Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El recorrido judicial del incendio de Campanar se encuentra en un interrogante mayúsculo ante la vía en la que podrá terminar –si penal o civil– y la incógnita de si existen responsables civiles. Uno de los grandes problemas en este último punto es el de las prescripciones. Las responsabilidades civiles, si es que las hubiera –todo es hipotético por el momento– podrían recaer en el arquitecto o en el constructor del edificio calcinado. En el primer caso, por ejemplo, por defectos en la construcción (inadecuación de los materiales, mala calidad, una deficiente técnica constructiva, etc.).
En cuanto al constructor, debería responder directamente por negligencia, incumplimiento de obligaciones, falta de capacidad profesional, deficiencias de los productos de construcción aceptados por él, etc.
Si se diera algunas de estas situaciones, sin embargo, hay un plazo de prescripción, al igual que ocurre con los delitos, a la hora de atribuirles posible responsabilidad civil. El del arquitecto y el del constructor son 10 años. La construcción del edificio finalizó en 2009, de manera que en cualquiera de los dos casos ya hay prescripción, de acuerdo con fuentes conocedoras de la investigación. Se cumplió en 2019.
Lo mismo ocurre en la vía penal, si bien ésta parece ahora mismo más complicada. Así, también han pasado los 10 años de responsabilidad penal por posible homicidio involuntario tanto para el constructor como para el arquitecto por la inexistencia de dolo (voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas).
Todavía es pronto, en todo caso, para sacar conclusiones sobre la evolución del procedimiento. Dependerá del informe de la Policía Científica que está pendiente de recibir el juez y el cual ha de determinar las causas iniciales del incendio y de su rápida propagación. Por el momento, las familias de los fallecidos –tras las identificaciones ya realizadas– pasaron este miércoles por el juzgado de Instrucción 9 para tramitar la entrega de los cuerpos. Algo que se ha priorizado y que permite acelerar los entierros o despedidas en esta complicada situación, que ya han comenzado a celebrarse.
El siguiente paso será el informe de la Policía y las decisiones que, a partir de ahí, tomen el juez y los afectados. Es probable que la causa se convierta en una guerra de aseguradoras. Algunas de ellas ya tienen designados a peritos para realizar sus respectivos análisis del edificio, lo cual llevará su tiempo al ser varias.
A ello se añade que los afectados están obligados a interponer denuncia para que las aseguradoras les paguen las indemnizaciones. Se trata de un requisito al haber fallecidos.
En el aire queda de qué manera actuarán, dado que los propietarios, de un lado, y los inquilinos, de otro, están estudiando la manera en la que organizarse con la constitución de asociaciones. Lo cual podría suponer, a su vez, que la estrategia judicial fuera conjunta.
