VALÈNCIA. Este viernes a las dos de la tarde expira el plazo para registrar las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que superaron este jueves con éxito la fase previa de enmiendas a la totalidad de las cuentas. Así, comienza el siempre complejo de negociación donde las distintas Comunidades Autónomas, a través de los grupos parlamentarios de los diferentes partidos, tratan de 'rascar' del Gobierno central algunos millones más para sus territorios.
Tras la presentación inicial de los presupuestos, el Ejecutivo valenciano tiene un punto negro que lleva semanas tratando de resolver: las inversiones en la provincia de Alicante están muy por debajo de los esperado, ocupando el último puesto con 85 euros por habitante frente a la media nacional situada en 283 euros. 160 millones de euros en total que tanto los partidos del Gobierno valenciano como los de la oposición quieren mejorar.
No obstante, de todos es sabido que es difícil aumentar de forma sustancial en los PGE las inversiones vía enmiendas, dado que para incrementar una partida esa cantidad debe restarse de otra, lo que no suele permitir variaciones de cantidades millonarias, puesto que las comunidades afectadas se ponen en pie de guerra para defender las partidas con las que ya contaban.
Es por ello que, a la búsqueda de otras salidas, el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció días atrás que 207 millones de euros del fondo 'extra' -anunciado el año pasado- de 300 millones de Obras Públicas de la Generalitat se destinará a Alicante. Unas partidas que, en realidad, deberían haberse adjudicado este ejercicio en gran parte, pero que por problemas de negociación con el ministerio ni siquiera se han asignado todavía. Además, el jefe del Consell dio la orden días atrás de que en los Presupuestos de la Generalitat, se tratara con especial sensibilidad a la provincia de Alicante desde las consellerias para, de alguna manera, equilibrar las insuficientes partidas del Estado.
Otra manera de 'apañar' en cierta medida la imagen de discriminación alicantina es la de rescatar partidas en los presupuestos que por descuido en el diseño de las cuentas no se han territorializado o se atribuyeron incorrectamente. En esta línea, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, subrayó días atrás que existían 75 millones de euros en inversión hídrica y ferroviaria para la provincia de Alicante que no se encontraban asignados pese a figurar en las cuentas.
Ahora bien, el diputado nacional del PSPV-PSOE y secretario provincial, Alejandro Soler,
aseguró este miércoles en un comunicado que los Presupuestos Generales del Estado para la provincia en materia de inversiones terminarán triplicándose, alcanzando los 500 millones de euros, lo que significa que en la fase de las enmiendas deberán presentarse modificaciones por valor de unos 60 millones de euros para llegar esa cifra, una cantidad muy alta que, de conseguirse, necesitará probablemente de una negociación personal de Puig con el Gobierno de España.
A última hora de este jueves, ni PSPV ni Compromís soltaban prenda respecto a las enmiendas que presentarían a lo largo de este viernes, lo que apunta a la negociación con el Ministerio de Hacienda y con otros departamentos todavía se encontraba viva.