VALENCIA. El presunto fraude en las subvenciones públicas recibidas por la patronal de Alicante (Coepa) alcanza los 3,3 millones de euros. Esta sería la suma total de las facturas que la organización empresarial habría presentado por duplicado para justificar tanto el crédito de 3 millones que le concedió el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para construir un centro de formación como las ayudas otorgadas por la Conselleria de Economía y Empleo por la impartición de los cursos.
Tal y como adelantó este jueves Valencia Plaza, el Consell ha detectado una serie de irregularidades que ha puesto en conocimiento de la Intervención de la Generalitat para que ésta valore si procede denunciar a Coepa ante la Fiscalía por fraude en la tramitación de subvenciones públicas. De dar traslado, la patronal alicantina, que además está en pleno concurso de acreedores , seguiría los pasos de la de Castellón (CEC), cuya cúpula está siendo investigada en un juzgado de Nules como presuntos autores del mismo delito más el de falsedad documental.
Según explican fuentes conocedoras del procedimiento, las facturas que están siendo revisadas se emitieron entre 2005 y 2010, periodo en el que el presidente de la organización era Modesto Crespo, y corresponden a parte de las obras de construcción de un centro para formación en prevención de riesgos laborales y cualificación continua.
Las obras del complejo, que cuenta con 6.800 metros cuadrados y está levantado sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento, comenzaron en el año 2000. En principio se financiaron con aportaciones tanto de la Generalitat Valenciana como del Fondo Social Europeo, pero en 2006 el IVF concedió un crédito de 3 millones para ampliar el proyecto.
En el periodo bajo sospecha, Coepa presentó facturas al IVF por un importe total de 4,7 millones de euros, precisan las fuentes consultadas. Esas mismas facturas sirvieron también para justificar posteriormente las ayudas concedidas por el Servef y por la Dirección General de Trabajo por importe de 2,1 millones y 1,2 millones de euros, respectivamente.
A la presentación de la misma factura para duplicar las cantidades a percibir se sumaría, además, el incumplimiento de las condiciones que el Servef fijó para la concesión de las ayudas, ya que una de las premisas era que el centro de formación mantuviera su actividad, pero el recinto ha estado casi tres meses parado como consecuencia de la crisis.
Por ello, tanto el IVF como el Servef han enviado sendos escritos a la Intervención de la Generalitat alertando de la detección de facturas duplicadas por un importe conjunto de 3,3 millones de euros y están a la espera de que el organismo dependiente de la Conelleria de Hacienda determine cómo actuar.
Según fija el artículo 308 del Código Penal, las maniobras realizadas por las entidades receptoras de subvenciones públicas para falsear los requisitos exigidos para beneficiarse de las mismas pueden ser constitutivas de un delito de fraude en subvenciones, castigado con penas de prisión que van de uno a cinco años.
La imposibilidad de pagar el crédito del IVF, y los 900.000 euros de los intereses correspondientes, ha sido precisamente lo que ha arrastrado a la organización a la situación de insolvencia en la que se encuentra.
El crédito del IVF que asfixia a Coepa fue pactado entre Joaquín Rocamora, expresidente de la patronal alicantina, y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. La organización siempre ha pretendido saldar la deuda con la dación en pago del edificio. Incluso ahora, en pleno concurso, fía su viabilidad a la valoración que obtenga del inmueble.
En ese sentido, la directiva de Coepa, renovada parcialmente desde la dimisión de Moisés Jiménez en marzo, aspira a que el IVF se quede su edificio valorado a precio de mercado, unos 4,5 millones. De no conseguirlo, la patronal alicantina tendría muy complicado superar el concurso.
Pero el IVF, pendiente de que su consejo apruebe la reformulación de sus cuentas de 2014 tras haber destinado 58,7 millones de euros a provisiones por insolvencias de "pufos heredados" del anterior Consell, no está en disposición de realizar concesiones.
De hecho, fue la exigencia del IVF, forzado a su vez por el presente de Cepyme Alicante y otros empresarios enfrentados a la dirección de Coepa quienes instaron al IVF a iniciar un procedimiento de embargo contra los bienes de la patronal alicantina ante el impago del crédito.
Por otro lado, Modesto Crespo, bajo cuya etapa en la presidencia de Coepa se habrían producidos las irregularidades detectadas por el IVF y el Servef, acaba de ser procesado por el cobro ilegal de dietas cuando era presidente de la CAM. La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para él y para el exdirector general de la entidad por apropiación indebida y administración desleal.
El expresidente de la CAM está procesado por, presuntamente, embolsarse una dieta anual de 300.000 al ser designado en 2009 presidente de Tinser Cartera, una empresa participada por la CAM.