VALÈNCIA. Ni al Tribunal de Cuentas, ni a la Sindicatura de Comptes, ni al Banco de España. El secretario de la EMT de València, Salvador Marínez Tarín, cree innecesario o inadecuado acudir a estos organismos por la estafa de cuatro millones perpetrado contra la empresa municipal el pasado mes de septiembre. El secretario presentó un informe al consejo de administración este miércoles en el que desechaba la idoneidad de dar estos pasos.
El PSPV había propuesto hace dos semanas acudir a estos organismos para dar conocimiento de la estafa sufrida en la compañía municipal y solicitar información al respecto. Algo que durante este tiempo no se ha realizado y sobre lo que el secretario se ha pronunciado.
Así, el informe concluye que "no consta ninguna prueba ni indicio que acredite" que un directivo de la EMT "haya realizado una acción contraria a la Ley o que haya participado, ejecutado o cooperado en el fraude". Así rechaza el planteamiento de solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas mediante denuncia y recomienda hacerlo únicamente "en el caso de que existan pruebas o indicios suficientes de la participación en el fraude" de alguno de los directivos.
Por otro lado, en cuanto a comunicar el fraude a la Sindicatura de Comptes, el abogado asegura que la EMT "es incompetente para promover la iniciativa fiscalizadora de la Sindicatura de Comptes". Ese mismo control "es ejercido por la Intervención del Ayuntamiento", añade el documento, de lo que se deduce la falta de justificación para llevar el fraude al mencionado organismo.
Y algo similar ocurre con la idea de solicitar información al Banco de España sobre este tipo de fraudes. El informe incide en que el servicio de reclamaciones del Banco de España atiende las quejas que presenten los usuarios por presuntos incumplimientos por las entidades reclamadas.
Y esta es una consideración que todavía está en el aire: la EMT acusa a Caixabank de haber tramitado los ocho pagos del fraude incumpliendo la normativa y saltándose los protocolos acordados, mientras que la entidad bancaria niega la mayor y responsabiliza únicamente a la empresa municipal por fallos en sus protocolos internos.
En ese sentido, el secretario recuerda que la EMT envió un requerimiento a Caixabank para que devolviera de forma inmediata los fondos sutraídos de la cuenta bancaria y que ascienden a cuatro millones de euros por haber incumplido su deber de custodia del dinero. "Las omisiones de Caixabank -continúa- pueden ser determinantes de la exigencia judicial de una responsabilidad civil contractual", por lo que recomienda que "la reclamación ante el Banco de España se analice en el contexto del posible ejercicio de esta acción".
Así pues, el Consejo de Administración retrasó este miércoles el emprendimiento de estas acciones hasta el próximo encuentro, que con toda seguridad tendrá lugar el próximo 12 de noviembre. Según fuentes cercanas al Consejo, el secretario manifestó que llevar a cabo estas decisiones conlleva "abrir más frentes", algo poco recomendable.
Las mismas fuentes señalan que podría haber habido un malentendido dado que la propuesta socialista iba dirigida a informar a los órganos competentes de lo sucedido para que tuvieran conocimiento de ello a la hora de fiscalizar las cuentas de la EMT, sin entrar en otros procedimientos más complejos.
La oposición mostró públicamente su incredulidad ante el informe del secretario y aprovechó para cargar contra la figura del secretario de la EMT. Huelga resaltar que esta empresa municipal es la única del sector público instrumental del Ayuntamiento de València que cuenta con un secretario externo contratado y no por un funcionario habilitado, como los que prestan el servicio en el consistorio.
El contrato contempla un salario de unos 3.000 euros mensuales más honorarios por servicios complementarios como juicios u otros trámites legales que factura su despacho privado. Los honorarios a los que ha tenido acceso este diario son muy irregulares dependiendo de cada mes, pero oscilan entre los 500 euros a los 6.500 euros en un mes. El secretario entró a la empresa a principios del pasado mandato.
Por todo ello, la portavoz del PP, María José Català, acusó al presidente de la EMT, el edil Giuseppe Grezzi, de "hacer trajes a medida para sus amigos, Grezzi y su gerente, que han decidido dejar de dar cumplimiento a un acuerdo del Consejo de Administración de la EMT para llevar al Tribunal de Cuentas, al Banco de España y a la Sindicatura de Comptes la estafa de la EMT".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner, manifestó su hartazgo por "las fábulas de Grezzi" y solicitó la dimisión del concejal. "En su día pedimos su cese como presidente de la EMT y hemos esperado a que se desarrollen los acontecimientos para exigir su dimisión como concejal", subrayó a este respecto. La formación naranja presentó al pleno una moción para cesar al edil de Movilidad, que recibió el apoyo tanto del Partido Popular y Vox, no así del gobierno municipal, Compromís y PSPV, que decidió cerrar filas en torno a Grezzi.
El edil no intervino; fue el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, el que debatió en el hemiciclo municipal, defendiendo la gestión de Grezzi al frente de la empresa municipal. Su intervención no dejó mucha más información de la que ya se conocía.
