Pancarta contra el PAI del Balcón de la Peña. Foto: AIUBP VALÈNCIA. La Asociación de Interés Urbanístico en el Balcón de la Peña (AIUBP) convocó ayer, viernes 15 de marzo, una concentración frente al Ayuntamiento de Gilet. En la movilización, los vecinos y vecinas de las urbanizaciones Balcón de la Peña y Pla de la Venta expresaron su descontento ante el Proyecto de Actuación Integrada (PAI) promovido por el consistorio local.
La convocatoria buscaba visibilizar el malestar de 146 propiedades y parcelas, de las cuales 106 se encuentran agrupadas bajo esta asociación. Las asociaciones consideran el PAI como un plan "forzoso" y señalan que el Ayuntamiento, con el cambio de gobierno, ha "ignorado" el Proyecto de Urbanización propuesto por la AIUBP, el cual había sido aprobado previamente por el mismo ente municipal a través de un convenio con el anterior gobierno municipal.
El motivo que ha llevado a los residentes a manifestarse nace de las modificaciones y el incremento de costes del proyecto. La primera propuesta, que excluía las zonas verdes, ha sido sustituida por la nueva corporación por una versión más amplia que ha elevado el presupuesto a 3.600.000 euros. El proyecto original, concebido para mejorar las condiciones de infraestructura en la zona, contemplaba la instalación de alcantarillado, provisión de agua potable y la realización de modificaciones en los viales asfaltados. Sin embargo, lo que no formaba parte eran las áreas destinadas a zonas verdes, incluyendo el Balcón de la Penya como parte del PAI, entre otras reformas.
La urbanización del Balcón de la Penya, cuya historia se remonta a las décadas de los 70 y 80, ha sido testigo de un continuo desarrollo de construcciones hasta el año 2019, cuando un cambio normativo limitó la construcción a cumplir con una serie de requisitos, como contar con servicios básicos como agua, luz y alcantarillado. En la actualidad, los residentes se abastecen con agua de riego, que no es potable, afectando a alrededor de 120 o 130 viviendas con estas nuevas disposiciones.
Es por ello por lo que critican la inactividad del Ayuntamiento y argumentan que esta falta de acción ha llevado a una situación en la que se deben asumir gastos adicionales y ajustarse a normativas más estrictas. "El ayuntamiento ha incurrido en ese principio de inactividad y lo han dejado pasar hasta que haya una ley más fuerte, nacional o europea, y no hay más remedio que pasar por el aro", expresó Marcos Solaz, miembro de la Asociación de Interés Urbanístico en el Balcón de la Peña (AIUBP), quien subrayó la necesidad de un retorno al acuerdo inicial como solución. "Si en su momento se hubiera hecho el proyecto que firmó con la agrupación, a día de hoy no habría que llevar a cabo tantas actuaciones y el precio no sería tan elevado", asegura Solaz.
Ante este escenario, la asociación propone alternativas al PAI para llevar a cabo la urbanización de la zona. Su principal reclamo es la realización de un proyecto de urbanización que no involucre la imposición de zonas verdes, ya que estas áreas adicionales incrementarían los costos para los residentes. En su lugar, abogan por un plan que se ajuste a las necesidades y realidades de la comunidad, sin imposiciones que resulten gravosas para los propietarios de las viviendas en la zona.
Uno de los puntos más polémicos de la modificación ha sido la parte económica que representa para muchos residentes, especialmente aquellos jubilados, quienes se enfrentan a la imposibilidad de obtener préstamos para financiar las obras. A pesar de los informes favorables del Ayuntamiento sobre la viabilidad económica del proyecto, la asociación considera que en realidad existe una brecha considerable entre las expectativas y las capacidades financieras.
La Asociación de Interés Urbanístico en el Balcón de la Peña denunció al Ayuntamiento omitió hacer pública una de las modificaciones en el proyecto y obtuvo respaldo por parte del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. Como respuesta, el Ayuntamiento ha presentado un recurso ante el Supremo, cuya resolución está actualmente pendiente. De confirmarse esta sentencia, las implicaciones pueden ir desde ajustes menores en el proyecto hasta la anulación completa del mismo, abriendo la posibilidad de retomar el acuerdo inicial que tanto anhelan los residentes. Mientras se resuelven las disputas judiciales, el Ayuntamiento sigue avanzando en el proyecto y ahora los vecinos se enfrentan a un plazo de dos meses para decidir la adhesión al proyecto, bajo la advertencia de posibles expropiaciones en caso de no firmar.
La manifestación, que coincide con el inicio de las celebraciones falleras en la zona, ha buscado llamar la atención no solo del Ayuntamiento de Gilet, sino también de los municipios colindantes, que visitaron ayer mismo la tradicional ofrenda del municipio.
