El problema de ser ministra y secretaria general del PSPV

VALÈNCIA. Había un tiempo en el que tener a un ministro valenciano comportaba mayoritariamente buenas noticias. Primero porque tan solo la esperanza de poder aumentar la capacidad de influencia en el Gobierno central ya era suficiente motivo de celebración. Esa presencia también facilitaba la interlocución con los diferentes sectores del territorio de origen a la hora de recoger reivindicaciones, problemas o consultas. Es decir, sabían a quién dirigirse en Madrid. Además, cualquier logro de gestión –especialmente en lo que a inversiones se refiere– tenía buena venta. Aunque todo lo que se reclamara no llegara a ser atendido, tampoco había grandes incendios. 

Pero luego llegó la era Pedro Sánchez. O mejor dicho, la era del Pedro Sánchez dependiente de los partidos independentistas por una complicada aritmética parlamentaria que le permita mantenerse en la presidencia del Gobierno. En ese Ejecutivo es ministra Diana Morant, que a su vez es secretaria general del PSPV. Cargos compatibles, pero que provocan, en el contexto actual, la necesidad de una defensa cerrada del líder en cualquier asunto. Aunque éste choque con los intereses de la propia federación socialista en la Comunitat Valenciana. 

Y es lo que está ocurriendo precisamente en este momento. El preacuerdo de Sánchez con ERC para que Cataluña disponga de una financiación singular similar a un concierto económico –y que serviría para investir al candidato del PSC, Salvador Illa, presidente de la Generalitat– ya ha generado el rechazo de varias federaciones socialistas. No así la de la valenciana. 

El malestar ha ido creciendo en las últimas horas. Primero, salieron los críticos clásicos dentro del PSOE: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con la performance de la rosa en la mano para reivindicar su socialismo; y el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán.

Pero a ellos se les han unido ya otros, como Extremadura, Madrid, Castilla y León o Asturias, con menores decibelios pero con un posicionamiento que resulta relevante. El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, propuso este jueves a Sánchez que convoque el Consejo de Política Federal, en el que están representados todos los secretarios generales de las diferentes comunidades autónomas, para dialogar sobre la financiación autonómica. A lo que añadió que defenderá "siempre" los principios del partido, "que son la solidaridad entre los españoles", y que está "radicalmente en contra de cualquier sistema de financiación que implique desigualdad entre los españoles".

El consejero de Hacienda y Fondos Públicos del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, mostró el rechazo a que Cataluña, o cualquier otra CCAA, abandone el régimen común de financiación a través de un concierto fiscal. "Hay que entender que un concierto fiscal supone una merma de los recursos del Estado", razonó, asegurando que este asunto "va más allá" del debate de la financiación autonómica y afecta al debate de la financiación del Estado en su conjunto. En este sentido, aseguró que un concierto fiscal "puede suponer una merma de los recursos del Estado" y, por tanto, "un límite a la solidaridad". 

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, consideró el pasado miércoles que el modelo de cupo para Cataluña "no es el ideal" y defendió un modelo basado en la "cohesión, de proyecto común, de igualdad" que son "los valores socialistas". Aún así, pidió "respetar" la investidura de Illa. 

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró estar "tranquilo" tras conocer el pacto entre el PSC y ERC pero porque está convencido de que las propuestas de los independentistas "no se llevarán a cabo", al tiempo que trasladó su rechazo a que haya una financiación "singular" para Cataluña que perjudique a Castilla y León dentro de su defensa de la "igualdad y la solidaridad" entre territorios.

El intento de contener el malestar

Una parte del descontento de los territorios por el pacto se debe a que no han sido informados de su contenido ni de las negociaciones. Sánchez ha tratado de contener el malestar hasta la votación de este viernes de las bases de ERC, que tienen que ratificarlo. Pero no lo ha logrado. 

¿Y la Comunitat Valenciana? En este momento, se ubica junto a las federaciones defensoras del pacto: Murcia, Baleares, Cantabria, Galicia y Navarra. Pese a que el propio PSPV ha alzado durante los últimos años la bandera de la infrafinanciación autonómica reclamando el cambio de modelo, su actual líder, Diana Morant, no puede hacer, básicamente, otra cosa. Se lo impide su rol de ministra. Lo que sitúa al PSPV entre los territorios en los que se está produciendo un mayor cierre de filas con Sánchez aunque sus decisiones puedan perjudicarle.

La líder de los socialistas valencianos se ha limitado a señalar que la Comunitat ha recibido "la mejor y mayor financiación" de su historia con el gobierno de Sánchez y que el preacuerdo del PSC con ERC es "positivo" porque "avanza por el camino de la convivencia y la normalidad constitucional y política".

Al margen de la defensa cerrada de Morant, el silencio dentro del PSPV es notable. El síndic socialista, José Muñoz, tan solo se pronunció el martes en À Punt para valorar las transferencias de dinero del Ejecutivo central a la Comunitat, así como las inversiones. Así que en el partido reina el silencio público –facilitado por la época del año en la que se ha producido todo, sin apenas agenda ni foco mediático– y, a la interna, la resignación.