En su conocido ensayo Derecha e izquierda, el filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio explicaba las claves de la distinción de estos conceptos vigentes desde hace más de dos siglos y antitéticos en el espacio político. En síntesis, concluía que la izquierda tiene una mayor tendencia hacia el “igualitarismo” y la igualdad, mientras que la derecha tiende a aceptar ciertas desigualdades que considera naturales y a respetar otras de tipo social que están marcadas por el mérito o la tradición. Ello implica, según el autor, que una teórica política de izquierdas haría más hincapié en la atenuación y reducción de los factores de desigualdad, frente a una derecha que —podríamos añadir—creería más en la igualdad de oportunidades que en la de resultados y que daría preeminencia a la libertad frente a la igualdad entendida como imposición y uniformismo igualitarista.
Traigo a colación lo escrito en 1994 por Bobbio (referente teórico respetado por la izquierda moderada y democrática) sobre la igualdad (tema estrella y bandera tradicional de la izquierda), para poner de manifiesto la mutación que ha sufrido la izquierda en Occidente en los últimos años, atrapada por la corrección política, las políticas de identidad y la cultura de la cancelación. Pero esta deriva involucionista es todavía mayor en España de la mano del sanchismo, que ha abdicado del concepto republicano y democrático de ciudadanía para abrazar los discursos identitarios del nacionalismo más retrógrado.
La alianza del PSOE y la extrema izquierda con los nacionalismos más reaccionarios y antiliberales no solo es nociva para los intereses generales de los españoles; supone además el cuestionamiento de la Constitución que nos reconoce como ciudadanos libres e iguales, la que proclama la igualdad de todos ante la ley y el principio de solidaridad entre territorios, la que prohíbe privilegios.
La izquierda ha sustituido la idea de igualdad por un conjunto de reclamaciones identitarias, presuntos derechos históricos y singularidades a la carta, que han sido asumidos por puro interés electoral para impedir la alternancia política y en perjuicio de la mayoría de españoles.
Pedro Sánchez ha pisoteado sistemáticamente el principio de igualdad en todos sus aspectos, y todo por su desmedida ambición de poder y para obtener un beneficio exclusivamente personal. Así, no dudó en dinamitar la igualdad ante la ley con una amnistía inconstitucional y otorgando impunidad a los autores de graves delitos contra el Estado y la Hacienda pública a cambio de apoyo político. Ahora, con un pacto infame con Esquerra Republicana que asume el relato falaz del independentismo contra España (el del “conflicto político” y el de “Espanya ens roba”), para hacer presidente de la Generalitat de Cataluña a Salvador Illa. Un acuerdo de independencia fiscal que excluye a esa comunidad de la caja común otorgándole un estatus privilegiado en perjuicio de las demás comunidades autónomas y en flagrante violación de la Constitución.
Con este concierto fiscal catalán, Sánchez rompe la Hacienda del Estado y el mandato constitucional de velar por la solidaridad entre comunidades y el equilibrio y la cohesión de todos los territorios.
Digámoslo sin ambages: los enjuagues de Sánchez suponen el desmantelamiento del sistema autonómico que nos dimos en 1978, basado en la igualdad y la solidaridad, y su sustitución por un modelo confederal asimétrico, en el que solo algunos podrán negociar bilateralmente sus privilegios y tratos de favor al margen del modelo común. Eso es lo que hoy defiende el PSOE y la izquierda española: la ruptura de la solidaridad entre territorios y el otorgamiento de privilegios.
Para el Partido Popular, la igualdad y la solidaridad son principios irrenunciables con los que no se puede mercadear a cambio de privilegios. Por ello, vamos a dar todas las batallas para preservar lo que el sanchismo pone en riesgo: la sanidad, la educación, los servicios sociales y el conjunto de servicios públicos que prestan las CCAA y las entidades locales.
Frente al vergonzoso y entusiasta apoyo al concierto catalán por parte de la señora Morant y del señor Bielsa, delegados valencianos del sanchismo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha alzado la voz en defensa de los intereses de la Comunitat, anunciando todos los recursos en su mano frente a la insolidaridad, la desigualdad y los privilegios promovidos por Pedro Sánchez que perjudican a nuestra Comunitat, ya demasiado maltratada y a la cola en el sistema de financiación.
Mientras los socialistas valencianos permanecen callados y genuflexos ante su jefe de partido, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana seguirá siendo la voz de los constitucionalistas que creen en libertad, la igualdad y la solidaridad y defenderá los intereses de nuestra tierra y de todos los valencianos ante las tropelías de Pedro Sánchez.