El presidente de la Audiencia aboga por un equipo de peritos asesor para jueces en casos de corrupción

VALÈNCIA. (EP). El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha destacado que en la lucha contra los delitos económicos y los casos de corrupción "lo más eficaz" sería contar con un "cuerpo técnico de peritos para asesorar" a los jueces, "un cuerpo como el de los forenses", trabajar en la "transparencia en la relación entre empresas y administración" y que el proceso se abordase con "suficiente rapidez".

Así lo ha manifestado durante la conferencia 'La responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos económicos', que ha impartido este jueves en València en el marco de las I Jornadas sobre Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales, organizadas por la Cátedra DeBlanc de la Universitat de València (UV) e inauguradas por la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, y académicos de la institución.

Navarro, preguntado por cómo mejorar el sistema español para reducir los delitos económicos, ha señalado que contra la corrupción "no se puede luchar sin múltiples puntos de vista" y se ha referido a los ámbitos de la "prevención" y a la "represión".

"En el ámbito preventivo, sobre todo la transparencia", ha agregado, antes de defender que, "sin duda", "si hablamos de corrupción", se debe promover la transparencia "en cualquier relación entre empresas y administración".

En cuanto a la "represión", ha enumerado "dos formas de hacerla eficaz" y ha expresado su deseo de que los jueces "ojalá" dispusieran de un "cuerpo técnico de peritos en este tipo de materias que puedan asesorar" en estos casos, un "cuerpo como el de los forenses". "Tenemos que acudir muchas veces a la Agencia Tributaria o coordinarnos con el Banco de España", ha lamentado.

En segundo lugar, ha puesto el foco en la "lentitud" de la Justicia, aunque ha puntualizado que no se debe "asumir a los jueces como personas responsables" de la misma, sino que es algo que se produce "en general" en la administración de la Justicia.

De esta forma, para combatir los delitos económicos y la corrupción, ha defendido: "Si lo prevenimos mediante la transparencia y, en el caso de que se haya vulnerado la legislación penal, actuamos con técnicos suficientes y rapidez suficiente, sería lo más eficaz".

Por otro lado, el director de la Agencia Valencia Antifraude, Joan Antoni Llinares, ha preguntado al presidente de la Audiencia Nacional sobre si en delitos de corrupción cree que lo adecuado es inhabilitar a las empresas implicadas para que no puedan volver a presentarse a concursos públicos. Navarro ha asegurado que esta medida es "una de las sanciones más adecuadas en caso de corrupción", para que la empresa implicada "no se siga contratando después".

Además, durante su intervención, José Ramón Navarro ha opinado que "no parece muy razonable" que no pueda condenarse a una persona jurídica por delitos contra los derechos de los trabajadores y que "se castigue solo a los administradores" en lugar de a la empresa.

Durante su discurso, ha explicado los casos en los que se exige responsabilidad penal a las personas jurídicas, sus excepciones, los atenuantes, qué sanciones pueden imponerse y cómo se puede eximir a las empresas con un 'compliance' eficaz y una supervisión correcta. También ha recordado casos prácticos como el de Bankia por el que la firma auditora Deloitte "se sentará en el banquillo".

Asimismo, ha advertido que alrededor del 80% de los delitos económicos en la Unión Europea tienen lugar "bajo el marco de una persona jurídica", o bien por "directivos consiguiendo beneficios ilícitos" o por parte de "personas que debieran ser vigiladas para no cometer esos delitos", como cargos intermedios.

Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, también ha remarcado que "sería conveniente una reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal de forma que se cree un cuerpo de peritos especializados en finanzas, contabilidad y economía, cuyos informes sean válidos desde el punto de vista procesal" y a los que los jueces puedan recurrir "desde el inicio de la investigación". "Esperamos que (la reforma) sea abordada lo antes posible", ha añadido.

Bravo ha indicado se trata de unos "tipos ilícitos que, a su vez, son consecuencia de otros crímenes como el narcotráfico" y acaban en procesos "de gran complejidad" para los que los jueces y fiscales "no siempre cuentan con las herramientas necesarias para luchar contra ellos".

En la misma línea, en declaraciones a los medios, ha señalado que el Código Penal está "suficientemente actualizado para actuar con contundencia" y que la "respuesta ya es dura", puesto que los delitos económicos y la corrupción están "penados con importantes penas de prisión". "Lo importante es facilitar las herramientas adecuadas a jueces y fiscales, al igual que a la policía, para que la respuesta penal se pueda dar en un tiempo razonable", ha subrayado.

Bravo ha indicado que la "corrupción en los últimos años es una de las principales preocupaciones de los españoles y ha generado mucha desconfianza", por lo que "corresponde al poder judicial evitar que todas estas actuaciones fuera de la legalidad queden en el marco de la impunidad, actuando con contundencia de una forma pronta y responsable".

Así, ha recordado que la propia Cátedra DeBlanc creada por la Conselleria el año pasado asesora a jueves y fiscales y ofrece formación sobre delincuencia económica, nuevas tecnologías y 'Big Data'. Este año su dotación se ha incrementado hasta los 140.000 euros.