VALÈNCIA. (EP/VP) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la sentencia por la que tumbaba la recalificación de dos parcelas de suelo en el barrio de Penyaroja de València, propiedad del Ayuntamiento, al no haber citado en el procedimiento a la Conselleria de Territorio, lo que generó indefensión. Por tanto, la sala tendrá que repetir todo el proceso judicial, según han informado fuentes del consistorio.
La recalificación de las dos parcelas era una operación con la que el equipo de gobierno de València entregaba suelo municipal a la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) para compensarle por la deuda que el consistorio mantiene con la compañía desde que el Tribunal Supremo anuló la actuación urbanística sobre Tabacalera, que en su día impulsó el PP, y que, según subraya el ayuntamiento, iba dirigida a "evitar el perjuicio económico" derivado de tener que indemnizar con más de 20 millones de euros a la constructora.
En un fallo dado a conocer la pasada semana, el TSJCV decidió estimar parcialmente el incidente de ejecución interpuesto por vecinos de Penyaroja contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad relativa a la Antigua Fábrica de Tabacos y así anular parcialmente la recalificación de esas dos parcelas de suelo educativo y de zonas verdes en este barrio.
Sin embargo, este jueves se ha hecho público que este mismo fallo ha quedado anulado porque la sala no ha citado en el procedimiento a la Conselleria de Territorio, a pesar de ser parte implicada. Por tanto, la sentencia es nula por indefensión y tendrá que repetirse el proceso judicial.
La vicealcaldesa y responsable de Urbanismo en el consistorio, Sandra Gómez, ha vuelto a exigir al Partido Popular que "pida perdón" por lo que ha calificado "un pelotazo urbanístico que está perjudicando gravemente a los valencianos y las valencianas" y ha subrayado que el Ayuntamiento "trabaja para hacer frente en la menor medida posible a la deuda que generó el PP de Rita Barberá" con la operación urbanística de la antigua Tabacalera en 2005.
Gómez ha lamentado la "poca vergüenza y la deslealtad con la que el PP ha actuado todo este tiempo, a pesar de que por su irresponsabilidad estamos en esta situación".
El consistorio, a través de la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana, anunció el pasado lunes la decisión de recurrir el fallo judicial que anula la recalificación de las parcelas para "evitar las indemnizaciones millonarias" que conlleva la operación, y que Gómez cifró en 45 millones de euros.
El ayuntamiento ya abonó 20 millones aproximadamente mediante el solar que albergaba las antiguas dependencias municipales de plaza América y otro en Micer Mascó, ambos ya construidos. De esta manera, quedaban pendientes 25 millones, cuyo pago se había articulado a través del cambio de suelo que el TSJCV anuló.
Por su parte, el grupo municipal 'popular' ha anunciado que presentará una moción al pleno de la semana próxima para exigir que "se paralice definitivamente el pelotazo urbanístico que quería realizar el Gobierno de Ribó y PSOE en el barrio de Penyaroja".
El PP lamenta el "error judicial" por el que deberá repetirse el proceso judicial que han ganado los vecinos y que esperan que siga siendo favorable en su próxima resolución ya que "la razón les ampara".
Los 'populares' llevan las reivindicaciones de los vecinos en la moción, de los que subrayan "que se oponen al pelotazo de Compromís y PSOE" y que reclaman que "no se les puede privar de unas zonas de dotaciones y verdes para construir torres de viviendas".
Al mismo tiempo el PP pide que se inicien trámites --se inste a la Generalitat-- para aprobar nuevo centro de salud (pastilla calle Penyaroja), así como las zonas verdes que le corresponden.
La portavoz del PP en el ayuntamiento, María José Catalá, también ha pedido en un comunicado más actuaciones para este barrio y lamenta que en el presupuesto de 2022 el equipo de gobierno no ha destinado ni un euro a inversiones.
Para Catalá, la actuación urbanística anulada en la sentencia del TSJCV es "un auténtico pelotazo urbanístico" y considera que, aunque se tenga que repetir el proceso por un "error formal", "este primer fallo dice que la recalificación ilegal es enteramente del gobierno de Compromís y PSOE. La sentencia del 2006 en absoluto obligaba a eso. Lo advertimos en varios plenos y, por eso, el PP ha votado siempre en contra".
"El único pelotazo es el que ha intentado la izquierda en este barrio: cambiando dos espacios dotacionales (parque y colegio) por la construcción de dos torres de viviendas, una de 10 plantas y otra de 13 de alturas. (65 y 78 viviendas respectivamente), en las calles Penyaroja y Río Escalona (colegio), y en la calle Tres de Abril de 1979 junto a las naves de Cross (zona verde)", ha manifestado la síndica del PP.
Catalá asegura no entender "cómo el gobierno de Ribó no ofreció a la constructora unos solares con calificación para hacer viviendas, y en cambio apostó por recalificar suelos previstos para dotaciones públicas suponiendo un grave perjuicio para los vecinos del barrio".
"Fue una irresponsabilidad que Ribó y el PSOE no firmara un convenio previo con la constructora (Guadalmedina) donde se aceptara los términos de la permuta", ha dicho.