El PPCV sufre los rigores de su herencia y pasa del ataque a la defensa

VALENCIA. Desde su llegada el 31 de julio a la presidencia regional del PPCV, Isabel Bonig, ha mostrado lo que de ella se esperaba: un discurso incisivo y beligerante hacia el nuevo gobierno basado, generalmente, en revitalizar la guerra de símbolos, relacionar el proceso catalán con la Comunitat, resucitar el problema del agua y tratar de poner el acento en los conflictos entre Compromís, PSPV y Podemos en esta fase de asentamiento. Para ello, Bonig ha utilizado diversas vías: desde incrementar las reuniones del consejo de dirección del partido -cada lunes- con rueda de prensa posterior, hasta animar a Nuevas Generaciones para que den la batalla en distintos foros.

Este proceso de reanimación por parte del PPCV capitaneado por Bonig ha sido vigilado y comentado internamente desde los partidos de gobierno. El mismo lunes, sin ir más lejos, tras presidir el Comité de Dirección de la formación ‘popular’, la líder popular dio un repaso a la actualidad política en la que no faltaron críticas al Consell por su gestión sobre la posible llegada de refugiados sirios: “Menos postureo y más responsabilidad. Fletar un barco para traer 1.100 refugiados a la Comunitat es otra foto más del Consell, porque saben perfectamente que es una competencia de la Unión Europea”, señaló.

Además, entre otros asuntos, también aprovechó la ocasión para atacar la alianza en el Gobierno valenciano tras el rechazo de la militancia del Bloc a una confluencia con Podemos. “Oltra está más pendiente de este pacto y de cómo puede arrebatar la Presidencia de la Generalitat a Ximo Puig que de gestionar sus competencias”, sentenció.

No obstante, la estrategia ofensiva de Bonig ha empezado a ser repelida por PSPV y Compromís. El objetivo, reducir las posibilidades de llevar la iniciativa y obligarle a que responda sobre otras cuestiones: por ejemplo –y principalmente- acerca de la herencia que ha dejado el Gobierno del PP en las instituciones y también sobre las cuestiones judiciales.

El pasado martes, por ejemplo, Compromís lanzó un comunicado con la información sobre las facturas pagadas por la Generalitat a la red Púnica, investigada en los juzgados. En ellas, se reflejaba que la Administración pagó hasta 4.000 euros por abrir una cuenta en Facebook y Twitter a determinadas consellerias. Una noticia por la que fue preguntada Bonig a la salida de la Junta de Síndics, limitándose a afirmar que los contratos eran “perfectamente legales” y recalcar que no había “nada nuevo” sobre el asunto.

En esta línea, las cuestiones judiciales es uno de los pilares sobre el que los partidos de gobierno planean nutrirse de munición frente al PPCV. Así, ante la imputación del exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y del diputado Víctor Soler, también por el caso Púnica, Bonig anunció una apertura de expediente informativo a los dos dirigentes y emplazó a la existencia de "pruebas contundentes" para otro tipo de actuaciones.

Este martes hubo reacción al unísono y prácticamente idéntica de PSPV, Compromís y Podemos contra Bonig tras la imputación de Torró y Soler

Una decisión que encontró la reacción coordinada de los tres grupos aliados en Les Corts: así, el síndic de Compromís, Fran Ferri, criticó que el PP estuviera "dando marcha atrás" en la línea roja de Alberto Fabra. Las mismas palabras utilizó la secretaria de Coordinación Estatal de Podemos, Ángela Ballester, a través de un comunicado posterior para referirse a la medida de Bonig. En esta línea, el portavoz socialista, Manolo Mata, lamentó que la presidenta del PPCV estuviera "rebobinando" en la "limpieza" de imputados del grupo popular.

Una prueba de que los partidos de Gobierno y su aliado han comenzado a aplicar el hostigamiento a la líder de la oposición que, hasta ahora, estaba logrando generar incomodidad en el Consell. El contraataque por parte de PSPV y Compromís apunta a recrudecerse de forma inminente.