Foto: ROBER SOLSONA/EPTiene razón Mónica Oltra cuando dice que le preocupa más que haya gente que no tiene vivienda o trabajo, derechos reconocidos por la Constitución, que el hecho de que el gobierno del que ella forma parte incumpla el Estatuto de Autonomía y la ley al no presentar el proyecto de Presupuestos antes del día 1 de noviembre. El Consell no considera un hecho grave no cumplir la ley en este punto, según dijo su portavoz a preguntas de este periódico: "No es un cataclismo".
Efectivamente, todo es relativo, y la gravedad de este desprecio a los plazos legales palidece al lado del retraso en las ayudas a la dependencia, las listas de espera para conseguir plaza pública en una residencia de ancianos o la desprotección de los menores migrantes al cumplir los 18 años, tareas todas ellas que competen a Oltra desde hace seis años y medio. Firmaríamos que el Consell presentase todos los años los Presupuestos fuera de plazo a cambio de que cumpliese en todo lo demás, para lo que, por suerte para ella, la ley no fija un plazo determinado.
Pero ni una cosa ni —a partir de ahora— la otra. Lo de este año es un precedente que servirá para que nunca más sea relevante si el Consell cumple el Estatuto y la ley en este punto. Así ocurrió con los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno debe presentar al Congreso antes del 1 de octubre, según la Constitución. Todos cumplieron durante casi 40 años hasta que, en 2017, Cristóbal Montoro no presentó cuando tocaba los del año siguiente porque el PP no había acabado de cerrar los apoyos políticos. Desde entonces nunca se han vuelto a presentar a tiempo. Cuatro ha presentado Sánchez y todos han llegado tarde. Lo grave de verdad sería que el Congreso o Les Corts no los aprobasen antes del 1 de enero, pero precisamente por eso la ley marca unos plazos.
"Lo importante es el qué y no el cuándo", se defiende Oltra. La próxima vez que me retrase un día —caso real— en pagar el IBI y me cobren 20 euros de recargo le pondré el vídeo al funcionario para echarnos unas risas, porque estas cosas hay que tomárselas con humor. Lo mismo podrán alegar los hosteleros cuando vaya el policía a poner la denuncia por cerrar el pub tarde: lo importante es que he cerrado el pub, no el cuándo. Qué diría la vicepresidenta si Montero anunciara que este año tampoco presenta el 'esqueleto' del nuevo sistema de financiación porque lo importante es el qué y no el cuándo.
Lejos de ser "un cataclismo", que no lo es, lo ocurrido es un síntoma de que el Gobierno de Ximo Puig está en horas bajas, incapaz de cumplir su obligación, pero sobre todo es un síntoma de la decadencia de las instituciones. Quienes dicen defender la Constitución —o el Estatut— la incumplen porque ya no hay reproche moral, legal ni mucho menos electoral. Queda el reproche mediático, pero es flor de un día. Otros se la saltan a conciencia, con el aplauso de los suyos, pero estos sí son coherentes porque su propósito es acabar con esta Constitución y, en los casos más extremos, acabar con el sistema.
Hay más ejemplos y más graves. El Gobierno, con apoyo del Parlamento, incumplió varias veces la Constitución para imponernos unas restricciones durante la pandemia que los ciudadanos hemos respetado de forma ejemplar porque somos herederos de 40 años de dictadura. Habría mucho que hablar de la efectividad de alguna de estas medidas, como el toque de queda, pero lo relevante para lo que nos ocupa no es el qué, sino el cómo.
Lo preocupante no es que se saltaran la Constitución —la primera sentencia fue porque se eligió mal el instrumento jurídico pero la segunda ya revela abuso de poder— ni que se hayan anulado todas las multas a quienes desobedecieron; lo preocupante es que el Tribunal Constitucional ha vuelto a poner en evidencia que hace falta una legislación ad hoc para una crisis sanitaria como esta y el Gobierno se ha vuelto a enrocar. Su portavoz responde que las decisiones se tomaron bajo los "parámetros constitucionales" cuando la sentencia dice lo contrario. Mi verdad contra la realidad. Vamos camino de la sexta ola y las grandes leyes para combatirla son las mismas que teníamos hace 40 años. Les da igual. Si hay sexta ola, se hará lo que consideren necesario y los fines justificarán los medios.
Esta misma semana hemos visto otro desprecio a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Después de varios avisos judiciales desde hace años sobre la ley que regula el cálculo del impuesto de Plusvalías, el TC ha decidido anular esa fórmula de cálculo sin ahorrarse un tirón de orejas al Gobierno y al legislador por no haberla cambiado cuando estaban a tiempo. Era más cómodo mantener una ley injusta y obligar a cada contribuyente disconforme a acudir a los tribunales. Ahora les entran las prisas, cuando los ayuntamientos se han quedado sin poder cobrar el impuesto y se exponen a reclamaciones millonarias.
Gobernar consiste en decidir sobre el qué: qué hacer, qué priorizar, qué impuestos poner, en qué gastar... Pero si lo importante para un gobierno es exclusivamente el qué y no el cuándo ni el cómo, ¿para qué queremos las leyes, que precisamente están para marcar unos tiempos y unos procedimientos obligatorios para todos, incluidos los que mandan?
El Consell ha cruzado una línea al incumplir conscientemente el Estatut y la ley. No es un cataclismo, habrá Presupuestos, pero ¿qué será lo próximo?
