El PP y Vox citarán a Gabriela Bravo y Vicent Marzà en la comisión de investigación del sector público 

VALÈNCIA. El PP y Vox han presentado este miércoles su plan de trabajo de la primera comisión de investigación de esta legislatura en Les Corts: la relativa a las irregularidades cometidas en el sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023, años que coinciden con la gestión de los Gobiernos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). La comisión tendrá una duración inicial de 18 meses hasta enero de 2025 –con dos sesiones por mes–, pero podrá extenderse más.

Entre los comparecientes propuestos por la derecha se encuentran, por el momento, la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo; el exconseller de Educación Vicent Marzà; el exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias José María Ángel; el exsecretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu; o la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana Anaïs Menguzzato.

Miguel Barrachina y José María Llanos, portavoces del PP y de Vox respectivamente, han anunciado este plan de trabajo –eso sí, parcial– en los pasillos de Les Corts mientras en el hemiciclo se celebraba el debate sobre las enmiendas a la totalidad de la ley de Concordia impulsada por la derecha. Una norma muy criticada por el PSPV y Compromís al considerar que acaba con la Memoria Histórica. 

Barrachina y Llanos han negado, lógicamente, que fuera a propósito el momento de la jornada elegido y han explicado que los tiempos "han venido así" porque era cuando ninguno de los tenía punto del día que defender. 

En cuanto a la comisión de investigación, han explicado que se basa en las irregularidades detectadas en varios informes de fiscalización, como los de la Sindicatura de Comptes, la Intervención o la AIReF. En ellos, han comentado, se habla de 50 entes públicos con las citadas irregularidades. Su objetivo, han señalado, es "evitar el derroche que ha sufrido el sector público instrumental durante los gobiernos del Botànic, que tenía un 47 por ciento de gasto público o que en un solo año firm 5.046 contratos de trabajo sin autorización de la Dirección General de Presupuestos, así como 247.000 contratos a dedo".

Por este motivo, han decidido llamar a algo más de 40 comparecientes, entre ellos altos cargos responsables del sector público, "no de las Consellerias". Así, Bravo o Marzà eran los encargados de organismos de Emergencias o culturales, como el Consorci de Museus o el IVAM.

A Ximo Puig no... por ahora

Por el momento, el PP y Vox no llamarán al expresidente de la Generalitat Ximo Puig, pese a que en su momento afirmaron que era quien "lo sabía todo". Aun así, no descartan hacerlo en un futuro porque, recuerdan, el plan de trabajo está "abierto". 

La teoría en el PSPV es que la intención de poder volver a extender la comisión en el tiempo es llegar a la campaña electoral de las autonómicas, momento en el que la derecha citará a más cargos socialistas y de Compromís. Entre ellos, tal vez, Puig. 

El PSPV, por su parte, ha contrarrestado con su propuesta, basada en que se investigue el sector público anterior a 2015 (cuando estaba el PP en la Generalitat), cuando hubo "170 condenas", ha remarcado el diputado Toni Gaspar. Así, piden que comparezcan, entre muchos otros, los exconsellers populares Vicente Rambla, Gerardo Camps o Juan Carlos Moragues Ferrer, además de Ignacio Pérez López, quien era en ese momento viceinterventor General de Control Financiero y Auditorías, o Vicent Cucarella, Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Los socialistas se plantean incluso llamar al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por la gestión de las ITV, que también formaban parte del sector público.  

Compromís, por su parte, pide la comparecencia de Cucarella también y de buena parte de los directores autonómicos y secretarios generales que formaban parte del Consell del PP en 2015, año en que entró el Botànic. Entre ellos se encuentra la actual directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, María Jesús García Frígols, que era directora general de Coordinación Institucional entonces; y los concejales del PP en València Jesús Carbonell y Juan Giner, que estaban en el segundo escalón del Consell en aquel momento. Ninguno de esos nombres saldrá adelante porque no serán aprobados por la derecha.

Tanto el PSPV como Compromís han calificado la comisión de "circo", si bien cabe recordar que llegó a ser un mecanismo muy utilizado por la izquierda, especialmente en su primera legislatura –cuando Podem entró en Les Corts– para hacer desfilar a todos los cargos del PP investigados o salpicados en sumarios y causas de corrupción. 

A modo de ejemplo, las conclusiones de la comisión de Feria Valencia ni siquiera llegaron a ser aprobadas en pleno en 2019 y en las de la comisión de Ciegsa el tripartito no cuantificó el "pufo" en su dictamen después de asegurar durante años que hubo un agujero de mil millones de euros.