Arturo Torró. Foto: ÀLEX OLTRAVALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas ha ordenado que el exalcalde de Gandia, Arturo Torró junto a Javier Reig y Gonzalo Morant, quienes asumieron responsabilidades en la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG) durante la legislatura del Partido Popular, devuelvan un total de 550.000 euros por su "responsabilidad contable" en los pagos irregulares que se realizaron tras el cierre de la televisión pública de Gandia.
Esta supone la primera consecuencia judicial de las ayudas económicas que se realizaron a dos televisiones privadas de la ciudad a través de Iniciatives Publiques de Gandia (IPG), la empresa pública de Gandia —empresa pública ya extinta— y que, supuestamente, son del entorno del entonces alcalde de Gandia Arturo Torró. Unos pagos que se realizaron entre 2013 y 2015 y que en su conjunto sumaban 480.000 euros.
En el escrito, la Delegada Instructora deja constancia de que el abono de esos 480.000 euros ha “supuesto un perjuicio para los fondos públicos gestionados por IPG y entiende como “presuntos responsables directos —Javier Reig, José Morant y Arturo Torró— al haber efectuado los pagos a IPG en favor de la entidad Comarques Centrals”. Un "alcance contable" que los tres implicados deben devolver a las arcas públicas municipales. A esa cantidad, el Tribunal de Cuentas suma los intereses legales, que ascienden a 70.045,56 euros, lo que supone un total de 550.045,56 euros.
Cabe resaltar que la providencia hace referencia al escrito del Ministerio Fiscal del 14 de noviembre de 2017 en el que describe la actuación irregular que ha dado lugar a las actuaciones previas: “la narración histórica de la denuncia indica que Arturo Torró, aprovechándose en su condición de alcalde de Gandia, ha promovido una serie de actos administrativos irregulares mediante la utilización de IPG con el fin de desviar dinero público en beneficio propio y del entramado empresarial creado por el denunciado y personas allegadas de su confianza”.
Las irregularidades hacen referencia a las actuaciones cometidas en 2012 cuando se decretó el cierre de Gandia TV, y el Partido Popular arbitró un sistema para dar una subvención pública de 3,5 millones a dos televisiones privadas: Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7). El contrato realizado en su día estipulaba que cada una de las empresas iba a recibir 1.750.000 a cambio de realizar "producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. Contrato que se prorrogó tres años más y que elevaba la cuantía de la concesión a cuatro millones de euros más. Así, ambas beneficiarias se llevaron un total de siete millones de euros. Además, al rescindir el contrato con Comarques Centrals, el Ayuntamiento de Gandia, acabó pagando casi 500.000 euros por la resolución del contrato.
Asimismo, a partir de ese mismo escrito, el Tribunal de Cuentas establece que la única presunta irregularidad de la que se podría derivar una responsabilidad contable es el abono a la Empresa Comarques Centrals Televisió SL de 500.000 euros como compensación de las obligaciones derivadas por la ejecución del contrato mencionado anteriormente, cantidad de la que IPG llegó a abonar 480.000 euros —también se constata en el informe del 29 de noviembre de 2017—.
Los 550.045,56 euros que deben abonar al Ayuntamiento de Gandia Arturo Torró, Gonzalo Morant y Javier Reig no es el mismo en cada caso pues el importe hace referencia a la responsabilidad que cada uno de ellos tuvo en las actuaciones. Así, Torró deberá hacerse cargo de 223.455,56 euros, Gonzalo Morant, gerente de IPG por aquel entonces, 93.406,67 euros y, con carácter solidario, entre ambos, Javier Reig y Gonzalo Morant, 233.183,33 euros. Asimismo, al no haberse atendido el requerimiento en el plazo marcado, el Tribunal de Cuentas acuerda el embargo de bienes y derechos de Arturo Torró, Gonzalo Morant y Javier Reig en cantidad suficiente para cubrir los importes.
No obstante, cabe recurso, que deberá presentarse en el plazo de cinco días “sin que ello implique la suspensión de las actuaciones” —apunta el documento—. “Claro que vamos a recurrir”, ha explicado a Valencia Plaza Arturo Torró remarcando que “es una medida cautelar puesta por el juez para que haya apertura de juicio, que se celebrará en un par de años”.
Asimismo, el exalcalde de Gandia —recordemos que está en concurso de acreedores por las acciones de Bankia— se muestra tranquilo: “No estoy preocupado, ni mucho menos, porque esto no quedará en nada. Además, esta medida cautelar de embargo es normal en estos procesos administrativos”.
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas ya aprobó el pasado 11 de diciembre una resolución instando al exalcalde y dos ex cargos del PP a pagar 560.094 euros pero la resolución se anuló por un "error material en la citación" al Ayuntamiento de Gandia, que no estuvo representado en el acto.
