Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas ha archivado las actuaciones instructoras por supuestas irregularidades en la facturación en tres contratos menores de 2016 realizados desde el Ayuntamiento de València. El Tribunal considera finalmente que tales irregularidades tienen justificación y a principios de este mes dio carpetazo a las diligencias preliminares iniciadas de oficio.
El auto es del 7 de octubre y en él, el consejero de cuentas del Tribunal, Felipe García, estima el recurso de reposición interpuesto por el consistorio contra el inicio de las investigaciones, por lo que estas quedan revocadas. No se deduce, dice el Tribunal, "ningún supuesto de responsabilidad contable" atribuible al consistorio.
Todo se inició con un informe elaborado por el propio Tribunal de Cuentas en el que analizaba las contrataciones realizadas por las grandes ciudades de España durante el ejercicio de 2016, y en el que se advertían diversas irregularidades y deficiencias. Informe que fue publicado a finales del pasado año y que motivó trasladar tres contrataciones del departamento de Bomberos a la sección de enjuiciamiento del Tribunal, para que ésta empezara las investigaciones nombrando a un delegado instructor.
Se motivaba el inicio de las investigaciones por el hecho de que la facturación en estos contratos no contenía la documentación preceptiva. Entonces, el Tribunal consideraba que los hechos en cuestión podrían ser constitutivos de "un alcance de caudales o efectos públicos", y más tarde la Fiscalía se pronunció en el mismo sentido entendiendo que las irregularidades advertidas en el informe inicial podían suponer un "menoscabo patrimonial en fondos público" que podía generar "responsabilidad contable por alcance".
El Ayuntamiento recurrió la decisión aportando la documentación correspondiente a los mencionados procedimientos administrativos de contratación. Según el departamento municipal que hizo los contratos, el de Bomberos, no se incorporaron los documentos preceptivos al expediente electrónico "por error", si bien sí se hizo de manera manual y con firmas manuscritas.
Fue entonces cuando el Ministerio Fiscal cambió de parecer y apoyó el archivo de la investigación. Consideraba que con la explicación del departamento de Bomberos se entienden justificadas las irregularidades. Así, el Tribunal argumenta que en estos casos en los que ni si quiera se ha iniciado la investigación de los hechos, el archivo procede "cuando de una manera manifiesta los hechos denunciados no revistan los caracteres de alcance" de forma "patente y clara". Por ello, finalmente, ha archivado las diligencias.
El alcalde, Joan Ribó, anunció este archivo durante el debate del estado de la ciudad celebrado esta semana -si bien erró al señalar al PP como impulsor de las investigación, cuyo inicio corresponde únicamente al Tribunal de Cuentas-. No obstante, lo cierto es que en el gobierno municipal manifiestan cierto hastío por la criminalización que la oposición hace de los contratos menores, puesto que "ninguno sobre los que el PP pone el grito en el cielo es irregular".
"La tramitación de los contratos menores es la manera que la legislación española prevé para agilizar la contratación en la administración, para todas las administraciones: locales, autonómicas y centrales", arguyen fuentes del ejecutivo local, quienes recuerdan que el Ayuntamiento de València aprobó recientemente una instrucción interna en la que se obliga, "a pesar de que no hace falta legalmente", a pedir tres ofertas en los contratos menores para quedarse con la más óptima.
