El exsubsecretario de Vivienda, imputado por 'Crespo Gomar', pide que le defienda la Abogacía del Estado

VALÈNCIA. (EP). El que fuera subsecretario del Ministerio de Vivienda cuando dirigía dicho departamento la socialista Beatriz Corredor, Marcos Vaquer, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que le investiga por la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSOE valenciano (PSPV), ser defendido por la Abogacía del Estado, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid que investiga otro contrato ministerial concedido a la misma empresa, en este caso relacionado con Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha suspendido la declaración como investigada de la exdirectora general de Consumo y candidata a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu, prevista el 21 de mayo, así como otras señaladas para este mismo día, el 24 y el 30 del mismo mes, según detallan las mismas fuentes.

Sobre la instrucción abierta relacionada con el Ministerio de Vivienda, Vaquer ha pedido que se suspenda su declaración como investigado prevista también para el 21 de mayo, ya que ha solicitado que su defensa sea ejercida por la Abogacía del Estado, ya que los hechos por los que es investigado tuvieron lugar cuando trabajaba para dicho departamento. Al respecto, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha remitido esta cuestión a la Fiscalía para que informe sobre la procedencia de aceptar esta petición del exsubsecretario.

"Fallos de redacción"

El que fuera también expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) fue citado a declarar como investigado por los delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos el pasado viernes 11 de mayo, después de que la magistrada interrogase a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda integrantes de la Mesa de Contratación que señalaron que los errores que aparecen en el expediente, y que según un informe pericial hace que sea "incoherente", son "fallos de redacción".

Por esta adjudicación pública por el importe 126.208 euros también han sido imputados el jefe de Gabinete de la exministra de Vivienda, Nicolás Mateos; la que fuera jefa de prensa del Ministerio, Eva Cuesta; la que ejerció como abogada de Estado del Ministerio de Vivienda y exsubsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, además de Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorite y Andrés Lara. Las declaraciones de estas personas están fijadas para los días 21 y 30 de mayo.

En cuanto al Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que investiga el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad a la empresa Crespo Gomar por el valor de 184.138 euros, la juez ha decidido posponer la ronda de declaraciones debido a que la Abogacía del Estado presentó un escrito interesando que se autorice su defensa a otro de los investigados en esto caso.

Comparecencia por videoconferencia

A la espera de que se resuelva esta cuestión, a lo que se suma que paralelamente Etelvina Andreu pidió comparecer por videoconferencia, la magistrada ha suspendido estos interrogatorios, los cuáles volverán a señalarse "una vez se consulte las posibles fechas en la agenda de señalamientos", según la providencia fechada este miércoles a la que ha tenido acceso Europa Press. Además de la que fuera candidata a la Alcaldía de Alicante, también estaban citados la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, y ocho miembros de la Mesa de Contratación.

Los juzgados madrileños incoaron diligencias después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de València, que comenzó a investigar una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011, se inhibiese a favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Prescripción del delito electoral

El juzgado de València arrancó la investigación por los delitos prevaricación, malversación y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de València, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

En el auto de inhibición el juez de València explica pasa la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandia por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' --contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010--; y las adjudicaciones ministeriales durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno a la empresa Crespo Gomar.