El Supremo no contempla la prescripción del delito electoral en casos como el del PSPV

VALÈNCIA. El Tribunal Supremo, máximo órgano judicial español que sienta doctrina a la hora de poder investigar delitos, tiene varias resoluciones que harían posible investigar la presunta financiación irregular cometida por el PSPV en 2007 aunque, formalmente, el delito electoral este prescrito. Esto se podría realizar si el delito electoral está "en concurso ideal" con el de malversación, es decir, que uno se produce como consecuencia del otro. No sería el caso, por tanto del Bloc -principal integrante de Compromís-, cuyo presunto delito electoral no está relacionado, que se sepa, con adjudicaciones de contratos públicos.

En una resolución de enero de 2014, el Supremo afirma que "en los supuestos de concurso medial el plazo de prescripción del conjunto delictivo será el que corresponda al delito más grave -la malversación en este caso- y ha de computarse desde la fecha de consumación del delito-fin, y no del delito instrumental, cuando éste es anterior como sucede en el caso actual". 

Esta doctrina la marcó el Alto Tribunal a raíz del caso Tabacalera en el año 2010. La Sala de lo Penal, reunida en pleno no jurisdiccional, estableció la doctrina sobre la prescripción de los delitos. Dentro de dicha doctrina afirmaba el Supremo que "en los delitos conexos o en el concurso de infracciones se tomará en consideración el delito más grave". En el supuesto socialista sería la malversación, cuyo de plazo de prescripción son diez años, y como el caso lleva más de un año judicializado, el plazo estaría paralizado, lo que abriría la puerta a incorporar el delito electoral.

En el caso del PSPV esto es así porque, para que haya malversación tiene que motivarse el porqué del delito y, en este caso, sería porque los concursos públicos que se dieron desde los ministerios de Vivienda y Sanidad a la empresa Crespo Gomar se habrían adjudicado en pago por haber sido la supuesta empresa pantalla de los socialistas valencianos para que presuntamente varias empresas abonaran parte de la campaña electoral.

Es por ello que fuentes jurídicas que Valencia Plaza ha consultado no entienden el troceo de la causa que ha realizado la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 21 de Valencia, Nieves Molina, con el beneplácito del fiscal Jesús Carrasco, ya que es necesario tener toda la información para poder valorar objetivamente si hubo o no delito electoral. Molina, tras investigar el caso, decidió enviar la causa a cuatro juzgados de las ciudades donde presuntamente se cometieron los delitos: uno en Benidorm, otro en Gandia y dos en Madrid.

Parecido a 'Gürtel'

Los diferentes juzgados investigan si el PSPV y el Bloc utilizaron en 2007 la empresa de comunicación Crespo Gomar como canalizadora para que diversas empresas constructoras les pagasen parte de la campaña electoral. En el caso del PSPV, esta empresa habría recibido posteriormente adjudicaciones del Gobierno de Zapatero y del Ayuntamiento de Benidorm. 

Entre esas adjudicaciones estarían las que investigan los juzgados madrileños, por más de dos millones de euros, que recibió la empresa gandiense de los ministerios de Sanidad y Vivienda tras las elecciones de 2007, cuando Etelvina Andreu, candidata socialista a la alcaldía de Alicante en esos comicios, fue nombrada directora general de Consumo en el Ministerio de Sanidad. Los delitos que se investigan, por el momento, son los de falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación.

Este supuesto nuevo caso de corrupción se asemeja, en su modus operandi, al de la trama Gürtel en Valencia durante la época de Francisco Camps como presidente de la Generalitat y del PPCV, causa que ahora está siendo juzgada en la Audiencia Nacional: un partido gasta en la campaña electoral mucho más dinero de lo declarado y parte de las empresas proveedoras facturan no al partido sino a empresas beneficiarias de contratos con la administración. 

La única diferencia es que en este nuevo caso sí se podría demostrar el pago de determinadas cantidades de dinero de empresas adjudicatarias a cambio de favores (cohecho) con dinero público (malversación), algo que dentro de la Gürtel no se pudo demostrar. Así, estaríamos ante una Gürtel socialista desarrollada durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y Joan Ignasi Pla como líder socialista valenciano.