MADRID (EP). El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno que reúna a las comunidades autónomas para estudiar con ellas los problemas de financiación que afrontan y ha calificado de "sorprendente y chocante" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí reciba este lunes al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, ha recordado que su gobierno ha reivindicado reuniones tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con la responsable de Hacienda. Sobre la primera no han obtenido respuesta pero sobre la segunda sí. "No nos van a recibir", ha añadido el dirigente autonómico. "Es sorprendente y chocante que reciban al presidente de la Comunidad Valenciana", ha dicho.
Mañueco ha subrayado la necesidad de que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera con todas las comunidades para poner en marcha la reforma del sistema de financiación, "viejo y malo", pero también para buscar de forma inmediata una solución a la actualización de las entregas a cuenta que Hacienda no puede distribuir a las autonomías por estar en funciones y no tener Presupuestos del Estado (están prorrogados los de 2018).
En el caso de Castilla y León, ha apuntado que son unos 440 millones de euros sin los cuales se pone en riesgo la prestación de servicios básicos y el cumplimiento del objetivo de déficit. "Gran parte son ingresos que necesitan las comunidades para mantener la calidad de los servicios esenciales. Lo necesitamos", ha insistido.
Fernández Mañueco ha asegurado que su gobierno reivindicará otra financiación "equilibrada" para todas las autonomías, "porque aquí no hay ni primera ni segunda división", y ha puesto en valor la declaración aprobada en Zaragoza por su comunidad y los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia y Asturias a favor de una financiación "para personas iguales que necesitan servicios de calidad".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral