VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso contencioso administrativo que interpuso el diputado del PPCV, José Císcar, contra el conseller de Hacienda y Modelo Económico Vicent Soler por no facilitarle una copia del Plan de Control Tributario aprobado en 2016.
Una documentación que no le fue facilitada debido al carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria, tal y como dicta el artículo 95 de la Ley General Tributaria del Estado. Ante la respuesta del departamento que dirige Soler, el grupo parlamentario popular interpuso una demanda por “vulneración de los derechos fundamentales”.
En el plazo de alegaciones, la Conselleria de Hacienda insistió en el carácter reservado de la documentación y elevó la consulta al Ministerio de Hacienda sobre cuál era el criterio del Gobierno al respecto. La respuesta del Ejecutivo central fue todo un revés para el propio PPCV, pues daba la razón al Gobierno valenciano.
Ahora, los magistrados de la sección 5 de la sala contencioso administrativo de este tribunal vuelven a dar la razón al Consell. Entienden que la respuesta de la conselleria se ajusta a derecho y, por lo tanto, condena al exvicepresidente de la Generalitat en la época de Alberto Fabra al pago de 1.500 euros de costas. Esta sentencia no es firme, y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.