VALÈNCIA. El Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas Valencianas de 2016 elaborado por la Sindicatura de Comptes carga con dureza contra los contratos de investigación de la UV, en los que detecta "incumplimientos significativos".
Entre las irregularidades la sindicatura destaca cuestiones como que "la asignación de gastos a proyectos que presenta el investigador principal no ha sido objeto del adecuado control y seguimiento previsto en la normativa interna de la Universitat de València".
"Si bien existe un código específico para cada proyecto, el investigador principal puede imputar gastos de forma indistinta a diferentes proyectos, así como gastos realizados con posterioridad a su finalización", reza el informe.
Además, el ente fiscalizador subraya que "en algunos expedientes se observa una insuficiente acreditación de los gastos de personal imputados a los contratos de investigación, ya que no se detallan los trabajos realizados ni se motivan los importes retributivos asignados a cada una de las personas vinculadas al proyecto".
También subraya que, "en varios casos, se han detectado indicios de fraccionamiento del gasto con la finalidad de eludir los procedimientos de contratación legalmente establecidos y, en un caso, gastos por desplazamientos no justificados en el expediente".
A modo de ejemplo, la Sindicatura de Comptes subraya que la Universitat de València "ha percibido los ingresos estipulados en los contratos nº 6 y 7, adscritos al departamento de filología inglesa y alemana, sin efectuar la previa facturación de los servicios prestados y, por tanto, sin repercutir el IVA de las prestaciones efectuadas, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula sexta de los respectivos contratos y lo establecido en la Ley 37/1992 reguladora del impuesto".
"Adicionalmente, en la revisión de la documentación acreditativa del gasto realizado en ejecución de los dos contratos anteriores, hemos detectado los siguientes incumplimientos: Facturas por un importe conjunto en ambos expedientes de 22.162 euros, libradas por el mismo proveedor y por el mismo concepto. En consecuencia, existen indicios de fraccionamiento del gasto con la finalidad de eludir los procedimientos de contratación legalmente establecidos, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 86.2 del TRLCSP", añade la sindicatura al respecto.
Sobre la documentación justificativa de otro contrato el nº 11, adscrito al Instituto Universitario de Investigación de Robótica y Tecnologías de la Información y Comunicación (IRTIC)", la sindicatura observa que "se han imputado gastos al proyecto realizados con posterioridad (octubre de 2016) a la finalización prevista del mismo (27 de enero de 2016)".
"Además, se han contraído gastos por desplazamientos cuya vinculación al proyecto se desconoce y, en cualquier caso, no ha quedado justificada en el expediente. Y, finalmente, hemos observado indicios de fraccionamiento del objeto contractual en la adquisición de diversos proyectores adquiridos al mismo proveedor y en la misma fecha, por un importe conjunto de 25.983 euros (IVA excluido)", agrega.
Para revertir estas situaciones, la sindicatura recomienda "revisar la normativa reguladora a fin de mejorar el control y seguimiento de los contratos de investigación y actualizar el manual de procedimientos para una adecuada y clara determinación de las competencias y responsabilidades de cada una de las unidades administrativas que intervienen en la celebración, ejecución, control, contabilización y liquidación de los contratos, teniendo en cuenta el principio general de segregación de funciones".
También "estimar los costes reales de cada uno de los proyectos de investigación contratados por la Universitat de València a fin de mejorar la gestión económica de sus recursos y comprobar si la retención del 10% sobre el precio de los contratos es suficiente para compensar la totalidad del coste inducido por su ejecución".
Y, por último, la Sindicatura aconseja a la UV "presentar una declaración responsable de no incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad que determina la normativa por parte del personal funcionario de la Universitat de València que participa en un contrato de investigación".