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Sustituirá a Fernández Marugán que ha ocupado el cargo durante más de cuatro años

El PSOE y el PP acuerdan que Ángel Gabilondo sea el próximo Defensor del Pueblo

21/10/2021 - 

VALÈNCIA. (EP) El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para que el exministro y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea el próximo Defensor del Pueblo, un órgano que lleva pendiente de renovación desde julio de 2017, según han informado a Europa Press fuentes de la negociación.

Este pacto se enmarca en las conversaciones que están desarrollando PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales. Aparte del Defensor del Pueblo, esperan llegar a un acuerdo en las próximas horas sobre el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos.

El primer nombre que ha trascendido de ese acuerdo es el de Gabilondo (San Sebastián, 1949), que dejó la primera línea política tras el batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid, en las que la candidatura que encabezaba cosechó el peor resultado histórico de los socialistas en esta Comunidad.

Tras anunciar la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el adelanto electoral, el PSOE decidió volver a confiar en Gabilondo la candidatura, a pesar de que se llevaba meses hablando de él como próximo Defensor del Pueblo, y prácticamente se tenía asumida su marcha de la Asamblea en un futuro próximo.

No obstante, la convocatoria pilló al PSOE sin otro candidato claro, y sin visos de poder alcanzar pronto con el PP un acuerdo para renovar este órgano constitucional, tras frustrarse una vez más la negociación para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La trayectoria de Gabilondo

Ahora, casi medio año después, y con Gabilondo ya al margen de la política, los socialistas han decidido volver a ofrecerle el puesto, lo que de algún modo resarciría la salida que tuvo el exministro de la Política en mayo, cuando fue el único, junto al líder del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que dimitió por los malos resultados de las elecciones.

La carrera política de Gabilondo empezó en 2009, de la mano del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando decidió nombrar al entonces rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) nuevo ministro de Educación. El catedrático de Filosofía también era en ese momento presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Tras su paso por el Gobierno --que acabó en 2011 con la llegada del PP a Moncloa--, Gabilondo decidió seguir vinculado al PSOE y a la política y, en las autonómicas de 2015, se convirtió en el candidato a presidir la Comunidad de Madrid.

En aquella ocasión logró superar ligeramente los resultados de su predecesor, Tomás Gómez, pero quedó tras el PP, sin posibilidad de gobernar. No obstante, en 2019 decidió repetir como candidato y en esa cita sí se hizo con la victoria --que el PSOE no alcanzaba desde el 87--, aunque no logró los suficientes apoyos para gobernar.

Tras otros dos años como líder de la oposición --muy cuestionado durante la pandemia--, se daba ya por hecho su salto a la Defensoría del Pueblo, si bien el adelanto electoral de Díaz Ayuso llegó antes que el acuerdo que, ahora sí, el PSOE y el PP han sellado para renovar esa institución, que lleva desde 2017 en funciones. 

Teresa Jiménez Becerril será la 'número dos'

El PSOE y el PP han acordado que la diputada sevillana del PP Teresa Jiménez Becerril sea la adjunta al Defensor del Pueblo, un puesto que ocupará el exministro socialista Ángel Gabilondo, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Este pacto se enmarca en las negociaciones entre ambos partidos para renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y su adjunto, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, y la Agencia de Protección de Datos.

Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano asesinado por la banda terrorista ETA, tiene escaño en el Congreso por Sevilla desde 2019 y actualmente ejerce como vicepresidenta Segunda de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Anteriormente fue eurodiputada del PP durante diez años.

En estos años, Jiménez Becerril ha sido muy crítica con la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. También ha censurado sus acuerdos con Bildu.

De hecho, este mismo jueves censuró las declaraciones del coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, por vincular presos y Presupuestos. "Aquí Otegi deja bien claro, que los presos son suyos, porque son de ETA, como él. Por si alguien tenía dudas*", dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Con la marcha de Jiménez Becerril a la institución del Defensor del Pueblo, a propuesta del PP, regresará al Congreso de los Diputados el sevillano Ricardo Tarno, que fue ya diputado nacional por el Grupo Popular desde 2008 hasta 2016.

El Defensor del Pueblo en cuatro décadas

El socialista Ángel Gabilondo será el nuevo defensor del pueblo, después de que PP y PSOE hayan llegado a un acuerdo, según han confirmado este jueves a Europa Press fuentes de la negociación. El exministro se convertirá, una vez su elección sea votada en el Parlamento, en la séptima persona en ocupar este cargo desde la creación del cargo en 1982, hace ahora 39 años.

Cabe destacar que, en estas casi cuatro décadas de historia solo ha habido una mujer elegida por las Cortes para liderar la Institución: Soledad Becerril, entre 2012 y 2017.

El 7 de mayo de 1981 el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo y las Cortes eligieron al primer Defensor el 28 de diciembre de 1982.

Fue Joaquín Ruiz-Giménez, doctor en Derecho y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, fue exministro de Educación Nacional durante la dictadura y fundador, ya en democracia, del partido Izquierda Democrática. Ruiz-Giménez ocupó la defensoría del pueblo cinco años, hasta diciembre de 1987.

Tres meses más tarde, el Parlamento nombraría como Defensor a Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado, quien había sido adjunto de su antecesor. También doctor en Derecho, participó en la implantación de esta Institución en España a la que contribuyó decisivamente en la redacción de su proposición de Ley.

Gil-Robles cumplió sus cinco años de mandato, hasta marzo 1993, y fue sustituido durante 1 año y nueve meses (hasta diciembre de 1994) por la que fuera su adjunta, Margarita Retuerto. Si bien, ella fue la primera mujer en asumir este cargo, nunca lo hizo de forma oficial, sino como defensora en funciones.

Retuerto había sido jefa de la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario Popular del Congreso entre 1978 y 1982, y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Además, tras ser cesada de su puesto como defensora interina, recuperó su lugar de adjunta primera de la Institución, hasta 1996.

Su sucesor aprobado por las Cortes fue Fernando Álvarez de Miranda y Torres, que ocupó su puesto como Defensor del Pueblo entre 1994 y 1999. Abogado, sufrió cárcel y destierro, durante el franquismo, por su compromiso político y en 1976 fundó el Partido Popular Democrático Cristiano, integrante de la Unión de Centro Democrático, por el que fue diputado por Palencia en dos legislaturas. En 1977 sería elegido presidente del Congreso de los Diputados, durante cuyo mandato se aprobó la Constitución de 1978.

Álvarez de Miranda y Torres fue el predecesor de Enrique Múgica, el Defensor del Pueblo que más tiempo ha ocupado este cargo: desde el 15 de junio de 2000 hasta julio de 2010. Además, su primera elección se realizó en una primera votación favorable superior a las tres quintas partes de los miembros de Congreso y Senado.

Múgica, fue diputado socialista por Guipúzcoa en todas las legislaturas desde la constituyente hasta el año 2000, en el que fue elegido como Defensor. Además de diferentes cargos en comisiones de la Cámara Baja, Múgica ejerció como Ministro de Justicia entre 1988 y 1991, un periodo en el que se aprobaron, entre otras leyes, la de Demarcación y Planta Judicial, la de Sociedades Anónimas y las reformas procesales y penales que dieron lugar a la creación de los juzgados de lo penal.

Tras finalizar el mandato del exministro del PSOE, fue su adjunta primera, María Luisa Cava de Llano quien ocupó el cargo de Defensora del Pueblo en funciones. Lo hizo durante más de dos años.

Esta abogada ejerció gran parte de su carrera política en Baleares y, concretamente en Ibiza, de donde es originaria. Ya entre 1993 y 2000 fue diputada del PP en el Congreso, puesto que abandonó para formar parte del equipo de Múgica en la Institución.

No fue hasta el 23 de julio de 2012 cuando la primera mujer elegida por las Cortes ocuparía este puesto. Licenciada en Filosofía y Letras, Becerril tiene una dilatada carrera política en la que destaca el haber sido la primera ministra de la democracia, tras asumir la cartera de Cultura en 1981, en el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo.

Además, durante seis legislaturas ha sido miembro de las Cortes: cinco como diputada -una de ellas como vicepresidenta del Congreso- y en otra legislatura como senadora. También ha sido Concejal del Ayuntamiento de Sevilla y en 1995 fue elegida alcaldesa de la capital andaluza, cargo que desempeñó hasta 1999.

Berril terminó su labor al frente de la defensoría en julio de 2017 y fue sustituida por su adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, que ha ocupado este puesto en funciones desde entonces, el periodo más largo sin un Defensor elegido por las Cortes desde la creación de esta Institución: cinco años y tres meses.

Economista experto en Economía Pública, Fernández Marugán ha sido funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y de Inspectores de Hacienda y diputado socialista en ocho legislaturas. Durante su cargo en funciones ha lidiado con la pandemia del Covid-19 o las crisis migratorias de Canarias de los últimos años y la de Ceuta el pasado mes de mayo.

Funciones

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.

Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.

Solo hasta octubre de este año, la Institución ha recibido casi 22.000 quejas de ciudadanos, ha llevado a cabo 140 actuaciones de oficio y ha estudiado 146 peticiones para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.

El presupuesto previsto para la institución en 2022 es de 18,6 millones de euros, lo que supone alrededor de un millón más que en el ejercicio anterior. En cuanto a la retribución de lo altos cargos de esta institución, en 2021 se destinaron 505.700 euros a los sueldos de Defensor, adjunto primero, adjunta segunda y secretario general.


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