En el centro de la foto, el alcalde de València, Joan Ribó, el director del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens y el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La entente que los miembros del Consorcio Valencia 2007 escenificaron el pasado martes en la reunión de su Consejo Rector tenía un motivo concreto más allá de la necesidad declarada de encontrar una solución a largo plazo para la deuda de la Marina de València. Ese motivo es la reclamación por parte del Banco Santander de la deuda de unos 50 millones de euros que el Consorcio tiene con el banco con advertencia de inmediatas acciones judiciales desde el Reino Unido.
La carta llegó en marzo a las tres administraciones socias -Estado y Generalitat con el 40% cada uno y Ayuntamiento con el 20%- y en ella se les conminaba a pagar esa deuda, aunque el banco que preside Ana Patricia Botín se ha mostrado dispuesto a no pedir la ejecución si se le pagan inmediatamente los 9 millones de euros que el Consorcio le debe por una póliza de crédito contratada precisamente para cubrir los impagos.
Como era sabido, pues así lo especificó el Consorcio en su memoria de 2015, el Consorcio contrató con el Santander en febrero de 2006 una operación de cobertura —conocida como swap— frente al riesgo de interés del crédito firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Lo hizo porque así lo exigió el ICO como condición para conceder el crédito que se destinaría a la construcción de las instalaciones para albergar la America's Cup.
Sin embargo, el Consorcio no pudo pagar ni el crédito al ICO ni la cobertura firmada con el Santander, que resultó mucho más costosa de lo previsto debido a la caída de los tipos de interés. Por ello, en agosto de 2013, el Consorcio suscribió una póliza de crédito con el propio banco con un límite de 9 millones para hacer frente a los impagos relacionados con la cobertura hasta noviembre de ese año. Pero los vencimientos de las cuotas del swap posteriores a dicha fecha también resultaron impagados. Además, en marzo de 2014 tuvo lugar el vencimiento de la póliza de 9 millones y el Consorcio tampoco pudo hacer frente a la misma.
Ante esta situación el banco inició en julio de 2014 un procedimiento judicial de reclamación por importe de 12 millones de euros (9 millones de principal más intereses y costas) y el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valencia decretó el embargo de saldos bancarios del Consorcio, entre ellos, los ingresos procedentes de EDEM y Lanzadera. El embargo alcanzó la cantidad de 4,9 millones de euros, aunque posteriormente quedó reducido a 3,9 millones al acceder el Santander a liberar un millón para gastos corrientes de la Marina. Tras 60 días de suspensión, se reanudó y amplió el embargo al canon mensual pagado por Heineken por la explotación del Veles e Vents.
En julio de 2014, el Santander decretó el vencimiento anticipado de la operación de cobertura con reclamación de pago del valor que en ese momento ascendía a 53,3 millones de euros. Quince meses después, el banco anunció su intención de iniciar acciones legales para reclamar el pago de las cantidades adeudadas, reclamación que está sometida a la jurisdicción de Reino Unido. Esta es la reclamación que ha llegado a los socios del Consorcio Valencia 2007 y que ha motivado la decisión del martes del organismo que preside Vicent Llorens de buscar una pronta solución, después de muchos años de desencuentros entre las tres administraciones.
Según ha podido saber Valencia Plaza, la solución que se busca es pagar los 9 millones más intereses de la póliza de crédito, dado que el Santander ha ofrecido no ejecutar el total de la deuda por la cobertura si se atiende ese primer problema. Un problema que representa solo una pequeña parte del escenario al que se enfrenta el Consorcio, ya que a esos impagos al Santander el organismo que preside Vicent Llorens suma una deuda de más de 450 millones al ICO para la que busca una solución que, prácticamente, se encuentra en manos del Estado.
