VALÈNCIA. (EP) El PSPV-PSOE se sumará a las movilizaciones ciudadanas para reclamar que la AP-7 sea gratuita y pública en su tramo de Alicante a Tarragona a partir del 31 de diciembre de 2019, fecha en la que vence la concesión y vuelve a manos del Estado.
Tras la negativa del PP y Ciudadanos de votar esta semana la enmienda socialista a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 para garantizar la liberalización de la autopista, los socialistas valencianos han mostrado su respaldo la manifestación del próximo miércoles, 23 de mayo.
La protesta tendrá lugar a las once de la mañana frente a la sede de Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana, en la céntrica calle Colón de València. Está convocada por la Confederación de Asociaciones Vecinales y Consumidores (Cave-Cova) y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), detalla el PSPV en un comunicado.
La responsable de Infraestructuras, Sandra Martín, ha defendido que la liberalización de la AP-7 es una "solución justa" y que, por ello, los socialistas exigen al Gobierno que presente "de inmediato" un calendario de obras de acceso y salida en los municipios por los que discurre la autopista. El objetivo que el 1 de enero de 2020 "todos los conductores puedan transitar libremente por esta vía, por la que los ciudadanos han pagado durante medio siglo".
Ha criticado así que esta semana tanto el grupo 'popular' como los de la formación naranja no apoyasen la enmienda del PSOE, en la comisión de Presupuestos del Congreso, que reclamaba la liberalización de la AP-7, además de la construcción y estudio de enlaces entre algunas localidades.
La socialista también ha recordado que el Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria a los diputados del PSPV-PSOE en el Congreso, señaló que "no tenía entre sus planes liberalizar la AP7".
En esta respuesta, el Ejecutivo aludía a la posibilidad de liberalizaciones parciales o descuentos para que la AP-7 pueda ser utilizada como circunvalación en tramos concretos, pero lo condicionaba a un acuerdo al respecto con la Generalitat para que abone el gasto, según los socialistas.
En cualquier caso, para la secretaria de Infraestructuras del PSPV, la no reversión de la AP-7 supone "la constatación de un nuevo maltrato a la Comunitat y a los valencianos, ya que deben asumir el pago de peaje de una carretera amortizada". Ha advertido de las consecuencias para la movilidad de los residentes y en la pérdida de competitividad de la industria y el sector turístico frente a otras comunidades que cuentan con vías rápidas sin peaje.
Y ha exigido que no haya prórrogas que pudieran generar "nuevos compromisos e indemnizaciones para empresas privadas". Por contra, ha defendido la adjudicación de una nueva concesión de explotación y mantenimiento sin peaje, además de revisar accesos, salidas y puntos que en los que se debería ampliar la capacidad.
Los socialistas ven como una "broma de mal gusto" que el Ministerio de Fomento mostrase disposición a aprobar liberalizaciones parciales "siempre y cuando asuma su coste la Generalitat, mientras asume el gasto de esas liberalizaciones parciales en Galicia".
La diputada ha denunciado así que "el desprecio a la Comunitat no es solo por la mala financiación". "A una de las comunidades mejor financiadas, como Galicia, se le liberalizan sus peajes a coste cero y a los valencianos se nos exige que nos hagamos cargo", ha ilustrado.
Ante esta situación, ha pedido al Gobierno que trabaje con la Generalitat para habilitar esas liberalizaciones parciales, así como que asuma su gasto, "como hace en la AP-9 en Galicia". Respecto a la postura del PP, ha criticado que "prefiere callar, ser vocero de Rajoy y asegurar sus cargos de cara a las siguientes elecciones antes que trabajar por los valencianos".
