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la abogacía de la generalitat detecta irregularidades

El PSPV pide que el director del IVF explique en Les Corts los créditos a empresas del Valencian Global

12/01/2016 - 

VALENCIA (EFE). El portavoz de Hacienda del grupo socialista en Les Corts, José Muñoz, ha solicitado la comparecencia del director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, sobre las "irregularidades" en la concesión de los créditos del IVF a dos consultoras para la organización del 'Valencia Global Growth'.

Muñoz ha criticado que cada vez es "más evidente que en cada cosa que participaba la Generalitat bajo el mandato del PP, había irregularidades" y ha lamentado que para el anterior Consell "lo habitual fuese no cumplir las leyes en materia de contratación"

El portavoz socialista de Hacienda en Les Corts se ha referido en un comunicado a la concesión desde el IVF de 4'5 millones de euros en créditos participativos a dos consultoras para la organización de los 'Valencian Global Growth' a través de un procedimiento que, según la Abogacía de la Generalitat, "se produjo sin concurrencia, sin publicidad e infringiendo las normas de contratación del sector público".

Cree necesario que desde el PP "se aclare por qué se utilizó descaradamente el Instituto Valenciano de Finanzas para llenar los bolsillos de empresas ruinosas de unos pocos en lugar de colaborar con las pequeñas y medianas empresas valencianas que los necesitaban".

Muñoz ha señalado que a los numerosos "pufos" conocidos de la SGR ahora hay que sumar los créditos participativos otorgados a estas empresas, y ha denunciado el carácter "participativo" de los créditos, que implican que únicamente deben ser retornados si se cumplen los objetivos establecidos, por lo que "no existe obligación" de devolverlos.

"Es sorprendente la facilidad con la que se atrevían a sustituir a la administración pública por operadores privados como responsables de la concesión de créditos con dinero público", ha incidido Muñoz.

Lo más grave, ha dicho, es que además de que estos créditos se hacían sin garantías personales y durante un largo periodo de carencia, eran las propias auditoras las que decidían quiénes eran los beneficiarios finales, sin que la administración "haya podido controlar en ningún momento" las garantías de las 31 empresas que finalmente los recibieron.

"Lo mejor que le ha podido pasar a los emprendedores valencianos es que haya un nuevo gobierno que apueste por la transparencia y la libre concurrencia en los procesos públicos y no otorguen las ayudas únicamente a las empresas amigas", ha manifestado.

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