Arturo Torró. Foto: ÀLEX OLTRAVALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas ha archivado la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Gandia en 2017 por las transferencias de dinero municipal a Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) que se realizaron durante la legislatura del Partido Popular en la que fue alcalde Arturo Torró (2011-2015). Se trataba de un procedimiento de reintegro por alcance en el que el Ayuntamiento reclamaba la devolución de 6,7 millones de euros a Torró y a Gonzalo Morant.
Según se puede leer en el auto, el Tribunal de Cuentas declara por terminado el procedimiento, ordenándose el archivo de los autos y condenando al gobierno de Gandia, formado por el Partido Socialista y Més Gandia, por las costas generadas. Según ha informado el Partido Popular, la cuantía de las mismas "asciende a unos 100.000 euros, que saldrán del bolsillo de todos los gandienses". Por ello, el edil Guillermo Barber ha exigido que la alcaldesa, Diana Morant, "pague de su bolsillo las costas de un proceso judicial que no iba a ninguna parte. Que pague ella. No lo hará, no le duele, no es su dinero".
Guillermo Barber ha recordado las otras causas interpuestas contra el Partido Popular que han sido archivadas —créditos bancarios y la vulneración de los derechos fundamentales del propio Barber— y ha espetado: "El gobierno de Diana Morant ha gastado ya prácticamente todas sus balas y, pese a ello y de manera sistemática, observa impotente como los tribunales archivan todas las causas interpuestas contra el PP".
Según se puede leer en el auto, el 26 de febrero de 2018 el Ayuntamiento de Gandia presentó escrito en el que “solicitó la suspensión del presente proceso por litispendencia y subsidiariamente, para el caso de no admitirse a trámite dicha cuestión procesal previa, desistía del presente proceso, por considerar que los hechos objeto del mismo iban a ser enjuiciados en otros órdenes jurisdiccionales".
Según han explicado desde el Ayuntamiento, dicha información no ha sido trasmitida al Ayuntamiento de Gandia. Añaden que desde el gobierno "no se han buscado responsabilidades penales, sino que se han emprendido acciones civiles, en el ámbito de lo mercantil, con la única intención de recuperar parte del dinero que se derrochó en IPG". Un ejemplo de ello, recordaron, es la acción de responsabilidad social hacia los anteriores gestores de la empresa pública de Gandia, entre los que se encuentra Torró.
