La implacable sentencia sobre el Derecho Foral contrasta con una clase política autóctona más preocupada por la identidad y la cohesión cultural en términos de la Transición que en hacer valer el autogobierno
Se acabó. La larga agonía de la legislación neo-foral valenciana en el Tribunal Constitucional ha terminado con un nada ambiguo resultado de 10 a 1, en un gesto inédito de sensibilidad para con la España plural. Los cónyuges valencianos vuelven por defecto al régimen de gananciales, cuando ya en el siglo XIII gozaban de separación de bienes por defecto. Parece que vamos para adelante a toda máquina.
La argumentación del TC es bien simple: a diferencia de otras nacionalidades históricas con derecho propio -incluidas nuestras parientes de la Corona de Aragón, a priori con los mismos teóricos antecedentes- los valencianos no tenemos derecho a recuperar el propio. El motivo principal - preceptivos informes de instituciones tan imparciales como el Consejo de Estado, donde pacen aristócratas y exministros varios, mediante- es que el País Valenciano no tenía derecho civil propio vigente a la promulgación de la Constitución de 1978; es decir, no le fue graciosamente devuelto por ningún Borbón como en territorios vecinos. Mala suerte, amigos.
Los aspavientos en los dos grandes partidos no pasan del habitual postureo: el PSOE presentó los recursos ante el Tribunal Constitucional durante el mandato de Rodríguez Zapatero y el PP de Rajoy se ha negado repetidamente a retirarlos. Junto a otros grandes hitos del siglo XXI como la financiación autonómica, las inversiones territorializadas en infraestructuras o el cálculo de la deuda sale a relucir cuál es el peso político real de las franquicias valencianas del bipartidismo: cero. Hasta aquí sin novedad en el frente ni nada que no pueda conocer el lector.
Mientras PPCV y PSPV votaban fariseamente a favor de la recuperación del derecho civil foral sin explicar la extraña enajenación mental de sus diputados y senadores, C'S tenía la decencia de votar en contra
A Ciudadanos, más allá de cierta ambigüedad calculada disfrazada de pedagogía, se les ha de agradecer su franqueza: ni condonación de deuda, ni inversiones territorializadas ni derecho foral. Así, mientras PPCV y PSPV votaban fariseamente a favor de la recuperación del derecho civil foral sin explicar la extraña enajenación mental de sus diputados y senadores electos cuando atraviesan el embalse de Contreras, Ciudadanos tenían la decencia de votar en contra -aunque fuese en nombre de la Constitución y la unidad de España. Más compleja, ciertamente, fue la abstención de Podemos: tras un peculiar argumentario sobre legalidad y reforma constitucional se esconden propuestas de legislación -como la famosa “Ley 25”- que supondrían de hecho una formidable centralización de competencias autonómicas bajo una capa de pintura social.
Más allá del márketing político, hay una comprensión muy escasa en los partidos de lo que significa el autogobierno: es sorprendente que los diputados de Compromís en Madrid, teóricamente sensibilizados con estas cuestiones suscribiesen una ley como la ya mencionada 25 que haría imposibles las propuestas de normativa de les Corts en materia de vivienda o pobreza energética, por poner dos ejemplos. ¿Son reducibles estas cuestiones a discusiones de técnica jurídica y conflictos administrativos de competencia? ¿O hay un modelo de autogobierno detrás? ¿Cuestión de eficiencia o de identidad?
La polémica acerca del vídeo “Orgull de ser valencians” encargado por el Consell entra de lleno en algunas de estas cuestiones. No es tan sólo el hecho de adjudicar directamente sin ningún procedimiento público de licitación un vídeo de 34.000 € -ignorando las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público así como cualquier norma o propósito imaginable en materia de transparencia- o que en su parte inicial el vídeo contenga un alegato partidista contra las grandes obras de la etapa del PP más propia de un spot de campaña que ha llevado el proyecto hasta la Junta Electoral. Pero además de eso, hay cuestiones de concepción y modelo más relevantes que si la adjudicataria es valenciana, catalana o bielorrusa.
Vaya por delante que a quién esto escribe, como independentista irredento, catalanista de raíz de los de la Línia en Valencià y canciones de Llach y Raimon como banda sonora desde la niñez, el contenido y el mensaje del vídeo no le desagrada en absoluto. Menos aún la narración del actor y doblador Francesc Anyó, que además tendrá siempre un lugar en la memoria de varias generaciones de jóvenes valencianos como la voz de Vegeta en aquél Bola de Drac A la Babalà que nos acercaba nuestro imperfecto aunque eficaz Canal 9 de los 90. La tierra, la fiesta, las entidades, el esfuerzo colectivo… un relato bonito pero que no se puede dejar de reconocer que es sólo de parte. Una parte con la que algunos se identificarán más que otros pero que desde luego ahora mismo no es el relato de todos.
Han dicho algunos que se podría mejorar el producto. Ofrecer un mensaje más moderno, menos agrario, que el actual, que bascula entre fusteriano y sorollesco. Que hable del presente turístico, (post)industrial y de la diversidad. Que lo haga en más idiomas, en un territorio que ya no es sólo bilingüe. Pero quizá deberíamos preguntarnos, después de tantos años del PP y meta-relatos impuestos con calzador a mayor gloria del dispendio de dinero público, si es el trabajo de la Administración ofrecer un relato uniforme y coherente de qué significa ser valenciano o si se debe dedicar a otros menesteres.
Si se pretende evitar repetir los errores del tiempo del PP y edificar una sociedad más plural podríamos empezar por ser honestos: es bien posible que no sea necesario un único meta-relato hegemónico sino que pueden coexistir varios en constante transformación -y seguramente ésto casa mejor con la idea de parlamentarismo y la democracia deliberativa. Aunque en todo cambio de etapa es necesario algo de olvido, es difícil pensar que se pueda acusar al PP de todos los males sin reconocer cierta colaboración del PSPV-PSOE en aspectos clave -legislación urbanística, gestión de cajas de ahorro, reforma del Estatut…- el apoyo decidido de la patronal que ahora parece impoluta, eso sin hablar del refrendo popular a la política de grandes eventos. Y la paradoja de que, a pesar de lo que se proclame ahora, el sistema cayó simplemente por su propio peso.
Da la impresión de que corremos el riesgo de repetir punto por punto y a pequeña escala los mismos pasos que la izquierda de los 70 que narró Gregorio Morán en su recientemente reeditado El Precio de la Transición (Akal, 2015): disfrazar su debilidad estructural como generosidad y grandes pactos para acabar aceptando punto por punto la agenda y el relato de los reformistas del Régimen. La necesidad de olvido colectivo y cohesión cultural llevó a personajes procedentes de la nomenklatura del Movimiento como Juan Luis Cebrián a aparecer durante décadas como valedores del periodismo moderno hasta que el paso de los años y la hemeroteca les ha caído encima como la losa que nunca consiguieron quitarse de encima. En los albores de una reforma del Estatuto y quizá también de la Constitución, esperemos que a nuestra renovada clase dirigente no le aguarde un destino tan cruel.