VALÈNCIA. El cierre de la televisión pública de Gandia y la concesión de unas ayudas económicas a dos televisiones privadas de la ciudad a través de Iniciatives Publiques de Gandia (IPG), la empresa pública de Gandia, y que, supuestamente, son del entorno del entonces alcalde de Gandia Arturo Torró, ha tenido las primeras consecuencias judiciales. El Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 11 de diciembre una resolución instando al exalcalde y dos ex cargos del PP a pagar 560.094 euros, resolución que anuló este martes por un error formal en la convocatoria del acto de liquidación provisional.
Se trata de un "error material en la citación" al Ayuntamiento de Gandia, que no estuvo representado en el acto, razón por la cual la providencia queda sin efecto y el acto deberá celebrarse de nuevo el próximo 16 enero, previsiblemente con el mismo resultado.
La Liquidación Provisional por valor de 560.094 euros se efectuó a Francisco Javier Reig Garrigues, Gonzalo José Morant y el propio Arturo Torró. Era la primera resolución que ponía de manifiesto las irregularidades cometidas en 2012 cuando se decretó el cierre de Gandia TV, y el Partido Popular arbitró un sistema para dar una subvención pública de 3,5 millones a dos televisiones privadas: Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7).
El contrato realizado en su día estipulaba que cada una de las empresas iba a recibir 1.750.000 a cambio de realizar "producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. Contrato que se prorrogó tres años más y que elevaba la cuantía de la concesión a cuatro millones de euros más. Por tanto, ambas beneficiarias se llevaron un total de siete millones de euros. Asimismo, cabe recordar que al rescindir el contrato con Comarques Centrals, el Ayuntamiento de Gandia, acabó pagando casi 500.000 euros por la resolución del contrato.
A raíz de esas acciones el PSPV y con el fin de esclarecer la adjudicación de Tele 7 y su verdadera propiedad, interpuso una querella contra Arturo Torró, el portavoz del ejecutivo, Víctor Soler, y el empresario José Codina, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. Así, aquella querella apuntaba a que el Ayuntamiento de Gandia de 2012, a través de IPG, podría haber subvencionado a una empresa en la que Arturo Torró, entonces alcalde de Gandia, tenía intereses particulares.
Volviendo al escrito del Tribunal de Cuentas, en él se hace referencia al escrito del Ministerio Fiscal del 14 de noviembre de 2017 en el que describe la actuación irregular que ha dado lugar a las actuaciones previas: “la narración histórica de la denuncia indica que Arturo Torró, aprovechándose en su condición de alcalde de Gandia, ha promovido una serie de actos administrativos irregulares mediante la utilización de IPG con el fin de desviar dinero público en beneficio propio y del entramado empresarial creado por el denunciado y personas allegadas de su confianza”.
Asimismo, a partir de ese mismo escrito, se establece que la única presunta irregularidad de la que se podría derivar una responsabilidad contable es el abono a la Empresa Comarques Centrals Televisió SL de 500.000 euros como compensación de las obligaciones derivadas por la ejecución del contrato mencionado anteriormente, cantidad de la que IPG llegó a abonar 480.000 euros —también se constata en el informe del 29 de noviembre de 2017—.
Por ende, la Delegada Instructora entiende que el abono de esos 480.000 euros ha “supuesto un perjuicio para los fondos públicos gestionados por IPG —empresa pública ya extinta— y entiende como “presuntos responsables directos —a Javier Reig, José Morant y Arturo Torró— al haber efectuado los pagos a IPG en favor de la entidad Comarques Centrals”. Un montante a los que hay que sumar los intereses legales, que ascienden a 80.094,45 euros, lo que supone un total de 560.094,45 euros.
Una cantidad a abonar que es diferente en cada uno de ellos pues Javier Reig debe abonar 233.183,33 (200.000 euros de principal más 33.183 de intereses) como presunto responsable directo y solidario, José Morant debe abonar 103.456 euros (80.000 euros de principal más 23.456 euros de intereses) como presunto responsable directo y también en la misma calidad Arturo Torró debe abonar 223.456 euros (200.000 euros de principal más 23.455,56 euros de intereses).
A todos ellos se les insta a que reintegren, depositen o afiancen de una manera legal y en el plazo de diez días hábiles —a partir del 17 de diciembre de 2019— el monto que se solicita a cada uno de ellos. De no hacerlo, el auto al que ha tenido Valencia Plaza deja constancia de que "se procederá al embargo de sus bienes".
