Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. El PP que lidera Mariano Rajoy ha dejado claro que va a ponerse manos a la obra en su recién estrenada tarea de oposición. Los populares, heridos en su orgullo tras el éxito alcanzado por la moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez, han activado toda su capacidad política -que no es poca- para contraatacar tras la debacle acaecida en el Congreso la pasada semana.
"Ni es una venganza, ni una pataleta", afirmaron varios diputados autonómicos y nacionales del PP a este diario para justificar la decisión de presentar enmiendas a sus propios Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en el Senado, donde disponen de mayoría absoluta. Sobre esto, los parlamentarios consultados explicaron que sus cuentas se diseñaron fruto de diversas negociaciones y acuerdos que ahora ya no existen, por lo que pueden "mejorar" los PGE o, al menos, retocarlos según su criterio sin la dependencia de otras fuerzas que les retiraron el apoyo en el momento clave de la moción como fueron el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Nueva Canarias -ambos respaldaron a Sánchez- y Coalición Canaria, que se abstuvo.
Así pues, fuentes populares confirmaron a este diario que el grupo parlamentario del PP en Les Corts ultima un paquete de enmiendas por al menos 100 millones de euros a los PGE que propondrán al Grupo Popular en el Senado. Prueba de que los populares están diseñando este contragolpe con mimo es la ampliación del plazo de enmiendas aprobada este lunes hasta el 11 de junio, dado así un tiempo extra para que las distintas estructuras autonómicas preparen sus escritos y sean luego organizados en Madrid.
No obstante, todavía en la jornada de este lunes no se había definido aún si las enmiendas serían en su conjunto genéricas o territorializadas. Cabe recordar que cuando se introduce una variación presupuestaria se debe incluir un alta y una baja: es decir, hay que especificar de dónde se quita el dinero que se pretende destinar a otra cuestión. Por tanto, todavía no está concretado si en los textos en los que se solicitan nuevas partidas se quitan de cuestiones generales o de inversiones en otros territorios como por ejemplo País Vasco o Canarias para ser destinados a otros.
Ahora bien, la intención es esta. Al menos así lo afirmaban fuentes populares consultadas por Valencia Plaza al ser preguntadas por el modus operandi en esta presentación de enmiendas. Una maniobra que puede complicarle notablemente la vida al flamante presidente Sánchez, quien solo cuenta con 84 diputados en el Congreso. Si, como se espera, el PP saca adelante sus enmiendas en el Senado gracias a su mayoría absoluta -incluso quizá sumando los votos favorables de Ciudadanos-, estas modificaciones irían a parar al Congreso donde cabría la posibilidad de aprobar o rechazar cada enmienda, regresando a su situación inicial en caso de no salir adelante.
Un maniobra que podría conllevar un escenario de caos nada desdeñable en el Congreso, dado que Sánchez consiguió 180 votos favorables a su moción de censura -la mayoría absoluta es 176- pero las distintas fuerzas que le respaldaron pueden tener intereses muy dispares en cuanto a inversiones presupuestarias que afecten a cada uno de los territorios. Es decir, si una enmienda retira fondos para un proyecto en el País Vasco y la partida se destina a una inversión en otra autonomía como la Comunitat Valenciana o Cataluña, con formaciones en el Congreso sin obediencia estatal, el equilibrio parlamentario puede saltar por los aires.
La solución de mantener el compromiso de limitarse a rechazar todas las enmiendas para que salgan adelante los Presupuestos iniciales del PP también parece complicada, puesto que obligaría a determinados grupos a quizá votar en contra de enmiendas que ellos mismos habrían presentado, cuando la promesa de no tocar los PGE fue de Sánchez al PNV y a ella no están atados otros partidos políticos. Por ejemplo, si una enmienda del PP en el Senado fijara un aumento de la inversión en el Transporte Metropolitano de Valencia (se aprobó una enmienda de 10 millones y PSPV, Compromís y Podemos solicitaban 38 millones), sería muy difícil que ésta no fuera apoyada por los diputados valencianos aunque eso significara retirar recursos, por ejemplo, al País Vasco, aunque el PNV hubiera sido un aliado en la votación de la moción de censura.
En esta línea, fuentes populares informaron ya en la tarde de este lunes que están dispuestos a suprimir del los PGE inversiones en "al menos 70 millones de euros en las que el PNV estaba muy interesado". En concreto, se trata de partidas que iba a ejecutar el Estado pero que le corresponderían al Gobierno vasco, si bien el Ejecutivo de Rajoy había aceptado asumir en el marco del acuerdo de apoyo presupuestario. Así, según el PP, se trataría de inversiones que preveía rentabilizar el PNV pero que, ahora, podrían salir de las cuentas públicas estatales.
Por tanto, de entrada, 70 millones de los 540 que el Ejecutivo de Rajoy se había comprometido a invertir en Euskadi hasta 2020 ya estarían en entredicho. Esta cifra podría ser más alta, dado que el PP está recopilando todas y cada una de esas inversiones que habría correspondido hacer al Ejecutivo vasco para sacarlas de los PGE a través de las mencionadas enmiendas en el Senado. El objetivo ahora, según fuentes populares, es redistribuir esas partidas en otros lugares que resulten "atractivas a los ciudadanos" y "no se descarta el reparto de ellas entre varias Comunidades Autónomas".