Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSVALÈNCIA. El pasado miércoles, de forma inesperada, el director general de À Punt, Alfred Costa, presentó su renuncia al cargo. Una salida tras cinco años al frente de la radiotelevisión pública y apenas unos días después de que trascendiera que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle este puesto el pasado 29 de octubre, día en el que se produjo la Dana en la que murieron más de 200 personas.
El adiós de Costa se hará efectivo el próximo 9 de diciembre, fecha a partir de la cual el presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) Miquel Francés asumirá todas las funciones que tiene atribuidas la dirección general de la cadena. Por lo que el nuevo escenario, acelera el proceso de renovación del Consejo de Administración de À Punt que los grupos habían dejado aparcado a cuenta de la dana.
De hecho, apenas unas horas después de que se produjera la renuncia, los grupos parlamentarios ya han mantenido contactos entre ellos con la intención de retomar las negociaciones para activar la nueva ley. O lo que es lo mismo, constituir el nuevo órgano de dirección encargado, a su vez, de elegir al sucesor de Costa.
Por lo pronto, el PP ya ha mantenido conversaciones con PSPV y Vox. No así con Compromís, quien antes de la llegada de la dana a la provincia de Valencia, se borró en cierto modo de cualquier tipo de negociación con una serie de condicionantes inasumibles para los populares, dado que entre ellos se encontraba el cese del director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut. También reclamaban modificar de nuevo la ley del organismo y volver al redactado original para que el máximo dirigente de la Agencia fuera elegido por tres quintos de la Cámara.
Si el Partido Popular no se prestaba a destituir a Beut ni reculaba con los cambios legislativos, los valencianistas no participarían en la negociación con el PP para constituir el Consejo de Administración de À Punt ni tampoco renovar los órganos estatutarios que a día de hoy se encuentran en funciones: Consell Jurídic Consultiu, Consell Valencià de Cultura, Sindicatura de Comptes y Consejo de Transparencia. La participación de Vox también era un escollo insalvable tanto para Compromís como para el PSOE, por lo que el entendimiento no va a ser sencillo.
Con este escenario, los populares han mantenido una primera toma de contacto con socialistas y voxistas. Sin embargo, explican, la intención es poder incorporar a todos los partidos con representación en el Parlamento en las negociaciones y que la representación en todos estos entes sea proporcional a la que tienen en Les Corts.
La nueva ley de À Punt establece que la cadena cuenta con un Consejo de Administración conformado por un total de ocho miembros. Siete de ellos serán escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde no está Vox. En el caso de Les Corts, tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de PP y Vox, pero también por, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta la derecha podría dar luz verde en solitario.
Un posible reparto, si todos los grupos tuvieran representación en el órgano, ofrecería 3 representantes al PP, 2 al PSOE, 1 a Compromís y 1 a Vox. Los populares, además, serían los encargados de situar a alguien en la FVMP, por lo que finalmente contarían con un total de 4 consejeros de los ocho integrantes totales.
De estos 8, debería elegirse a un presidente a propuesta del Consejo de Administración. Sería elegido por el Consell y contaría con voto de calidad en los sufragios internos que tuvieran lugar. Esto es, que aunque el PP nombrara el 50% de los integrantes, tendría garantizado en cualquier caso la elección de la presidencia y ganar todo tipo de votación.
El Consejo de Administración también tiene entre sus competencias proponer al sucesor de Costa al frente de la dirección general. Un nombramiento que haría efectivo más tarde el Consell de la Generalitat.
La intención del los partidos es activar la renovación del órgano de dirección cuanto antes. A partir de que esté pactado un reparto proporcional y quién participaría o no en él, se abriría el plazo para la presentación de candidatos por un periodo de 30 días. Por lo que, el deseo en el PP es que antes de expirar diciembre À Punt cuente con un Consejo renovado y listo para proponer un nuevo director general para que la cadena no arrastre una situación de interinidad.
