El Supremo registra a trámite una querella del juez Presencia contra el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha

VALENCIA. El exjuez de Lo Mercantil número 2 de Valencia, Fernando Presencia, que en su día fue sancionado a un año de destierro (traslado forzoso) por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado una querella desde su actual destino en Talavera de la Reina (Toledo) por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, Vicente Rouco; el fiscal de adscripción territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz; la mujer de éste, María García; la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, Cristina Peño, y contra el marido de esta última, Santiago Ramos Figueroa.

Tal como consta en la querella presentada por el juez Presencia, a raíz de haber sido nombrado juez decano de Talavera tuvo conocimiento a través de diversas quejas verbales de abogados y profesionales que existía un presunto entramado de corrupción en los juzgados de Talavera. Entramado del que Rouco era, según Presencia, la “X” alrededor de la que giraba toda la corrupción. 

Dicho entramado, según la querella, siempre estaba ligado a “las actuaciones polémicas del fiscal jefe de esa adscripción Ángel Demetrio de la Cruz Andrade al tratar de encubrir su participación en actividades delictivas”. De hecho, los hechos dieron lugar a la apertura de unas diligencias previas por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.

Aquellos hechos fueron denunciados, con anterioridad a la querella de Presencia, por el exarquitecto municipal de Pepino (Toledo) ante la Fiscalía Anticorrupción, en cuyo escrito de denunciaba lo que se conoce como ‘un pelotazo urbanístico’ bajo la sospecha siempre inevitable de posibles sobornos a personas de la judicatura en el seno de la entonces creciente burbuja inmobiliaria.

Según explica Presencia en su querella, al igual que hiciera el exarquitecto, el chalet propiedad del Fiscal Jefe está construido dentro de un lecho fluvial, en contra de la prohibición ordenada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Pero además de eso, “proviene del patrimonio público del suelo, con lo que tiene la obligación de sujetarse a algún tipo de régimen de protección pública” y dicho chalé triplica la extensión de una vivienda de protección oficial, ya que tiene 466 metros cuadrados en lugar de 140. 

Pero a todo ello, y siempre según el relato textual de la querella: “Lo denunciado ante Fiscalía Anticorrupción tiene relación con lo que es objeto de la querella cuyo archivo ahora se recurre, toda vez que el querellado Vicente Rouco ¡Sí que sabía lo que estaba pasando en los juzgados de Talavera! y no solamente eso, sino que fue él quien dio la orden a la magistrada de lo penal para que fuera constituida en prisión mi mujer. Prueba de ello es el hecho de que en el mes de noviembre del año pasado el querellado Vicente Rouco ordenó una visita de inspección al Juzgado Mixto nº 4 de Talavera de la Reina, curiosamente el que menos pendencia tiene de todos, y en el que casualmente se está tramitando un procedimiento penal que es secuela del “pelotazo urbanístico” ya denunciado, y que esta vez fue incoado a virtud de querella interpuesta en fecha 13/12/2013 por los actuales propietarios de las parcelas aún pendientes de construir en la urbanización “El Gran Chaparral 2ª fase”, dando lugar a las diligencias previas de ese juzgado nº 45/2014, que también curiosamente, y a pesar de la baja pendencia del juzgado que las instruye, llevan desde su incoación más de un año paralizadas por la pasividad intencionada del fiscal Ángel Demetrio, que tampoco se ha abstenido de su conocimiento. Pues bien, fue Ángel Demetrio quien comunicó personalmente a Vicente Rouco la amenaza que suponía la existencia del nuevo procedimiento penal... y fue precisamente, a la vista del ”peligro” que les suponía la apertura de esas diligencias previas, el motivo por el que Vicente Rouco “organizó” la visita de inspección al Juzgado nº 4, que tuvo lugar en diciembre del año pasado sin que se notificara al decanato de los juzgados de Talavera, “oficiando el entierro” definitivo de esas actuaciones penales. En la comida que se celebró después ese mismo día, a la que se le prohibió acudir a mi representado, Vicente Rouco “repartió los papeles” a seguir en lo que ya se había convertido en una obsesión delirante y macabra, ordenando a Cristina Peño que “metiera” en prisión a la mujer de mi representado…”

Pero lo que Presencia jamás se imaginaba es lo que vino después, que Rouco abusara de su cargo como presidente del TSJ-CM para paralizar las investigaciones y que según explica textualmente la querella es:

“Lo que era inimaginable es lo que ocurrió después (…) donde ya en la primera providencia de la causa el propio querellado se designó él mismo como ponente, sabiendo que concurría en él causa manifiesta de abstención dado el interés directo que tenía en las actuaciones, al haber sido antes denunciado por participar y dirigir la misma trama de corrupción que ahora pretendía encubrir, convirtiéndose así en juez de su propia causa, justificando su decisión sobre la base exclusivamente de estudiar la admisión a trámite de la referida querella, que desde luego fue definitivamente inadmitida a trámite por cuestiones puramente procesales”.

Ello dio lugar al archivo de la primera querella y es, por esa misma razón, por la que Fernando Presencia se ha querellado de nuevo, pero esta vez ante el Tribunal Supremo, según publicó el periódico digital extraconfidencial.com.