Bancada del PP en Les CortsVALÈNCIA. El PPCV decidió este miércoles discurrir por la misma vía que hace más de cuatro años: la de ignorar la voluntad del pequeño comercio en la toma de decisiones sobre el sector. Ocurrió en Les Corts, donde tuvo lugar la votación -como Proposición de Ley- del pacto alcanzado por grandes y pequeños operadores para aplicar un recorte a la apertura en domingos y festivos, que comenzará a aplicarse el próximo 25 de febrero. La medida llegaba a la cámara sin posibilidad de enmiendas, precisamente para no alterar el complejo juego de equilibrios alcanzado por las entidades en una larga negociación, pero los populares votaron en contra.
"No lo entiendo, han perdido otra oportunidad de posicionarse del lado del comercio", afirmaba al respecto Isabel Cosme, presidenta de la patronal del pequeño comercio Cecoval. "No le encuentro la explicación, nos habían dicho que no iban a oponerse si se trataba de un acuerdo de todo el sector", agregaba en la misma línea Amparo Barroso en nombre de Covaco, otra de las entidades con mayor representación del sector.
Para el pequeño comercio llueve sobre mojado. La comparación este miércoles era inevitable con el escenario vivido en el segundo semestre del año 2013, cuando al Ayuntamiento de València y a la Generalitat les tocaba fijar las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) -impuestas a su vez por el ejecutivo de Mariano Rajoy-, unas áreas que traían consigo la libertad de horarios para el gran comercio.
¿Y qué ocurrió? Que pese a las reuniones solicitadas por Cecoval con el Ayuntamiento para acotar estas zonas lo máximo posible -y, con ello su impacto, al estar el pequeño comercio en contra de la apertura dominical- el equipo de gobierno de Rita Barberá seleccionó el nuevo escenario -aplicado por el Consell de Alberto Fabra- sin debate alguno con el pequeño comercio pese a tratarse de un caladero de votos para el partido.
Además optó por una solución de lo más compleja. El mapa trazado por el concejal Alfonso Grau llevó la liberalización a cuatro grandes zonas: Ciutat Vella en su totalidad, el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Jardín del Turia y el entorno del estadio Ciutat de València, una selección que era casi un recorrido por las grandes superficies comerciales de la ciudad (las grandes firmas del núcleo urbano, El Corte Inglés, El Saler, Aqua, Arena, Nuevo Centro, Decathlon, el Carrefour de Campanar...).
Con la excusa del turismo quedaba liberalizada la práctica totalidad de la ciudad, con algunas excepciones como MediaMarkt y el centro comercial Ademuz en la avenida Cortes Valencianas. Ambas firmas lograrían su posterior incorporación mediante una sentencia que tildó de arbitraria la selección del gobierno municipal del PP. De hecho, el ejecutivo podía haber decretado sin impedimento alguno una sola ZGAT en toda València, lo que habría hecho más fácil también su reversión.
Desde entonces todo fueron problemas, incluso para el entonces conseller de Economía del PP, Máximo Buch, que fue quien tuvo que gestionar la judicialización del conflico. Gran Turia, ubicado en el término municipal de Xirivella pero integrado en el área urbana de València, acudió a Competencia para denunciar un agravio comparativo, y el conflicto se expandió "como una mancha de aceite", como lamentó el propio Buch cuando en multitud de municipios del área metropolitana los grandes operadores presionaron con el mismo propósito: el de equiparar sus territorios a la liberalizada València. Tanto fue así que la Conselleria de Economía tuvo que aprobar un decreto para frenar esta escalada en contra de la línea de su partido a nivel nacional.
Con el cambio de gobierno en la Generalitat y en el Ayuntamiento que tuvo lugar en 2015 ambas administraciones iniciaron el recorrido en sentido contrario, en busca de la máxima restricción de la apertura del gran comercio en domingos y festivos. La primera solución ideada por el Ayuntamiento de València -y pactada por primera vez por la práctica totalidad del sector- llegó a aplicarse, pero tampoco cuajó al establecer también zonas de apertura y zonas de cierre, motivando un recurso del centro comercial Arena que, finalmente, fue estimado por la Generalitat de acuerdo con el criterio del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
Y fue entonces cuando la actual Conselleria de Economía Sostenible, en manos de Rafael Climent (Compromís) pensó en la actual solución: un escenario más homogéneo en toda la autonomía, en el que se negociaran días de apertura y no zonas, con el objetivo de menguar los conflictos entre operadores vecinos. Las principales organizaciones del sector rubricaron el pacto tras una larga negociación el pasado mes de diciembre -las patronales del pequeño comercio Cecoval y Covaco; la de los supermercados, Asucova; y la de la gran distribución, Anged-.
El voto en contra del PPEl voto en contra del PP se produce ahora, según explicaron este miércoles fuentes del partido, sin que la formación afirme estar en contra del acuerdo. Según argumentan, el rechazo se dirige a la fórmula escogida, la de lectura única -sin posibilidad de enmiendas- que PSPV y Compromís eligieron para evitar alterar el delicado acuerdo del sector. Por este motivo también se abstuvieron Podemos y Ciudadanos, pero el PP decidió ir más allá y rechazar el acuerdo alcanzado por los comerciantes.
Fuentes del sector se mostraron muy molestas este miércoles con los populares, puesto que el voto en contra, que al PP le sirvió de poco porque aún con su oposición el pacto salió adelante, ha impedido que un un acuerdo sin precendentes en el comercio -que pretende prolongar su vigencia más allá de la coyuntura política- quede manchado con la negativa del partido más votado del hemiciclo.
Cabe señalar que la postura que iban a adoptar los populares ante este debate fue una incógnita hasta la mañana de la votación. De la misma manera que Podemos, el comité de dirección del grupo parlamentario popular se reunió la mañana del mismo miércoles para decidir si votar a favor, en contra o abstención.
No obstante, horas antes a tomar una decisión en firme, en las filas del PPCV se descartaba casi por completo el voto en contra, ya que las relaciones entre el partido de la gaviota que preside Isabel Bonig y los empresarios valencianos habían mejorado en las últimas semanas después de haber protagonizado distintos desencuentros a cuenta de la participación de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro en la manifestación por una financiación justa para la Comunitat.
La posición contraria que iba a tener Ciudadanos -pero que finalmente cambiaron antes de la votación para optar por la abstención-, hizo, sin embargo, que el Partido Popular se replanteara las tres opciones que tenía, ya que si se sumaba al voto en contra de los naranjas, la votación quedaría ajustada por 6 escaños de diferencia. Esto es, PP y Ciudadanos sumarían 40 votos en contra, mientras que PSPV, Compromís y los diputados no adscritos serían 46; Podemos (13) se abstendría.
Con este escenario, desde el grupo de Bonig tantearon a los cuatro parlamentarios no adscritos antes de entrar en harina al debate para intentar que cambiaran su posicionamiento y votaran en contra, y no a favor como finalmente hicieron. De haber conseguido este viraje y Cs no haber cambiado su posicionamiento a última hora, el pacto alcanzado entre pequeño y gran comercio hubiera quedado en un cajón tras meses de negociaciones, porque los números se hubieran volteado.
Como informó este diario, el pacto establece hasta 38 festivos aperturables -según el año- en las cinco Zonas de Gran Afluencia Turística de València (las ZGAT de Ciutat Vella, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jardín del Turia, Estadi Ciutat de València y Corts Valencianes) así como en la totalidad de la ciudad de Alicante. Estos se concentrarán en Semana Santa y en el largo periodo comprendido entre el 15 de junio y el primer domingo de rebajas del mes de enero -con las excepciones del 15 de agosto para València, el 24 de junio para Alicante y el lunes de Pascua en ambas ciudades-.
En la misma línea, se abrirá hasta 40 festivos en Finestrat, Torrevieja, Alborache, L'Alfàs del Pi, Benissa, Orihuela costa y Pilar de la Horadada costa -donde se encuentra el resto de las denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística -ZGAT de todo el año-. Estas áreas reducirán sus aperturas a los 40 días teniendo en cuenta los mismos periodos que València y Alicante pero sin las mencionadas excepciones, lo que supondrá un recorte de un tercio de los festivos de apertura respecto a los actuales (que eran más de 60).
Por su parte, los municipios que tenían una ZGAT parcial permanecerán con un escenario similar: sus grandes comercios podrán abrir hasta 28 festivos anuales que se concentrarán en Semana Santa y en verano -entre el 15 de junio y el 15 de septiembre-. En el texto llevado a Les Corts aparece la relación de municipios con estas características.
En el resto del territorio de la Comunitat -los municipios ausente en la lista, donde no hay declaradas ZGAT- se abrirá solo los 11 festivos comunes para todas las localidades (anteriormente la cifra era de 10). Estos días se elegirán cada año de forma automática en función de los siguientes criterios -y por el siguiente orden-: cuando se produzca la denominada 'acumulación de festivos' (cuando haya un festivo junto a un domingo se abrirá el sábado o el lunes), los primeros domingos de los periodos de rebajas (tras el 6 de enero y el primero de julio), tres festivos de Semana Santa (Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Pascua), y -hasta completar los 11 días- los domingos y festivos de la campaña de Navidad.
El pacto fue rubricado el pasado 28 de diciembre por el sector, fecha en la que la Generalitat convocó a los firmantes tras no lograr en la negociación de los flecos sumar a los sindicatos CCOO y UGT ni un escenario diferenciado que permitiera aplicar el modelo por consenso en la ciudad de Alicante. También quedaron al margen del acuerdo los centros comerciales, de modo que en todos estos actores se concentra el riesgo de una nueva judicialización del conflicto de la apertura en domingo. La nota curiosa la puso Unió Gremial, que plasmó su "abstención" posando para la foto pero rehusando firmar el acuerdo.
