VALENCIA. El PSPV preguntará a Les Corts por escrito acerca de los tres contratos del Hospital General de Valencia con la empresa Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa) que fueron renovados sin concurso en 2015, como desveló este lunes Valencia Plaza, y que en total suman un negocio de unos 40 millones de euros.
El último de ellos, el del TAC, fue renovado por el Consorcio que gestiona el centro -formado por la Diputación y la Conselleria de Sanidad- tres semanas después de tomar posesión de su cargo como consellera de Sanidad Carmen Montón. La renovación le vino impuesta a los nuevos gobernantes por la anterior gerencia del hospital. Unos meses antes, al final del mandato de Alberto Fabra, con Manuel Llombart como conseller de Sanidad, se habían renovado los otros dos contratos, el de resonancias magnéticas y el del acelerador lineal y cámara gamma (radioterapia y medicina nuclear).
El PSPV pedirá estos contratos y preguntará si existen justificaciones legales para que se prorrogaran automáticamente cada tres años, si la empresa ha cumplido las condiciones, si es posible cancelarlos y, en el caso de ser así, cuanto costaría.
Por estos tres contratos Eresa facturó 12,95 millones de euros en 2014 y 13,18 millones el año pasado, por lo que la renovación por tres años supondrá desembolso para la Sanidad pública de en torno a 40 millones. Y es que, según el contrato, la renovación por tres años es automática si el hospital no denuncia el contrato con una antelación de un año a la fecha de vencimiento.
Según fuentes del Hospital General, rescindir los contratos con Eresa antes de los tres años les penalizaría de acuerdo con la Ley de Contratos de la Administración Pública en cuanto a Concesiones Administrativas, abonando el lucro cesante y la parte proporcional de la amortización de los equipos.
La diputada autonómica de Compromís Isaura Navarro aseguró este lunes tras conocer la información publicada por Valencia Plaza que es necesario realizar una convocatoria pública urgente "para acabar y echar a unos piratas como Eresa, que han cobrado los servicios a un precio abusivo". "Es necesario sacar una licitación pública para dar el servicio mientras se recuperan para prestarlos con funcionarios públicos, garantizando más calidad y un mejor precio", recalcó.
