Isabel Bonig. FOTO: KIKE TABERNER
La Generalitat empezó a usar el derecho de tanteo en 2019 tras quince años de vigencia
VALÈNCIA. (EP) Les Corts Valencianes celebrarán el 15 de julio un pleno extraordinario para convalidar cuatros decretos-ley del Consell, entre ellos el que pretende ampliar el parque de vivienda pública mediante tanteo y retracto, que el PP llevará "casi con toda seguridad" al Tribunal Constitucional (TC) si no se tramita como proyecto de ley, es decir, con la tramitación parlamentaria que permite introducir modificaciones.
Para el PSPV se trata de un decreto "muy bueno" pero "mejorable" ya que hay varios supuestos de transmisiones que no se contemplan y una posibilidad para modificarlo sería tramitarlo como proyecto de ley, aunque los socialistas no harán "nada en contra" de la voluntad del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ni de Podemos.
El pasado 5 de junio el pleno del Consell aprobó este decreto ley que amplía los supuestos en los que las administraciones pueden adquirir inmuebles para destinar a vivienda pública mediante el derecho de tanteo y retracto. Con esta normativa, la administración podrá adquirir viviendas procedentes de ejecuciones por impago de la hipoteca o aquellas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias.
Tras la Junta de Portavoces, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha señalado respecto a la posición de su grupo sobre este tema que el decreto se puede mejorar porque, entre otras cuestiones "es poco ambicioso en atacar a los fondos buitres" y no contempla, por ejemplo, las grandes transmisiones de viviendas no acabadas, la posibilidad de trocear paquetes de inmuebles para que la Generalitat pueda proceder a la compra, las compraventas judiciales o que los propios inmuebles objeto de la compra por tanteo y retracto deban estar vacíos.
"Es un gran avance", ha dicho Mata, pero se podría mejorar vía proposición de ley o, dado el caso, por modificaciones reglamentarias, del propio decreto o mediante la ley de acompañamiento. "Lo que diga Dalmau haré", ha sentenciado.
El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que su grupo está "muy conforme con cómo está el decreto" ya que lo que propone es "de justicia social" y ahora "es muy buen momento para aprobar una iniciativa de este tipo sin ningún tipo de modificación".
Por su parte, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha reiterado que este decreto es "histórico, valiente y un paso adelante para luchar contra la especulación" y ha advertido de que en esta cuestión "o estás con la gente o estás con los especuladores".
A su juicio, la convalidación de este decreto ley está justificada por su urgencia y necesidad en un momento como este marcado por las consecuencias de la pandemia de Covid-19: "Es necesario poder tramitarlo de una forma que nos permita ampliar desde ya el parque público de vivienda".
Por ello, sobre la posibilidad de que se tramitara como proyecto de ley y la posición del PSPV en este sentido, ha indicado que "todo el Botànic" tiene claro que este decreto "es necesario y urgente en una situación como esta".
Sobre las amenazas que ha denunciado haber sufrido Martínez Dalmau, ha señalado que "cuando se tramitan leyes de protección a los valencianos se reciben presiones de los lobbies". Ella ha afirmado no haber recibido ninguna, como tampoco lo ha hecho el socialista Manolo Mata.
Desde la oposición, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha avanzado que votarán no a un decreto que consideran "claramente anticonstitucional" y que, además, "no da seguridad jurídica en un momento en que la administración debe darla a particulares y empresas". Ante su prevista aprobación, pedirán que se tramite como proyecto de ley porque tal y como está formulado "infringe gravemente el ordenamiento jurídico".
Si no es así, el PP está estudiando interponer un recurso de anticonstitucionalidad porque este decreto aborda legislación civil, competencia estatal, ha dicho.
"Nos consta que hay negociaciones, apelo al sentido de responsabilidad y gobierno del PSPV. No es de extraordinaria y urgente necesidad, la Generalitat tiene 2.000 viviendas okupadas", ha dicho, remarcando que una cosa es ampliar el parque de viviendas y otra es "infringir la Constitución".
Por ello, ha insistido, espera que el PSPV "sea capaz de parar esta situación" y le ha ofrecido el apoyo del PP.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Ruth Merino ha señalado que también pedirán que sea tramitado como proyecto de ley porque el decreto "no está suficientemente concretado y quedan cosas que pueden dar lugar a inseguridad jurídica" y más aún cuando es Podemos "uno de los que puede interpretarlo".
Sobre el sentido de su voto en caso de que no sea esa la fórmula elegida, ha mostrado su confianza en que sí lo sea y ha apuntado que el partido aún no ha tomado una decisión ante el caso contrario.
Desde Vox, José María Llanos ha apuntado que rechazan ese decreto que supone "la aplicación del comunismo puro y duro" en la Comunitat Valenciana y también se ha referido a las presiones y amenazas que denuncia Dalmau. "Si se trata de presiones es absolutamente lícito en una democracia, si son otras cosas no legales, las rechazamos".
Eso sí, ha señalado que "lo denunciable es todo lo ilícito, sea lo que sea", incluso cuando alguien de Vox es agredido como ocurrió en el País Vasco, ha zanjado.
