El PSOE solicita nueve años de cárcel para Camps por el 'caso Gürtel'

VALENCIA. El PSOE, acusación popular en el caso Gürtel, solicita nueve años de prisión y 16 de inhabilitación para cargo público para el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, por malversación y tráfico de influencias. El escrito se presentó el mismo día que el de la Fiscalía Anticorrupción. 

El Ministerio Público pide dos años y medio por fraude y prevaricación administrativa por los supuestos amaños en la adjudicación de la Generalitat a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009.

Tras una instrucción de algo menos de un año en la Audiencia Nacional, Camps fue procesado a principios de este mes una vez que el juez José de la Mata constató que existe "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".

La reapertura de esta pieza, que estaba a falta de juicio, con el consiguiente procesamiento de Camps se hizo tras las declaraciones en el juicio de la financiación irregular del PPCV de los cabecillas de la Gürtel y del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, quienes acusaron al expresidente de estar detrás del amaño de los contratos.

La acusación del PSOE

El PSOE presentó este martes un escrito de acusación, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, en el que afirman que el grupo Correa, con Álvaro Pérez al frente, desembarcó en València a petición de Francisco Camps. Pérez estuvo al lado del expresidente desde el año 2003.

Exponen que "la trayectoria del grupo Correa en València va indisolublemente unida al creciente poder de Francisco Camps en esa Comunidad Autónoma. Es Francisco Camps quien reclama que Álvaro Pérez se desplace a València y quien ordena que sea a través de la empresa Orange Market -cuya cabeza más visible es Álvaro Pérez- que se organicen los actos del partido y las campañas electorales".

Y añaden que, "en reconocimiento al apoyo prestado en su ascenso, además de una intensa amistad con Alvaro Pérez, Francisco Camps favorece a la trama con la adjudicación de distintos contratos de la Generalitat Valenciana y de diversas entidades públicas dependientes de la misma".

En cuanto a los hechos concretos del caso, asevera la acusación popular que "al mismo tiempo que se les adjudica irregularmente el stand de la Generalitat, y en contra de lo que venía siendo habitual", que cada expositor organizase y contratase su propio stand en la feria, "en 2009 y por indicaciones de Camps, se decide adjudicar también irregularmente a la empresa Orange Market el diseño y montaje del Stand de Grandes Eventos así como todos y cada uno de los stand que lo integraban".

Y apostilla que,"los hechos reúnen características e indicios que hacen imposible que se produjesen sin las indicaciones directas y personales impartidas por el entonces presidente, Francisco Camps". Para apuntalar esta afirmación, desde el PSOE exponen una lista de indicios como el hecho de que Orange Market era un empresa desconocida, nueva y sin experiencia pero que fue contratada por varias consellerias, direcciones generales y sociedades públicas. Y que esos contratos solo tienen una explicación plausible, "que desde arriba, es decir, desde Presidencia, se hubiera dado órdenes de contratarla".

Exponen que "en cuanto a la forma de contratación, en todos los casos analizados es muy forzada, prescindiendo del mínimo procedimiento, de los requisitos de concurrencia y publicidad y han sido impuestos desde muy arriba".

Es en este punto del relato cuando el PSOE explica que Camps ordenó darle el contrato a Orange Market como forma de pago, y de paso, para callarlos por la deuda que el PPCV tenía con el grupo Correa por el 'dopaje electoral' porque, "Este sistema de pago, mediante sobreprecios en los contratos adjudicados, era más seguro para todos, hacía mucho más complicada la averiguación del delito electoral al no quedar rastro de para qué se utilizaba el dinero, ni de las fechas en que era utilizado, y mientras se mantuviesen en el gobierno, garantizaba una estabilidad en el cobro: aunque la administración pague tarde, es un pagador mucho más seguro".

Para sustentar estas afirmaciones, desde el PSPV se refieren a las declaraciones que se vertieron en el juicio por la financiación irregular del PPCV, y que sirvieron como base de la condena, además de para reabrir esta pieza. Aseveran que otra de las imputadas, la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars, dependía directamente del presidente Camps y que dio el contrato por orden de éste porque "había comprometido su palabra con Orange Market".

Acusación de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Camps dos años y medio por fraude y prevaricación. Aunque el magistrado proponía juzgar al expresidente por un delito de prevaricación, también dejaba la puerta abierta a una imputación más amplia en esta pieza 5 del caso Gürtel, ya que hasta ese momento le había investigado también por fraude. Y estos son precisamente los dos delitos que Anticorrupción ha incluido en su escrito de acusación.

Al igual que el juez, Anticorrupción considera que Pérez Alonso y Camps mantenían una "fluida relación" desde el año 2003 por ser el primero "la persona responsable de la organización de los eventos del PP en la Comunidad Valenciana y de la proyección de la imagen pública" del expresidente valenciano.

Y así fue cómo, según el escrito del fiscal, Camps facilitó a 'El Bigotes' el "acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de Fitur y de otras ferias y eventos", quienes "siguiendo instrucciones" del entonces presidente posibilitaron que Orange Market "obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, de organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat".

Es lo que ocurrió en las ediciones de Fitur. En la del año 2009, que es la que aquí se ha investigado, Álvaro Pérez y Cándido Herrero, gerente de Orange Market, bajo la "superior dirección" del líder de la Gürtel, Francisco Correa, y el que era su 'número dos', Pablo Crespo, "se concertaron" con Camps para que éste, "como máxima autoridad autonómica", dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del stand de Grandes Proyectos de la feria de turismo fuera directamente adjudicado a Orange Market, al margen del procedimiento legal.

El fiscal subraya además que esta presunta colaboración entre Camps y la trama, impulsada también por la "elevada deuda" que había adquirido el PP con las empresas de Gürtel, incluía que la "adjudicación ilícita" no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo "bajo la autoridad del presidente".