CASTELLÓ. El presidente del Partido Popular de Burriana, Alejandro Clausell, lamenta que la localidad “se enfrente a una reclamación de 40 millones por el PAI Sant Gregori debido a la nefasta gestión de PSPV y Compromís”. La administradora concursal alega que la anulación del acuerdo transaccional, con la que se revocó la condición de agente urbanizador, deriva en la pérdida del valor del suelo y solicita una indemnización que Clausell ha calificado como “una prueba más” de que los anteriores gestores “han dejado el consistorio al borde del precipicio y con posibilidades de irse a la quiebra”.
“Los 40 millones que reclama el administrador concursal solo suponen alrededor del 20 por cien del suelo del megaproyecto”, ha aclarado el portavoz municipal del PP, quien ha valorado que “si sacamos la calculadora y multiplicamos, podrían reclamar más de 200 millones de euros a las arcas municipales, por la totalidad del suelo afectado, lo que supondría de facto la intervención del ayuntamiento”.
“El equipo de Gobierno liderado por el Partido Popular está trabajando desde el minuto uno por buscar una solución que dote de la máxima seguridad jurídica al proyecto y evite la quiebra del consistorio”, ha explicado Clausell. Por ello, con el asesoramiento avalado por los técnicos y la ley, desde el PP destacan que han conseguido “la devolución de los 9,5 millones de euros de las garantías y tenemos plena confianza en poder sacar adelante Sant Gregori como pieza fundamental del futuro turístico de la ciudad”.
Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento y actual concejal de Urbanismo, Juan Canós, apunta que la petición “es una consecuencia más de la penosa gestión de la exalcaldesa socialista y su equipo de gobierno de los últimos años, donde primó la gestión a favor de la empresa por encima del interés general de los ciudadanos". Canós también ha lamentado que quien fuera concejal de Urbanismo entonces "aún tuvo la desfachatez de decir en un pleno que dejaron el PAI mejor de lo que lo encontraron".
“Vox tiene una postura clara, que es la misma que defendió la pasada legislatura desde la oposición: vamos a dejar este tema en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Burriana y, de acuerdo con ellos, se dará una respuesta adecuada. Por eso, lo que podemos asegurar desde Vox es que lucharemos hasta el final por defender los intereses de los burrianenses", ha aseverado.
Asimismo, también ha recordado que Vox "ya lo dijo en numerosas ocasiones durante la pasada legislatura, estando en la oposición. Advertimos de que no se estaban haciendo bien las cosas y que debían rescindir la condición de agente urbanizador por graves incumplimientos de plazos, pero el PSOE y Compromís no hicieron nada y daban salida a las peticiones de la empresa con informes externos. Durante toda la pasada legislatura intentamos que Safont y su equipo de gobierno abrieran los ojos, pero no hay más ciego que el que no quiere ver".
“En todo este asunto y todos los acontecimientos que se vienen produciendo, especialmente desde la anulación de la condición de agente urbanizador por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cada vez está más claro que el interés del agente urbanizador no era el PAI, sino conseguir beneficios desorbitados. No tenía músculo para hacer el PAI y ahora vemos que lo intenta por la vía judicial con argumentaciones muy discutibles", ha subrayado el actual concejal de Urbanismo de Burriana.
