Imagen de la sesión de aprobación del dictamen para disolver Divalterra. Foto: DIVALVALÈNCIA. El PSPV y Compromís hicieron este viernes, una vez más, como que la cosa no iba con ellos. El director jurídico y de prevención de riesgos penales de Divalterra, José Luis Vera, seguirá en sus cargos, pero los dos partidos que conforman el equipo de Gobierno de la Diputación de Valencia silban. Aquellos en los que recae la responsabilidad de todas las decisiones que se toman en el seno de la corporación provincial no sienten que la tengan en el caso de que un detenido e investigado en el conocido como caso Azud continúe encargándose de evitar la comisión de delitos en la empresa pública.
Durante la celebración de la Junta General de Divalterra, en la que la oposición preguntó sobre la situación de Vera, ambos socios se escudaron en la posición del Consejo de Administración, que hace dos semanas votó en su mayoría a favor de que no se le apartara. Además, este mismo jueves, el director jurídico apareció en la reunión para comunicar que no se marchaba, para defender su trayectoria y para afirmar que su labor era perfectamente compatible con la investigación judicial.
PP, Ciudadanos y Vox indicaron que no podía seguir al frente de la prevención de riesgos penales, que era una "burla" que ocupara esas funciones y pidieron al PSPV y Compromís que actuaran. En este sentido, preguntaron qué iba a ocurrir con él cuando se produzca la extinción del Consejo de Administración y tenga que pasar a ser personal de la Diputación, algo que Gaspar no concretó.
Desde los partidos del equipo de Gobierno recordaron la gestión de los populares cuando Divalterra era Imelsa –que se investiga en la macrocausa de corrupción de Taula– y destacaron que su intención era acabar con esa etapa. El representante de Compromís, Xavi Rius, además, se desvinculó de todo el asunto de Vera. Mencionó que no llegaron a poner consejero de su grupo en la empresa pública cuando dimitió el que allí se encontraba, por lo que ellos no se posicionaron en las decisiones. Igualmente, destacó que preferiría que a Vera se le hubiera suspendido temporalmente de sus funciones –como expresó Compromís en un comunicado–, pero que no se ha llevado ninguna iniciativa con esa propuesta, por lo que no han podido apoyarla.
Hasta ahora, el único planteamiento que ha pasado por el Consejo a instancias de su presidente, Ramiro Rivera, fue el de apartarlo sólo de todo lo relativo al proceso de disolución de Divalterra, algo que fue apoyado por 6 votos a favor y 3 abstenciones –PP, Cs y la representante de los trabajadores– por considerarlo insuficiente.
La investigación de Azud sitúa al encargado de prevenir la comisión de delitos en la empresa pública en una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas junto al hasta hace poco subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) y al empresario Jaime Febrer.
Según las indagaciones, habría sido la persona que puso en contacto a Rafael Rubio con el empresario Jaime Febrer después de las denuncias del primero contra Grau por operaciones urbanísticas. Además, también habría ejercido de enlace en otros niveles de la trama. Febrer era administrador de la extinguida Construcciones Valencia Constitución, en la que Vera figuraba de apoderado en 2007 y 2008.
