Agnieszka GehringerItalia ha contenido supuestamente el coste real de las tres principales promesas electorales: la renta básica de ciudadanía, la abolición de la reforma de las pensiones y las cláusulas de salvaguarda del impuesto de bienes al consumo
MADRID. De momento, el Gobierno de Italia ha podido eludir el procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea al subestimar el coste total de sus tres principales promesas electorales. Inicialmente, la propuesta presupuestaria del gobierno italiano en octubre de 2018 preveía un déficit del 2,4% en 2019.
Tras un periodo de negociación intensa con la Comisión Europea, acordaron rebajar las expectativas de déficit anual al 2,04%. Este acuerdo de mínimos se ha alcanzado gracias a que Italia ha contenido supuestamente el coste real de las tres principales promesas electorales: la renta básica de ciudadanía, la abolición de la reforma de las pensiones y las cláusulas de salvaguarda del impuesto de bienes al consumo (para 2020 y 2021).
En concreto, consideramos que existe un enorme desajuste entre la partida presupuestaria de 7.100 millones de euros aprobada para financiar la renta básica de ciudadanía y el coste potencial final al que se enfrentan las arcas públicas para garantizar este servicio a los cerca de 7 millones de ciudadanos que cumplen con los requisitos para solicitarla. Esta partida contempla una disminución de 2.000 millones de euros respecto a la propuesta inicial, ya de por sí muy ajustada, de octubre de 2018.
Es más, alrededor de 1.000 millones de euros están destinados a reforzar los centros de trabajo y otros 2.500 millones de euros se utilizarán para renovar la actual renta de inclusión social (REI, por sus siglas en italiano). Por lo tanto, el Gobierno dispone efectivamente de apenas 3.600 millones de euros para la nueva renta básica de ciudadanía.
Respecto a las expectativas para los años 2010 y 2021, el Gobierno prevé un aumento de los fondos de hasta 8.100 millones de euros en 2020 y 8.300 millones en 2021, en términos absolutos. Este aumento, sin embargo, se debe en gran medida a que el cálculo se realiza para todo el periodo de 12 meses en lugar de los 9 meses que se han tenido en cuenta para 2019.
Los fondos para la abolición de la ley de pensiones 'Fornero' también han sufrido un recorte significativo (o un ahorro, ya que las medidas probablemente se podrán aplicar a partir de la segunda mitad del año) de casi 3.000 millones de euros. Para 2019, se han presupuestado 3.970 millones de euros. Se supone que estos fondos aumentarán a 8.300 millones de euros para 2020 y a 8.700 millones de euros para 2021, muy por debajo de los 13.000 millones de euros que se estima son necesarios.
Finalmente, las cláusulas de salvaguarda del IVA no se activarán en 2019, lo cual implica que se dejarán de recaudar unos 12.500 millones de euros; aunque se podrían aplicar en 2020 y 2021, en contra de las promesas del anterior gobierno.
Sin embargo, estos cálculos se han construido a modo de 'castillos en el aire'. Por dos razones: en primer lugar, todavía faltan por determinar las medidas concretas de actuación. Estas propuestas son un símbolo para la coalición integrada por los dos partidos de La Liga y del movimiento Cinco Estrellas. Por esta razón, suponemos que tienen razones suficientes para intentar obtener un resultado rápido. En segundo lugar, el efecto de la recesión económica en la que se ha sumergido Italia a finales de 2018 dificulta el proceso de planificación presupuestaria.
En resumen, de momento el Gobierno italiano ha conseguido 'matar tres pájaros de un tiro': ha llegado a un compromiso con Bruselas sobre los presupuestos, ha negociado un déficit presupuestario por encima de los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ha incorporado todas las medidas prometidas en su ley presupuestaria aunque ligeramente atenuadas. Además, la actitud de confrontación con Bruselas le sirve a Roma para guardar las apariencias ante las elecciones europeas de mayo de 2019.
Es probable, que, después de las elecciones, el Gobierno italiano aproveche el momento para entrar en la próxima ronda de negociaciones. Lo que hemos visto hasta ahora apunta a que no nos equivocamos.
Agnieszka Gehringer es analista senior de Flossbach von Storch Research Institute
