La denuncia de Fcapa, que solicitaba la paralización del proceso, seguirá tramitándose, pero no impedirá el desarrollo de la orden. No descartan recurrir la decisión de la Justicia
VALENCIA. Las votaciones para decidir sobre la jornada continua en más de 300 colegios valencianos se han desarrollado con éxito y un elevado índice de participación. De haber prosperado el recurso interpuesto por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) contra la orden de la Conselleria de Educación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) todo habría sido diferente. El colectivo interpuso una denuncia para frenar el decreto de la Generalitat, solicitando medidas cautelares, antes del verano. Finalmente, con un ligero retraso en los plazos, y pese que la Fiscalía no se opone, la sala ha desestimado la paralización del proceso.
Esto no significa que la denuncia haya sido revocada. La implantación de la jornada continua en los centros solicitantes seguirá adelante, pero el recurso ante los tribunales tendrá su propio recorrido. El colectivo de padres formalizó la denuncia el pasado 25 de julio. Lo hizo apelando a derechos fundamentales, al igual que la Universidad Católica de Valencia en el caso de las becas universitarias, por lo que el tribunal consideró oportuno abrir una pieza separada para dirimir con la mayor premura si se estimaban las medidas cautelares.
Fcapa esperaba la resolución para finales de agosto o la primera semana de septiembre. Finalmente, se les ha informado de la decisión el mismo 15 de septiembre, a primera hora de la mañana, fecha en la que se estaba celebrando la votación de horarios en los colegios. El retraso en la respuesta del TSJ ha sido motivo de “extrañeza” para la federación.
“Los procesos de derechos fundamentales van más rápido normalmente, esto no ha sido habitual”, comenta Vicente Morro, presidente de Fcapa. “Nosotros entendíamos que la resolución era necesaria antes de celebrarse la votación, porque si hubiera sido favorable a las medidas cautelares, cualquier persona habría podido impugnar el proceso ya iniciado dentro de un colegio, con la consecuente responsabilidad del TSJ y la Conselleria”, argumenta. Incide en que es más importante “la discusión paralela”, el recorrido que pueda tener la denuncia principal, pero no descartarán interponer recursos ante la decisión.
Por su parte, el TSJ defiende haber tramitado el asunto con normalidad. La Administración alegaba que Fcapa no podía argumentar en contra, algo que no ha sido tenido en cuenta y con lo que la Fiscalía tampoco estaba de acuerdo.
Esta no es la única batalla judicial que Fcapa libra contra Vicent Marzà, conseller de Educación. También interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 40/2016 del Consell por el que se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados, que fue admitido a trámite el 24 de junio y publicado en DOCV el 4 de julio. A los procesos abiertos con los padres de la católica por la admisión del alumnado y la jornada continua, cabe sumar los que la Generalitat mantiene con las universidades privadas por las becas y las prácticas, así como el de Feceval por las aulas de 2 años.
Por otro lado, las Escuelas Católicas protestaban ayer por las horas de compensatoria. El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicaba este martes la relación de centros privados concertados que quedaban autorizados para desarrollar el programa de compensación educativa. En base a ello, Escuela Católicas denuncia que sus centros adscritos han perdido 169,5 horas con respecto al curso 2015/2016. Eso significa que en estos momentos seis docentes perderían su puesto de trabajo si atendemos a que la jornada completa en estos centros está contabilizada en 25 horas a la semana.