada", atendiendo a que la Comunitat soporta gastos extra en Sanidad por la gran cantidad de turistas que recibe.
El propio Alberto Nuñez Feijóo trasladó a la dirección regional que se consideraba "como mejor opción mantener el texto original" ya que en él se recogían criterios "ya aceptados de manera general", por lo que se optaba "por no utilizar la ponencia para incluir nuevos criterios". Aunque en su respuesta el presidente gallego indicara que este criterio podría valorarse "en el nuevo marco de negociación" que se abría tras la Conferencia de Presidentes, lo cierto es que las expectativas del PP valenciano se quedaron a medias.
La enmienda al artículo 157 de la Ponencia
El PP valenciano sí consiguió introducir, sin embargo, en el artículo 157 de la Ponencia, que el nuevo sistema de financiación autonómica recoja y pondere como "principio fundamental mínimo" la "igualdad de cualquier persona a obtener los mismos servicios fundamentales independientemente del territorio donde viva".
De esta forma, la redacción del artículo completo quedaría de la siguiente manera: "Tal y como ha sucedido en todas las reformas del sistema de financiación, el punto de partida de la próxima debe contemplar que ninguna Comunidad Autónoma empeore su posición financiera absoluta como consecuencia de la reforma, porque cualquier ajuste abrupto del sistema tiene un reflejo inmediato en el presupuesto de las comunidades autónomas, al suponer entre el 70 y el 80% de los ingresos presupuestarios de todas ellas. El principio de igualdad de cualquier persona a los mismos servicios fundamentales independientemente del territorio donde viva, se establece como principio fundamental mínimo que debe recoger y ponderar el nuevo sistema de financiación".
Mientras que la primera parte de la enmienda de los populares valencianos -"El nuevo sistema de financiación no puede suponer, en ningún caso, el empeoramiento de la posición financiera absoluta de ninguna Comunidad Autónoma, pero debe equiparar a todas las Comunidades Autónomas en la cápita de la prestación de los servicios públicos fundamentales, entendiendo como tales la educación, la sanidad y los derivados de los servicios sociales"- quedó fuera.
Isabel Bonig, Alberto Nuñez Feijóo y Eva Ortiz. EFE
